La ratificación del ERE acometido en 2014 en la base estadounidense de Morón de la Frontera (Sevilla) ha sido el último revés judicial y laboral para el personal español que allí trabaja. Aquellos 55 despidos se suman a otros muchos acometidos desde 2010. Entonces había 700 trabajadores españoles en la base aérea. Ahora solo quedan 357. “La plantilla ha disminuido un 50% y el trabajo sigue siendo el mismo. Más trabajo, menos gente. Y los pocos empleados que hay están siendo sustituidos por militares o civiles norteamericanos”, explica a eldiario.es/andalucía Rubén Ballesteros, delegado de CCOO en la base de Morón. El representante de los trabajadores va más allá: “Nos tratan como esclavos, así de claro. La empresa americana se cree que esto es América del Sur o África y que no tenemos derechos”. “Se está militarizando la base a costa de empleo español”, apunta José Armando, responsable de UGT en la base áerea.
Vectrus Systems Corporation es la empresa que gestiona la parte estadounidense de la base aérea. Más de 60 años después de la creación de las bases de EEUU en territorio nacional, los trabajadores están viviendo en los últimos años cómo se va reduciendo el personal español en favor del americano en un lugar donde rigen las leyes americanas y los empleados viven la ambigüedad de trabajar en su país pero sin apoyo del Gobierno.
“El mismo contrato que tiene esta empresa en Morón sirve para tres bases de Turquía pero, sin embargo, allí el Gobierno turco protege a los trabajadores turcos y aquí a nosotros no nos protege nadie. Nos tienen abandonados. Y paulatinamente vamos perdiendo personal. Están intentando sustituirnos en nuestros puestos de trabajo. De vez en cuando entra algún americano en un departamento o en otro. Y todo con la connivencia del Gobierno español, que es quien da la autorización para darles permiso de trabajo”, lamenta el representante de los trabajadores.
Varios ERE desde 2010
El pasado noviembre, por primera vez en la historia, acudieron al Congreso de los Diputados para pedir el “amparo” del Gobierno ante las “vejaciones” de EEUU. “Hasta la fecha, seguimos igual. Los políticos tienen intenciones, tienen ganas, pero apoyos tenemos pocos. En el momento en que se metan en esto, habrá que revisar los convenios de cooperación internacionales que marca la propia Constitución. Cualquier trabajador español puede denunciar a la empresa matriz, que es una subcontrata. Yo no puedo, porque el convenio de cooperación lo prohibe. Ese derecho constitucional de igualdad ante la ley para mí no existe. Los políticos no quieren entrar ahí y con el Gobierno que tenemos, menos”, denuncia Ballesteros.
Hasta 1972, los empleados españoles trabajaban directamente para la fuerza aérea de EEUU. A partir de ese año, como en Rota, las bases de Morón y de Zaragoza (desocupada desde 1992) pasaron a depender de empresas privadas, contratadas en origen, que operan para la fuerza aérea dentro del recinto. “Ahí empezaron los problemas”, recuerda. Ballesteros explica que este tipo de empresas, como Vectrus, se crean en EEUU “para coger los contratos”, nacidas “ex profeso para la situación imperialista y de colonialismo que ellos tienen”.
En todo caso, de ahí a 2010 ha habido algunos problemas laborales. Pero fue con el primer ERE ese año cuando se despidió a 119 personas, “y no han parado”. En 2013 salieron otros 66 trabajadores o los citados 55 de 2014 a 55. “Aquello fue grave, porque la fuerza aérea norteamericana le comunicó a la empresa que tenía que proceder a los despidos porque en ese departamento iban a trabajar militares. Y todo ello con la connivencia del Gobierno español, que permite que se sustituya a trabajadores españoles por militares norteamericanos”, insiste Ballesteros.
Desde entonces, no hay convenio. Desde entonces, “la situación laboral y de relaciones laborales ha empeorado muchísimo”, apunta el delegado de CCOO. En 2016 se despidió a otros 10 trabajadores, “amparándose en la reforma laboral de 2012”. “Esa norma nos está haciendo mucho daño porque se están permitiendo cosas que antes no se permitían”. En 2017 salieron otras seis personas. “Veníamos avisando desde 2013, pero las buenas palabras de los políticos cayeron en saco roto”, añade Armando, de UGT.
“Todos los partidos fueron informados de lo que se avecinaba con los nuevos usos de la base en 2015. Propusimos una ratio de trabajadores. Pero nada. Están aumentando su colonia. A nivel político, se nos ha dejado tirados y no se ha velado por el empleo. Y a nivel judicial, en función de la sentencia que se quiera dictar, en mi opinión, se hace ad hoc una resolución y se busca jurisprudencia para reforzar los argumentos jurídicos, en nuestro caso los argumentos de EEUU. Mientras, los trabajadores despedidos siguen en la calle”, zanja el representante sindical.
Mayor actividad militar
A través de aquellos ERE y demás despidos, la empresa se desprendió de un total de 240 trabajadores, en su inmensa mayoría españoles, durante un periodo marcado por cierto por el crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base. El incremento de la actividad militar en la base fue tal, que España y Estados Unidos firmaron una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pasase de aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves, a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.
Ballesteros explica que en la base hay una parte de trabajadores americanos, el 99% contratados en origen en Estados Unidos, en virtud de la comisión permanente del tratado bilateral y que no están sujetos a la legislación laboral española. “Esa parte la tiene que controlar el Gobierno pero como no la controla tampoco me voy a meter yo. Bastantes problemas laborales tenemos nosotros”, indica.
“Las relaciones no son muy buenas. La empresa que está actualmente (Vectrus Systems Corporation), que gestiona la parte americana de la base aérea, no suele consultar al comité de empresa ni a las secciones sindicales. Actúa por su cuenta. Hace las cosas y luego nos vemos en las magistraturas. Ahí está casi toda la negociación que tenemos. Hay muchísima conflictividad. Normalmente acabamos en los tribunales. Cuando vamos al Sercla a intentar una negociación, ni negocian”, señala.
El delegado sindical ejemplifica que, hasta el año pasado, el personal español llevaba “21 años disfrutando de un horario especial en verano”. “Llegó esta empresa y dijo que no nos lo concede porque en Afganistán trabajan con más calor. Nos tratan como esclavos, así de claro. Tuvimos que ir a magistratura. La empresa americana se cree que esto es América del Sur o África y que no tenemos derechos, y nos dicen que tenemos muchas vacaciones”.