¿Quién tendría el valor de explicarle a Ari, una niña de dos años, o a cualquier otra como ella que, a veces, demasiadas, la vida no es bella?
¿Quién sería capaz de romper su bendita ingenuidad para contarle que los antidisturbios que derribaron su puerta no vinieron a darle una sorpresa por su cumpleaños, como su madre trató de hacerle creer, para envolver en papel bonito un sufrimiento evitable?
¿Quién encontraría las palabras justas para que entendiera que la pancarta que estaba enfrente de su casa no decía “felicidades” sino “hay quienes tienen la conciencia limpia porque no la usan nunca”?
¿Quién sabría cómo explicarle que su regalo por cumplir un año más sería vivir un desahucio y quedarse en la calle a merced de la caridad de vecinos y familiares?
¿Quién podría asegurarnos que este no será un recuerdo que esa niña no borre nunca?
¿Quién le haría entender cómo es posible que nos hayamos acostumbrado a este tipo de situaciones?
Como Manuela, vecina del madrileño barrio de Vallecas, madre de Ari y de otros tres niños más, víctimas de un lanzamiento, casi 11.000 familias han tenido que enfrentarse, en primera persona, a preguntas semejantes solo en el primer trimestre del año. Más del doble de los desahuciados son menores de edad. 90.000 al año. Niños con luz propia, aunque retratarlos arrojados a la calle incomode a quienes están en la oscuridad.
Los desahucios no son cosa del pasado. Continúan y se han incrementado un 13,5%, durante los tres primeros meses del año, respecto al mismo periodo de 2020, según datos del CGPJ. Del total, un 72% corresponden a lanzamientos practicados por impago de la renta de alquiler y el resto por hipotecas. Mil treinta y tres de esas órdenes se dictaron en la Comunidad de Madrid, un 6% más que entre enero y marzo del año anterior.
Ari y su familia lo vivieron hace diez días. Nueve menos de los que tardó la entidad financiera propietaria del inmueble, con la que la familia intentó negociar sin éxito, en poner en venta, a través de un portal inmobiliario, el único hogar que conoció la pequeña Ari. El llamado ‘escudo social’ del Gobierno no le sirvió a esta familia. El decreto antidesahucios que supuestamente los frena, mientras duren los efectos de la pandemia, deja la decisión en manos del juzgado porque no es una paralización de oficio. Sorteando esa misma resolución, este miércoles Cruz y sus cuatro nietos, de entre 9 y 16 años, han sido desalojados de un piso del mismo barrio, en este caso propiedad de Cerberus, “uno de los fondos buitre que más vivienda ha comprado a los bancos, en los últimos tiempos, por precios muy bajos”. La pandemia dejó sin trabajo a la familia y la abuela, después de siete años pagando el alquiler, no pudo continuar haciéndolo. “Ni la Comunidad ni el Ayuntamiento les han provisto de una vivienda a pesar de llevar años en las listas de espera. ¡Vergüenza!”.
Alejandra Jacinto, la diputada sin pelos en la lengua y portavoz adjunta de UP en la Asamblea de Madrid, es experta en vivienda. Tiene 31 años, muchos menos que el número de “escenas traumáticas” a las que ha asistido “por este tipo de ejecuciones” que se han quedado grabadas no solo en su retina: “Se puede intentar cerrar los ojos a la realidad, pero no a los recuerdos. No puedo olvidar todos los desahucios en los que, a través de la mirilla de una puerta, se veía un séquito de antidisturbios para desalojar a una familia. Han sido muchos, y todos tremendos, y lo que se siente cuando se vive de cerca es indescriptible, sobre todo para las personas que lo sufren. Imposible olvidar, por ejemplo, el desahucio de Andrés, en el barrio de San Cristóbal, uno de los más azotados por la crisis en Madrid. Recuerdo a los agentes de la policía apostados en la puerta de este hombre, que era una persona enferma a la que la Empresa Municipal de la Vivienda, con Ana Botella, le había adjudicado una casa social que después vendió al fondo buitre Blackstone. A Andrés le desahuciaron de la peor manera, de la forma más cruel. También hay otra ejecución que me marcó bastante: el de la madrileña calle Argumosa, en el número 11, un desahucio múltiple que se llevó a cabo de forma coordinada por los juzgados y que supuso un atropello brutal de los derechos humanos de las inquilinas que dejaron de ser rentables, en el centro de Madrid, a unos grandes propietarios que querían poner las viviendas en alquiler turístico para poder especular y sacar más rentabilidad económica. Fue un desahucio especialmente terrible por cómo se produjo, por el dispositivo desproporcionado que se empleó y porque contábamos con diferentes resoluciones de Naciones Unidas que habían instado a paralizarlo y a que la Comunidad de Madrid otorgara alternativa habitacional a las familias. Esto no sucedió y se efectuó un desahucio sangrante”. Aquel febrero de 2019, una maraña de matices jurídicos “dejó a familias enteras, menores de edad, un bebé y una adolescente discapacitada en la calle”.
Pese a los momentos difíciles, “no he pensado en ningún momento en tirar la toalla porque el objetivo no permite hacerlo”. Releyendo La España de las piscinas de Jorge Dioni sobre el boom inmobiliario y la transformación de la vivienda, Alejandra reafirma su negativa a aceptar lo habitual como algo natural porque, como apuntaba Bertolt Brecht, “en tiempos de desorden sangriento, de confusión generalizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar”.
Activista nata
Quienes la conocen de cerca coinciden en que nunca ha sido una persona que pidiera una carga ligera sino una espalda fuerte. Desde niña, la diputada morada y activista por el derecho a la vivienda, tuvo la fortuna de pertenecer a una familia de clase media, residente en el acomodado barrio de Retiro, donde los procedimientos de desalojo nunca han sido frecuentes. Hija de un periodista, “que me llevó todos los domingos de mi infancia a ver títeres”, y de una funcionaria del Estado, no necesitó pasar calamidades para entender que “quien no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo”.
Nacida en 1989, pertenece a la generación de los ‘Milenial’, siete millones de jóvenes españoles que crecieron con los inicios de la digitalización, impulsaron la vida sana y el ecologismo. Pero también son la generación cuyo acceso a la vida laboral está muy marcado por la crisis económica y, como consecuencia, por un bajo porcentaje de independización. Alejandra no fue una excepción: “En cuanto pude, en cuanto tuve trabajo, me emancipé. Viví en varios sitios, cerca del barrio de Retiro, en Arganzuela y, finalmente, en Lavapiés. Pero tuve que volver a casa de mis padres una temporada por la precariedad laboral que nos azota a todos los jóvenes en este país, máxime si te dedicas a lo que yo elegí”.
En plena adolescencia vio la película de Adolfo Aristarain, Martín (Hache) y, aunque se convirtió en una de sus cintas favoritas, tuvo claro que ella no sería una ‘nini’ como el personaje interpretado por Juan Diego Botto: desde muy pequeña fue consciente del esfuerzo que hacían sus padres para que su hermano y ella tuviesen una vida confortable. Tal vez, por eso, no tuvo jamás los brazos caídos. Tan buena estudiante y tan empollona que el contenido de todos los exámenes, uno a uno, tema tras tema, se los contaba a mi madre el día de antes de la prueba. Siempre digo a la pobre que ella también se sacó las carreras, tanto de Derecho como de Ciencias Políticas, porque le conté todo lo que entraba en los exámenes. Eso sí, funcionó, tuve buenas notas“.
Antes de obtener la doble licenciatura en la Universidad Autónoma, la hija mayor de los Jacinto Uranga pasó veranos dorados, suavizados por la brisa cantábrica y la magia de los atardeceres reflejada en los edificios modernistas de Comillas, el pueblo de sus abuelos, con los que paseó una y otra vez la playa de Oyambre. Allí descubrió que un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero. Si desde muy pequeña había soñado con ser abogada, sus inquietudes sociales y políticas fueron creciendo con ella como la marea: “Un año antes de finalizar la carrera, con el estallido del 15-M, acudí con una amiga a la manifestación y, a partir de ahí, encontré un lugar donde poder desarrollar mi compromiso político siempre con los derechos humanos y con las personas que más lo necesitan. Me dediqué al activismo social y a la abogacía casi a la vez, de la mano”. Una mañana de 2011 fue al barrio de Usera, donde se había enterado que se debatía a diario sobre los problemas de la vivienda. Cuando se presentó como estudiante de Derecho, los vecinos la abordaron a preguntas porque “nadie enseña la burocracia de la vivienda”. Entonces supo que “no hay denuncia verdadera sin compromiso de transformación, ni compromiso sin acción”. Mientras participaba en la asamblea Stop Desahucios, acabó la carrera y se puso manos a la obra: se implicó en hacer frente a los desalojos de inquilinos de las viviendas públicas que el PP vendió a los fondos buitre durante los mandatos de Ana Botella en el Ayuntamiento e Ignacio González en la Comunidad.
De la abogacía y el activismo a la política
En el verano de 2012, “participando en una manifestación contra los desmanes de Bankia por el tema de las preferentes”, conoció a Javier Rubio, un letrado experto en temas vinculados a la vivienda y que llevaba años defendiendo los derechos de los habitantes de la Cañada Real. Con él comenzó a trabajar en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales, una cooperativa de abogados comprometida con la transformación social y la defensa de los derechos humanos desde dentro de los movimientos sociales. “Tenía esfuerzo y coraje desde muy cría”, pero acercarse a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca le dio un propósito: “Trabajar para que se cumpla el derecho a la vivienda como base que te permite tener acceso al resto de derechos. Cambiar el paradigma, descartar la vivienda como mercado, como negocio y sustituirlo por el concepto de derecho humano, que es lo que es y lo que dicen los tratados internacionales, y evitar las viviendas vacías que acaparan grandes tenedores de casas y que son los que provocan las subidas de precio. Y, fundamental, parecernos más a Europa, a ciudades como Viena, que tienen un parque público del 20% al alcance de las mayorías sociales”. También al país en el que se desarrolla la laureada serie de televisión favorita de la activista, Borgen: en Dinamarca, menos del 50% de la población tiene vivienda en propiedad y más del 41% reside en régimen de alquiler, la mitad de ellos de vivienda pública, junto con un 7% de ciudadanos que viven en cooperativas. Además, el arrendamiento de los pisos antiguos está regulado por las autoridades municipales, que fijan una renta basada en los costes de mantenimiento.
