La secretaria general de Igualdad, Susana López-Abella, ha presentado este martes los datos del informe de prestaciones económicas periódicas concedidas por la Xunta de Galicia a mujeres víctimas de violencia de género para los años 2017 y 2018, que en el pasado ejercicio de 2018 beneficiaron a un total de 583 afectadas.
En total, estas ayudas que el Gobierno gallego concede desde el año 2006 han sido percibidas por 4.338 mujeres, con un incremento paulatino en los fondos destinados a las mismas que ha provocado que el presupuesto de la primera partida, apenas superior al millón de euros, alcance ya en el presente 2019 una cantidad por encima de los cinco millones, siempre con “fondos propios de la Comunidad autónoma de Galicia”.
Del mismo modo, ha observado López-Abella, el porcentaje de concesiones sobre el total de solicitudes “se ha incrementado exponencialmente” con el paso de los años y alcanzó el pasado ejercicio una cifra del 78 por ciento.
Asimismo, ha indicado que el número de solicitudes registradas no sigue una evolución constante, sino que funciona como un “diente de sierra” que alterna bajadas y repuntes.
En el reparto geográfico, la provincia que desde 2006 acapara mayor número de ayudas es la de A Coruña, con el 40 % del total, seguida de cerca por Pontevedra -un 36 %- y por Ourense -13,9 %- y Lugo -11,2 %- a mayor distancia-
Respecto a los últimos datos, relativos al ejercicio de 2018, la secretaria general de Igualdad ha apuntado que “cada vez se denuncia más” y que ello ha provocado que este fuese el año con mayor número de concesiones, las 583 mencionadas, en las que la condición de víctima fue acreditada mayoritariamente en base a medidas judiciales y en las que también se contabilizaron seis casos de víctimas de trata con fines de explotación sexual.
En cuanto a la situación laboral, el 84 % de las mujeres perceptoras (490 totales) de estas ayudas se hallaban en situación de desempleo, razón por la que la Xunta puso en marcha -ha explicado López-Abella- una convocatoria destinada a entidades sin ánimo para favorecer su inserción laboral
Los datos de 2017 ofrecen un mayor desglose en otras categorías y muestran que, en ese año, menos del 20 % de las beneficiarias de estos subsidios eran de origen extranjero, algo que, tal y como ha recalcado la responsable de Igualdad, contradice el tópico que muchas veces se le carga a estas ayudas.
De igual forma, señalan que prácticamente dos terceras partes de las perceptoras de estas rentas tienen menos de 46 años y que una amplia mayoría cuenta con uno o varios hijos a su cargo, lo que “supone un incremento importante en las ayudas periódicas que se conceden”.
Estos han sido los principales datos extraídos de una comparecencia en la que López-Abella ha hecho hincapié en la importancia de estas rentas dirigidas “a posibilitar la autonomía y la independencia económica” de las mujeres respecto a sus agresores para “ayudarlas a romper con su situación de violencia”.
En su exposición, ha destacado el compromiso del Gobierno gallego con unas ayudas que -ha recordado- en muchos casos provocan que la Administración autonómica tenga que llevar a cabo ampliaciones de crédito para poder cubrir el número total de solicitudes.
La respuesta de los grupos de la oposición ha sido más tibia, ya que le han exigido a la Xunta un mayor compromiso con este tema y, en palabras de Paula Quinteiro, de En Marea, también “una reflexión más amplia sobre muchos de los datos que aquí se exponen”.
“Nos parece importante también profundizar en las causas de las ayudas que se denegaron”, ha declarado Quinteiro, que ha apreciado “diferencias muy significativas” en el número de acreditaciones judiciales de la condición de víctima entre las provincias de la cornisa atlántica y las del interior, razón por la que ha considerado “necesario hacer un mayor esfuerzo” por concienciar sobre este tema en Lugo y Ourense.
A su vez, María Pierres, del PSdeG, ha considerado que “el número real de víctimas -de violencia machista- está silenciado”, dado que apenas el 20 por ciento de mujeres fallecidas “había denunciado a sus agresores”, lo que la ha llevado a decir que el Gobierno gallego debe implicarse más para sacar a la luz estos casos.
“Es importante seguir empoderando a las mujeres víctimas para que denuncien”, ha sostenido Pierres, que también ha defendido “facilitar” el acceso a las ayudas y reformar condiciones de las mismas como haber cesado la convivencia con el maltratador con doce meses de antelación.
Por su parte, Olalla Rodil, de BNG, ha asegurado que los datos presentados esta mañana dan, años después, la razón a su partido, que en 2013 criticaba un recorte del 25 % en la partida destinada a estas ayudas que la Xunta negaba por activa y por pasiva y que hoy queda “negro sobre blanco”.
De la misma manera, ha abogado porque las ayudas abarquen mayores tramos de renta, habida cuenta del alto coste de los alquileres y de la vida en varias ciudades gallegas; además de pedirle a la Xunta que profundice “un poco más en el perfil de las mujeres beneficiarias” de estos subsidios para “intentar hacer una fotografía general” de las mismas.
Mientras tanto, Marián García Míguez, representante del PPdeG, ha felicitado a la Xunta por su trabajo y nombradamente a la secretaria general de Igualdad por comparecer para dar cuenta de un informe que -ha subrayado- no realizaban los otros partidos en su etapa al frente del Gobierno autonómico.