Cuando abordamos la cuestión de cómo salir de la crisis no podemos obviar el problema del sobreendeudamiento del que adolece la economía española. Si bien la actual recesión económica no se desencadena por una crisis de la deuda, es cierto que esta deuda, consecuencia de la dinámica económica que nos ha llevado a la actual situación, se convierte en un obstáculo aparentemente insalvable para salir de dicha recesión.
En el Estado español, el mal llamado período de “auge” económico (1996-2007) se sostuvo en una dinámica de creciente endeudamiento privado, que ya en 2007 equivalía a un 311,3% del PIB. Con la llegada de la crisis y la aplicación de la receta clásica de la austeridad y las reformas neoliberales, esa elevada deuda privada se estabiliza, produciéndose un trasvase de deuda al sector público. La deuda pública pasa del 41.1% del PIB en 2007 al 101,9% a finales de 2010. De la misma forma, se dispara el porcentaje de recursos públicos destinados cada año a pagar los intereses de esa deuda pública. Éste año está previsto gastar 38.590 millones de euros en intereses (aunque muchos coincidimos en la predicción que la cifra se quedará corta). Pero es que desde el año 2008 a 2012 llevamos gastados 113.156 millones de euros tan sólo en intereses.
En una situación de emergencia social como la actual es natural que nos preguntemos si es legítimo que esos recursos se destinen a premiar a los mercados financieros, y no a usos alternativos evidentes en sectores como la sanidad, la educación, los servicios sociales y de dependencia, o incluso el fomento de un nuevo modelo económico. Pero más allá de lo injusto de esta distribución desigual de los recursos, somos muchas las que cuestionamos la legitimidad de esos pagos y, en definitiva, de la deuda que hay detrás.
Cuando hace más de una década muchas de nosotras nos sumamos a las movilizaciones para reclamar la cancelación de la deuda de los países empobrecidos, activistas de aquellos países respondieron a la petición de “perdonar la deuda” con el reclamo de “justicia frente a la deuda”. Nos mostraron cómo las deudas que estaban ahogando sus economías y empobreciendo a millones de personas se habían generado por mecanismos injustos y en la mayoría de los casos no habían beneficiado a la población. Eran deudas ilegítimas. Igual que lo son muchas de las deudas que han acumulado las administraciones públicas españolas.
En términos generales, una deuda ilegítima es aquella que en su contratación, negociación, pago o en aquello que financia, viola derechos humanos, económicos, sociales y culturales, atenta contra una vida digna, genera desigualdades, pone en peligro la soberanía o es producto de la corrupción o mala gestión del gobierno. Aunque no sea un concepto legal, en el sentido de reconocido por la jurisprudencia o el derecho internacional, sí que existen fundamentos jurídicos que permiten argumentar la ilegitimidad de una deuda, así como justificar un acto soberano de repudio. El concepto de deuda ilegítima es por tanto fundamentalmente político, y su definición se concreta según el contexto en que se aplique. Es la ciudadanía quien puede y debe definir los criterios para calificar una deuda como ilegítima. ¿Cómo se hace eso? Nosotras proponemos una Auditoria Ciudadana de la Deuda (www.auditoriaciudadana.net).
Planteada como un instrumento de transparencia, educación popular, empoderamiento y denuncia, la auditoría ciudadana se despliega como un proceso colectivo para comprender cómo se acumularon las distintas deudas, qué efectos ha tenido y sigue teniendo el endeudamiento, qué se financió, bajo qué condiciones y quién se benefició del proceso. Entendemos que esta es una tarea que no se puede dejar en manos de un puñado de expertos ni de una comisión formada desde las administraciones o por los propios partidos políticos que nos han llevado a esta situación. Para ser políticamente eficaz la auditoría ha de ser un proceso generalizado y popular que contribuya a la toma de conciencia de una ciudadanía. Sólo si la ciudadanía comprende cómo se ha llegado a la situación actual podrá tomar decisiones informadas respecto al futuro.
Por otro lado, no cualquier forma de reducir la deuda sirve. Las experiencias de países que en América Latina, Asia, África y Europa han tenido que enfrentar crisis de deuda, nos enseñan que la forma como se afronten los procesos de reestructuración, quitas o impagos de deuda, determinan qué grupos sociales sostienen su coste. Sólo en aquellos casos en los que los gobiernos, motu proprio o empujados por la población, se han enfrentado a los dictados de los mercados y de las instituciones financieras internacionales, imponiendo sus propias estrategias y saliéndose de las líneas marcadas, se ha conseguido que no sea la población la que pague con austeridad y reformas neoliberales los costes de la reestructuración de la deuda.
La pregunta que inevitablemente surge es si es posible enfrentarse a los mercados e instituciones financieras diciendo NO a la deuda, sin que la consecuencia sea una crisis aún más profunda. Los discursos dominantes nos dicen que eso es imposible, que las “deudas hay que pagarlas” y que no hacerlo lleva a ser repudiado por los mercados financieros y por estructuras como la Unión Europea en nuestro caso, y por lo tanto, al caos. De nuevo, las experiencias históricas nos muestran que un gobierno decidido a defender los intereses de la mayoría de la población tiene herramientas para cuestionar el pago de las deudas ilegítimas, permitiendo así romper con la espiral de sobreendeudamiento y recesión a la que se ven abocados los países que siguen los dictados del FMI, sea en solitario o acompañado con sus partenaires de la Troika. Experiencias como las de Islandia, Ecuador o Argentina, aunque imperfectas, nos muestran que sí se puede salir de la senda marcada.
Aquellos que niegan la posibilidad de un impago argumentando que los contratos siempre deben ser cumplidos, obvian que, por encima del derecho comercial, la primera obligación de un Estado es respetar, proteger y promover los derechos humanos. Para ello, no sólo se debe poder ejercer el derecho soberano a repudiar las deudas ilegítimas, sino que será necesario acompañar esa decisión con una batería de reformas fiscales, financieras, productivas y sociales que nos ayuden a transformar el sistema económico.
Para todo ello, es imprescindible contar con el apoyo de la mayoría de la población. La Auditoría Ciudadana de la Deuda (www.auditoriaciudadana.net) es una de las herramientas que nos puede ayudar a sumar esa mayoría social por el NO pago de las deudas ilegítimas. Desde la Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda ya nos hemos puesto manos a la obra con ese proceso.
Más información, en el libro Qué hacemos con la deuda.
NOTA: Entre el 8 y el 15 de Octubre se celebra la Semana Global de Acción contra la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda está preparando un programa de acciones y actividades en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, A Coruña, Culleredo y Ribadeo. En la página www.auditoriaciudadana.net se detallará próximamente el programa.
Iolanda Fresnillo es miembro de la 'Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda ¡No Debemos! ¡No Pagamos!' Es coautora del libro Qué hacemos con la deuda, junto a Bibiana Medialdea, Ignacio Álvarez, Juan Laborda y Oscar Ugarteche. Más información en la web www.quehacemos.org