Ejerciendo en un despacho comprometido con los Derechos Humanos y la justicia social, durante casi diez años Alejandra se ha dedicado, junto con la PAH, “a defender los intereses de las personas frente a los abusos bancarios y a la especulación inmobiliaria. Actualmente la gente destina más del 50% de sus ingresos para el pago de sus alquileres y, como indica la OCDE, es dinero que se retrae del consumo y del mercado. Además, los precios abusivos hacen que tan solo el 20% de los jóvenes pueda emanciparse. Es necesario revertir la nefasta política de vivienda que tenemos, en particular en la Comunidad de Madrid, desde hace 40 años. Es necesario apostar por un cambio de modelo que ponga el derecho a la vivienda en el centro”.
Mirando más allá de la indignación, en 2017, Jacinto recibió la condecoración de Amnistía Internacional en su campaña Valiente como defensora de derechos humanos. Había propuesto a todos los colectivos de la vivienda madrileña una gran recogida de firmas para presentar una iniciativa legislativa popular en la Asamblea de Madrid. El objetivo era lograr una ley urgente en la región “porque esta es la única Comunidad junto con Asturias, que no tiene esa ley por el ejercicio mezquino de dejación de funciones para permitir que esto sea el salvaje Oeste en materia de derechos sociales y de vivienda”. Para pasar por la puerta de la Asamblea era necesario que el texto contara con 50.000 firmas. Logró 77.000. Sin embargo, al entrar al Parlamento madrileño se dio de bruces con el PP y Ciudadanos, que tumbaron la iniciativa con sus votos. La ley ni se tramitó: “De la forma más cruel tiraron nuestra propuesta a la basura, no permitieron ni siquiera debatirla en la Cámara. Me recuerdo absolutamente indignada, sin poder creer que se pisoteara un ejercicio de democracia”. Sin embargo, cuatro años después, la justicia le dio la razón: la presidenta Díaz Ayuso tiene que recuperar los 2.930 pisos públicos que, en 2013, el PP vendió a un fondo por 205 millones. Alejandra Jacinto, alentada por su firme convicción de que “siempre es demasiado temprano para abandonar”, formó parte del equipo jurídico que ha logrado esta histórica sentencia.
Celebrando “lo mejor que está sucediendo en nuestro país, el avance imparable y la conquista de derechos feministas” y lamentando “lo peor, la imagen de la España en blanco y negro a la que nos quieren hacer retroceder algunos”, en marzo pasado, Jacinto tardó veinticuatro horas en decir “sí” a la propuesta del ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias para dar un paso al frente como candidata independiente a la lista de UP a la Comunidad de Madrid. Seis meses después de nacer su primera hija, se convirtió en diputada y portavoz adjunta del partido morado en la Asamblea de Madrid: “Llevo pocos meses, pero no dejan de sorprenderme las formas del PP y de Vox insultando a la inteligencia de los que estamos en la oposición y también a la de los madrileños y madrileñas. La prioridad de Ayuso es afianzarse en su carrera política a La Moncloa y hacer oposición al señor Casado. Lejos de combatir la desigualdad en la Comunidad, la mayor de todo el Estado, se dedica a aumentar su chiringuito de propaganda, a tomar el control de Telemadrid y a seguir regalando dinero público a las cloacas. Lo que hay que aprobar ya, porque es una emergencia, es una ley de vivienda que regule los precios de alquiler, frene los desahucios sin alternativa habitacional y consolide un parque de vivienda social. La política no puede llegar tarde a este tipo de materias: ”Confío en que la nueva ley de vivienda sea aprobada por el Gobierno antes de que acabe este año porque hay vidas en juego. La entrada en el Ministerio de Transportes y Movilidad de Raquel Sánchez, quien siendo alcaldesa de Gavá permitió que se regularan los alquileres en su municipio, puede ser una oportunidad para desbloquear las diferencias en la redacción del texto entre los socios de Gobierno. Es lógico pensar que, si quieres lo mejor para tu pueblo, también lo quieras para el Estado
Con una carpeta bajo el brazo repleta de expedientes sobre próximos lanzamientos, que pone la piel de gallina, Alejandra Jacinto Uranga, la joven que pronto entendió que la contemplación a veces es un lujo y la acción una necesidad, despide su Playlist mientras se va escuchando a Extremoduro por camino de su despacho. La activista que no quiere más desahucio que el de la Presidenta Ayuso de la Puerta del Sol porque “su libertad cabe en una caja de zapatos”, se aleja tarareando Ama, ama, ama y ensancha el alma: “Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas y escucharais las mentes social adormecidas, las palabras de amor de mi garganta. Abrid los brazos, la mente y repartíos, que solo os enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas…”.