La Asociación Trans de Andalucía pide la intervención de la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía para que al prelado que consideró como “aberración” y “colmo del absurdo” la transexualidad se le aplique el régimen sancionador de la Ley LGTBI y sea imputado por presunto delito de odio.
Según un comunicado de dicha asociación, el sacerdote Fray Francesc Xavier Catalá fue invitado a oficiar la homilía durante la novena en honor a la Virgen de la Asunción, de Cantillana, (Sevilla). “Desde el púlpito y en el transcurso de su homilía, atentó contra las personas trans y homosexuales en una controvertida prédica que fue agradecida por el hermano mayor de la Hermandad de la Asunción de Cantillana, Manuel Pérez”. “En la homilía Francesc Xavier Catalá tacha de ”aberración“ la transexualidad como un ejemplo del deseo de la humanidad de sustituir o desplazar a Dios y se refirió a los homosexuales como ”depravados y viciosos“. Este discurso de odio hacia las personas trans y homosexuales fue proferido desde la cuna del pintor José Perez Ocaña, personaje ilustre por su obra y por su visibilidad como gay en los oscuros tiempos de la dictadura”, recuerda la asocición trans.
La asociación andaluza considera “muy grave estos discursos que atentan contra la dignidad de las personas LGTBI, así como promueven la estigmatización y las agresiones en un momento donde estas se han disparado en nuestra comunidad”. “Condenamos este vil acto y exigimos que, en cumplimiento de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía”, la Fiscalía Superior de Justicia de Andalucía le aplique el régimen sancionador previsto en la misma e instamos a que se abran diligencias por presunto delito de odio“, señala el comunicado.
“Vivimos en un Estado de Derecho y aconfesional donde no caben nostalgias de tiempos inquisitoriales”, apunta Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera. “Andalucía cuenta con leyes para proteger a las personas trans y al colectivo LGTBI y sus familias, es obligación de las instituciones locales, autonómica y la Fiscalía, velar por la protección de la dignidad de la ciudadanía LGTBI y hacer cumplir las leyes en ese sentido”, concluye Cambrollé.