El Ayuntamiento de Sevilla acumula un “retraso injustificado” en la concesión del arraigo social a personas inmigrantes

La elaboración y entrega de los informes que acreditan la integración social de las personas inmigrantes que piden su arraigo en la ciudad de Sevilla padece “un retraso injustificado” que está “perjudicando” los intereses de los solicitantes, “además de incumplirse los principios de una buena administración”. Es la llamada de atención que le ha hecho llegar el Defensor del Pueblo Andaluz al Ayuntamiento de Sevilla, concluyendo que esos informes deber ser emitidos y notificados a los interesados “en un plazo de 30 días desde la fecha de solicitud” como dice la normativa. “El retraso se debe a la gestión del Gobierno anterior que dejó más de un 70% de los expedientes parados”, zanjan al respecto fuentes municipales.

El Defensor ha venido tramitando expedientes de queja en los que personas inmigrantes acreditan retrasos de hasta seis meses en la entrega de esos informes de inserción social en Sevilla. También dice el Defensor al Ayuntamiento hispalense que elabore los informe de inserción a los vecinos extranjeros que lo soliciten pero “evitando la exigencia a los solicitantes de requisitos distintos a los establecidos legalmente como el de acreditar la permanencia en España mediante padrón durante al menos dos años”.

Así consta en una resolución derivada de un expediente de oficio abierto por la institución en cada una de las ocho provincias andaluzas en la que se solicitó a los ayuntamientos con una población superior a 20.000 habitantes diversa información ante las dificultades y posibles perjuicios con que se estaban encontrando las personas inmigrantes. Ya hay resoluciones también respecto a los consistorios de Camas y Los Palacios en la provincia de Sevilla.

Se trata de uno de los requisitos establecidos para la concesión de la regularización administrativa de aquellas personas extranjeras que, pese a que se encuentran plenamente integrados como nuevos vecinos andaluces, carecen de autorización de residencia y trabajo, planteando una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. “El incumplimiento de los plazos por su ayuntamiento provoca un retraso injustificado tanto en la presentación de los expedientes de arraigo como en la tramitación de los mismos en la Subdelegación del Gobierno, perjudicándose los intereses de las personas solicitantes, además de incumplirse los principios de una buena administración”, le espeta el Defensor al Ayuntamiento de Sevilla.

Planes de choque

En el informe remitido por el Ayuntamiento de Sevilla, recuerda el Defensor, respecto a los plazos de entrega de los informe se dice que el tiempo medio de respuesta de emisión de “un mes en aquellos centros en los que no hay lista de espera y más en los que hay más demanda”, aunque el plazo “también depende del número de profesionales que en ese tiempo puedan estar de baja”. El Ayuntamiento argumentó también que cada mes hace un análisis del número de informes de arraigo pendientes en cada centro de Servicios Sociales de la ciudad y “en los que se observan un número considerable se plantean planes de choques para reducirlos”, informando de esos posibles retrasos al Consejo Social de Migraciones.

Respecto a la documentación requerida, el Ayuntamiento facilitó una copia de la hoja informativa que se le entrega a las personas interesadas en la que se detalla toda la que admite para valorar la integración y permanencia de los solicitantes. “Respecto a los tres años de permanencia que exige la Ley, se puede verificar: en primer lugar por el empadronamiento y si no cumple los tres años la Ley permite acreditar dos años con documentos públicos y un año con documentos privados”.

El Defensor responde que esos criterios “no encuentran respaldo ni en la normativa de aplicación ni en las Instrucciones elaboradas al respecto, en las que se indica la documentación válida para acreditar la permanencia en España durante tres años sin la diferenciación de dos años con documentación pública y uno con documentación privada que recogen en su informe”.

Según los datos que obran en el Defensor, las cuestiones que más afectan a los solicitantes de los expedientes para la tramitación de los informes de inserción por parte de las corporaciones locales son la exigencia del empadronamiento en el municipio o una antigüedad mínima en el mismo, así como la exigencia del certificado de penales o las dilaciones en los procedimientos sin que se le notifique resolución al respecto en cualquiera de los sentidos.

¿Qué dice el nuevo gobierno local?

Fuentes municipales consultadas por SevillaelDiario.es acerca de esos retrasos denunciados por el Defensor señalan contundentes que “el retraso se debe a la gestión del Gobierno anterior, que dejó más de un 70% de los expedientes parados” y que “tenía en su organigrama que había una oficina de atención a la población migrante, pero no llegó a funcionar, no existió”.

Las mismas fuentes añaden que la administración municipal actual va a “agilizar este retraso acumulado gracias a la contratación de más trabajadores sociales por medio de una subvención de la Junta de Andalucía”. Además, según apuntan, se está “trabajando con la Fundación La Caixa para implementar programas de interculturalidad en Sevilla bastante ambiciosos”.