El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), visitaba este lunes la restauración de la muralla de la Macarena, y el hecho de que sea un acto en ese entorno suele llevar aparejado que caiga una pregunta sobre la tumba del general golpista Gonzalo Queipo de Llano en la basílica. Así fue y Muñoz dio por hecho que la hermandad sacará los restos, remitiéndose para ello a unas declaraciones en octubre del hermano mayor macareno, José Antonio Fernández Cabrero, en las que aseguraba que su corporación acatará lo que diga la nueva Ley de Memoria Histórica, todavía en tramitación.
Aquello lo dijo Fernández Cabrero como reacción a lo que afirmaba horas antes el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, sobre que la nueva norma posibilitará la salida de Queipo del templo. Y para ello, se remitía a lo que estipula el proyecto de ley: “Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio”. La cuestión es que el Gobierno central dio luz verde en julio al texto, pero ahora está atascado en el Congreso por la falta todavía del consenso necesario para su aprobación definitiva.
Así que Muñoz recordó eso, que el hermano mayor garantizó que “cumplirán la ley cuando se desarrolle”, un momento que todavía no ha llegado. “Me congratulo de esa voluntad de cumplir la ley y el Ayuntamiento velará por ese cumplimiento”, apostilló el regidor hispalense sobre la posibilidad de que el responsable de la sangrienta represión franquista en Andalucía deje de ostentar un lugar destacado en la basílica.
La hermandad ha reiterado en numerosas ocasiones en los últimos años que sigue a la espera de la norma (ahora rebautizada como Ley de Memoria Democrática) y del reglamento que la desarrolle, siempre insistiendo en que acatará lo que determine. Hasta que eso no esté blanco sobre negro, la corporación insiste en que no ha tomado ninguna decisión formal sobre los restos de Queipo de Llano y que no se ha aprobado nada al respecto ni en junta de gobierno ni en cabildo general de hermanos.
Todo indica en todo caso que, incluso una vez aprobada la ley, el proceso no será rápido, ya que por lo pronto el texto habla de un lugar preeminente de acceso público y la basílica de la Macarena efectivamente lo es, pero de propiedad privada. Además, la hermandad retiró hace años toda mención al golpe de Estado de la tumba en la que está enterrado el general franquista desde 1951, con una lápida en la que sólo se le identifica como hermano mayor honorario por el impulso que le dio a la construcción del templo.
A esta circunstancia es a la que hacía referencia el informe jurídico que encargó en 2017 el Gobierno de la Junta en la etapa de Susana Díaz (PSOE), que concluía que era “dudoso y discutible” que la tumba atentase contra la norma andaluza de memoria histórica. Y a ese dictamen (emitido en su momento con la ley recién aprobada) se agarra el actual Ejecutivo de PP y Cs, que sigue sin desarrollar el contexto en el que podría aplicar sus competencias para ordenar la exhumación de Queipo de Llano. En este sentido, la legislatura está próxima a expirar y todavía no están nombrados los expertos del comité técnico que tiene que relacionar los elementos contrarios a la memoria histórica que deben ser retirados o eliminados, una inacción que llevó a colectivos memorialistas en noviembre a manifestarse y a denunciar recientemente que la Ley de Memoria de Andalucía “se está dejando morir de inanición presupuestaria”.
Así que por un lado la ley estatal sigue sin llegar y, por otro, el Gobierno andaluz no va a dar ningún paso para ejercer sus competencias, con lo que la tercera vía que quedaría sería una acción unilateral de la hermandad, algo que no entra en sus planes con el argumento de que los restos son propiedad de su familia y son ellos los que deben tomar una decisión. No obstante, la corporación ha mantenido contactos informales con la familia del general golpista para tratar la cuestión y, además, desde noviembre de 2020 cuenta con un elemento clave: un columbario en la propia basílica a la que podrían trasladarse los restos del militar y de su esposa, enterrados en la misma capilla.
A todo esto, y con un carácter meramente simbólico, el propio Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado resoluciones instando a sacar a Queipo de Llano de la basílica, como una que se refrendó en 2016 (con la abstención de Cs y el voto contrario del PP) y otra moción de 2020, que entre otras cuestiones relacionadas con la memoria histórica incluía de nuevo esta reclamación, y que salió adelante con el respaldo de PSOE y Adelante Sevilla (la unión de IU y Podemos), la abstención de PP y Cs y la oposición de Vox. Así que al gobierno local sólo le queda dar por hecho que la hermandad acabará retirando la tumba porque ha reiterado una y otra vez que cumplirá una ley que, eso sí, no termina nunca de llegar.
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