El juicio contra 17 personas sin hogar y activistas por reivindicar “derecho a techo” en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla el 27 de diciembre de 2017 ha sido suspendido este viernes al no haber podido notificar el juzgado a cuatro personas, según informan fuentes del caso, sin que aún se haya determinado nueva fecha para la celebración de la vista oral.
La celebración de la vista oral queda ahora en manos del propio ayuntamiento ya que, después de que la Fiscalía de Sevilla haya decidido acusar a las personas procesadas por coacciones, un tipo de delito que requiere que la supuesta víctima denuncie los hechos, el juzgado va a requerir al Ayuntamiento de Sevilla para ver si mantiene o no la denuncia que interpusieron a través de la Policía Local y si se persona como acusación particular en las coacciones. Si la respuesta no es afirmativa, el caso se archivará; si el ayuntamiento decide mantener la denuncia, el juicio se celebrará en la fecha que determine posteriormente el juzgado, de acuerdo con las mismas fuentes.
En aquella fecha, numerosas personas sin hogar y activistas por el derecho a la vivienda, tras una concentración a las puertas del Consistorio, quisieron hacer oír su voz directamente ante el alcalde y los concejales mientras se debatía una moción de Participa Sevilla en demanda del cumplimiento de diversos acuerdos sobre la materia. Las consignas de “derecho a techo” subieron de tono hasta que los ahora acusados trataron de avanzar hacia las bancadas de los ediles, lo cual provocó que fueran desalojados en unos incidentes que ahora el juzgado deberá aclarar.
El atestado que levantó entonces la Policía Local, en el que se basan las acciones judiciales, relata que los agentes formaron en el salón de plenos una barrera pudiendo frenar el avance del grupo de manifestantes “a pesar los empujones y la presión”, mostrando una “actitud violenta y decidida” de acceder a los concejales. El desalojo se produjo “no sin gran resistencia, arremetiendo contra los agentes” y con ánimo de “entorpecer”, consiguiendo “perturbar” el normal desarrollo del pleno municipal y profiriendo gritos de “alcalde sinvergüenza”.
Los acusados, la mayoría personas sin hogar a excepción de tres o cuatro activistas, formaban parte en aquel tiempo de la llamada Corrala Dignidad de personas sin hogar, que posteriormente pidió sin éxito al Ayuntamiento su transformación en hogar social. Cuatro de sus miembros fueron condenadas por usurpación en otro procedimento judicial por ocupar viviendas en la calle Fray Isidoro de Sevilla, en el barrio de la Macarena. La corrala fue desalojada definitivamente en julio de 2018. Algunos de estos activistas tienen otro frente judicial abierto en el cual seis personas fueron encarceladas de manera preventiva durante dos meses por otro intento de ocupación en el número 42 de la calle Macarena.
Días después de los hechos, la Policía aportó al juzgado imágenes y vídeos de los hechos, que ahora se analizarán en la vista oral, como las difundidas en Youtube por Onda Joven Sevilla: