La alarma que prendió en el equipo de Juan Ignacio Zoido a su llegada al Ministerio del Interior por el caos en la cúpula de la Policía parece haber desaparecido. Los cambios que preveía el nombramiento de Florentino Villabona como número dos del Cuerpo, solo diez meses antes de su jubilación, no se han producido, más allá de un par de gestos. Mientras, los mandos de las maniobras policiales contra la oposición en tiempos de Jorge Fernández Díaz siguen en sus exilios dorados, son rehabilitados o, como en el caso del comisario José Luis Olivera, retoman posiciones para hacerse con el control de la Policía.
El comisario Villabona fue elegido a finales de enero para poner orden en una cúpula policial abonada a los titulares de los medios de comunicación. Responsable del orden público con Fernández Díaz, el ministro Zoido consideró que su situación, próxima al retiro, era la ideal para limpiar y dejar allanado el terreno en noviembre a un nuevo director adjunto operativo. Pero el balance en el ecuador de su mandato, cumplidos los primeros cinco meses, hace concluir que la opción de Villabona ha sido no levantar ampollas y mostrarse conciliador con los responsables de la etapa anterior.
Un hecho significativo de esta postura, acaecido hace aproximadamente un mes, es la rehabilitación de la comisaria Nuria Mazo, quien fue jefa de la disuelta Brigada de Revisión de Casos. La BARC fue un puntal de la policía política que puso en marcha Eugenio Pino, antecesor de Villabona. Como desveló el propio Pino en una entrevista en El Mundo, la BARC se había dedicado a revisar actuaciones policiales en tiempos del PSOE, en casos tan politizados como el 11-M o el Faisán, y a pesar de que ambos cuentan con sentencia firme del Tribunal Supremo.
Las declaraciones de Pino llevaron al actual equipo de Interior a disolver dicha brigada y a repartir a los agentes que la componían por distintos destinos. Con la comisaria Mazo, muy próxima a Pino, se actuó con contundencia, situándola como número dos de la Brigada Provincial de Policía Científica, lo que provocó una respuesta airada de la afectada.
Sin embargo, hace un mes, Mazo fue designada jefa de la comisaría del distrito de Hortaleza, una rehabilitación en toda regla, según fuentes de la cúpula policial en Madrid. El castigo ha durado apenas tres meses.
Entretanto, Villabona decidió desterrar a una comisaría zonal de Madrid al comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo. Esta unidad es la encargada, entre otros cometidos, de la captación de fuentes y la colocación de micrófonos y dispositivos de seguimiento. El motivo esgrimido por Villabona ante el afectado fue que hablaba “mucho con periodistas”.
La opción de dejar pasar el tiempo puede ser comprometida. El nivel de enfrentamiento entre algunos comisarios no ha descendido y el riesgo de que recurran a los medios según se complique su situación personal sigue latente. El comisario José Manuel Villarejo está imputado en dos causas judiciales. Su reacción a la decisión judicial en el caso de la doctora Elisa Pinto fue comenzar a dar entrevistas disparando, sin pruebas, contra todos sus enemigos. Si bien es cierto que la actual cúpula policial y la del Ministerio del Interior quedaron fuera de esa andanada.
Por otra parte, el Gobierno ha respirado aliviado esta misma semana con la noticia del cierre de la comisión de investigación en el Congreso sobre el uso partidista de la Policía. Un cierre que ha sido posible gracias a que el PSOE ha votado junto al PP y Ciudadanos para no pedir más comparecencias, entre ellas la del comisario Marcelino Martín-Blas, otro de los protagonistas de la policía política, ávido de ajustar cuentas con quienes lo apartaron por su enfrentamiento con Villarejo.
Los exilios dorados
En esa comisión compareció el miércoles el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que en dos años pasó de un puesto de segunda fila en Santander a ser condecorado con una medalla pensionada por su trabajo en la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la policía política. Antes de jubilarse, Pino le envió a La Haya, la misma ciudad donde antes había destinado a la esposa de Fuentes Gago. Allí ambos siguen cobrando más de 10.000 euros brutos al mes cada uno.
La recompensa llegó después de dos años de ser la mano derecha de Pino. Como explicó el propio Fuentes Gago ante la comisión, lo mismo organizaba la agenda del director adjunto operativo que viajaba a Suiza a investigar la cuenta falsa de Xavier Trias. Su puesto actual es de agregado de Interior en la embajada española, un cargo de libre designación del que puede ser cesado en cualquier momento. Pero el comisario Villabona ha optado por mirar a otro lado.
Situación idéntica sería la de Bonifacio Díaz Sevillano si no fuera porque este inspector jefe, además, está imputado en un juzgado de Plaza de Castilla por tres delitos relacionados con su actividad en la cúpula policial. Díaz Sevillano disfruta de un retiro dorado en la Embajada de México, con un sueldo también de más de 10.000 euros mensuales, que además le permitirá declarar por videoconferencia el próximo 19 de septiembre, fecha en la que ha sido citado como imputado por el juez Juan Javier Pérez.
El magistrado investiga el origen irregular de un pendrive que Díaz Sevillano, sustituto de Fuentes Gago como jefe de gabinete de Pino, introdujo presuntamente en la causa de los Pujol para ampliar las acusaciones. El juez de la Audiencia José de la Mata percibió la maniobra, abrió una pieza separada para que la prueba no contaminara el resto de la investigación e interrogó a los policías.
Su conclusión fue que le mintieron. Al no ser competente para investigar el presunto delito cometido, envió la causa a Plaza de Castilla, no sin antes advertir presunta prevaricación, fraude procesal y falso testimonio. Tampoco Díaz Sevillano ha sido cesado por Villabona del puesto de libre designación donde le ubicó Eugenio Pino, jubilado desde el pasado verano como Villarejo. Pino también está imputado en el caso del pendrive.
En su destino privilegiado de Mauritania sigue Jesús Vicente Galán, mando de Asuntos Internos implicado en las maniobras citadas. Todavía circula por la Policía el chiste que se refiere a los destinos en las embajadas como “el bosque” al estar, bromean los agentes, “lleno de pinos”.
En otros tantos juzgados de Madrid se investiga la grabación ilegal a unos policías y agentes del CNI, por la que está imputado el comisario Villarejo, y la querella por injurias del comisario Pino al insistir en la entrevista a El Mundo en que Trias tuvo una cuenta en Suiza.
Cambio clave en noviembre
Mientras todo esto ocurre, las fichas se empiezan a mover para sustituir a Florentino Villabona cuando se jubile el 23 de noviembre. Uno de los comisarios que multiplica estos días sus contactos con la cúpula del Ministerio del Interior es José Luis Olivera, quien ya optó a director adjunto operativo en enero.
Olivera es director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y protagonizó uno de los episodios más documentados de la Operación Cataluña, mucho antes de que las maniobras policiales contra el soberanismo catalán recibieran ese nombre. Fue en octubre de 2012 cuando viajó a Barcelona en compañía del entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas, para convencer a los fiscales Anticorrupción de que había que registrar la sede de CDC en plena campaña electoral.
Los fiscales sospecharon que dos mandos ajenos a la investigación del caso Palau les hicieran tal propuesta y con unos indicios tan endebles como los que les mostraron. Su protesta acabó plasmada en una queja formal y pública del Consejo Fiscal.