Desde el pasado mes de julio, hay 29 las mujeres en la más alta función directiva en centros penitenciarios y centros de inserción social, según Instituciones Penitenciarias en su “apuesta por el fomento de la igualdad en el ámbito penitenciario”. Esa “igualdad” la pone en duda el Defensor del Pueblo de España respecto a algunas cuestiones tras su visita a uno de los tres centros penitenciarios exclusivos para mujeres que hay en España, ubicado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). “Los formularios y listados están redactados en masculino, con referencia al 'interno', invisibilizando a las mujeres, sus necesidades y derechos”, lamentan aludiendo a una recomendación aceptada por la administración penitenciaria hace ya dos años y medio relativa al lenguaje inclusivo en las cárceles. Por otro lado, se comprobó que las actividades ocupacionales solo se realizan en el módulo de mujeres, sin opción para las internas de sección abierta ni para las del módulo de madres. “Son, no obstante, actividades ocupacionales que resultan muy limitadas, escasamente dinamizadas y relacionadas principalmente con la costura, rol que perpetua estereotipos de género, y la pintura de azulejos”, apunta.
Cuatro técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo de España y dos técnicas externas (médica y psicóloga) acudieron sin previo aviso al centro de Alcalá de Guadaíra los días 7, 8 y 9 de octubre de 2020 en el marco del proyecto de visitas a centros penitenciarios con enfoque de género. Durante la misma, se examinaron las condiciones generales de vida de las internas en el centro, el tratamiento y la atención sanitaria prestadas, y se llevaron a cabo entrevistas individuales y colectivas con internas, miembros del equipo directivo y funcionarios, así como personal de los servicios sociales y sanitarios.
Según el informe de la visita, contenido en el informe anual que realiza la institución en su condición de MNP relativo al año 2020, “la documentación facilitada a las internas a su ingreso, pese a ser un centro exclusivamente de mujeres, carece de información adaptada a las circunstancias de las mujeres y de lenguaje inclusivo”. El Defensor hizo una recomendación “para dar su lugar y nombrar a la mujer presa, realizada tras en la visita piloto del proyecto de visitas a centros penitenciarios con enfoque de género (en el centro penitenciario Antoni Asunción Hernández en Picassent, Valencia, en noviembre de 2018).
Aquella recomendación fue “aceptada por la Administración pero no realizada hasta el momento, ni siquiera en cárceles solo de mujeres como Madrid I (2019) o Alcalá de Guadaira (2020). Llama la atención este persistente lenguaje no inclusivo de quien tiene la responsabilidad pública de traducir valores constitucionales como la igualdad en algo tan simple como formularios y registros en los que se reconozca la presencia de mujeres en la cárcel”, dice el informe. “En todas las visitas realizadas se comprobó que la documentación facilitada a las internas a su ingreso carecía de lenguaje inclusivo e información adaptada a las circunstancias de las mujeres, negando su presencia y particularidades, como salud sexual y reproductiva o violencia de género”, se añade.
La Administración Penitenciaria argumenta en el informe que “toda la documentación dirigida a las mujeres reclusas está en femenino y, asimismo, ya se han introducido modificaciones en los documentos sobre clasificación penitenciaria” para “prescindir del marcaje de género”. No obstante, reconocen, “gran parte de la documentación que generan las herramientas informáticas de gestión centralizada continúa estando en masculino dado que la modificación de tales aplicativos no depende en exclusiva de la voluntad o competencia técnica del personal de esta administración sino que requiere el auxilio de empresas externas que deben introducir en ellas los cambios necesarios para ello”. En ese sentido, apuntan que “en la próxima licitación del sistema informático penitenciario está prevista la realización de tales cambios e ir avanzando en el cumplimiento de esta recomendación”.
Llama la atención este persistente lenguaje no inclusivo de quien tiene la responsabilidad pública de traducir valores constitucionales como la igualdad en algo tan simple como formularios en los que se reconozca la presencia de mujeres en la cárcel.
En cuanto a las actividades ocupacionales, se da una circunstancia parecida a Alcalá pero en el centro Las Palmas II, donde “se encontró una distribución sexista en algunos de los cursos: el curso de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales se realiza exclusivamente por mujeres, y los cursos de operaciones de fontanería, climatización doméstica y de operaciones auxiliares de pintura se realizan exclusivamente por hombres, lo que perpetua los roles de género”.
Realizada una sugerencia al respecto, la Administración contestó que “se procurará incentivar la participación en los cursos para incidir en la eliminación de cualquier atisbo sexista que pueda existir en el acceso a las actividades formativas”. El MNP recalcó como contestación que “las reclusas ya están incentivadas, pues en las numerosas entrevistas realizadas reclaman su participación en talleres como panadería o mantenimiento, en los que no participa ninguna de ellas, e insiste en que, en realidad, lo que procede es el previo reconocimiento de la diferencia, pues sin ello no se logra el efectivo ejercicio de una formación en condiciones de igualdad”. Cabe recordar que, el pasado mes de marzo, Instituciones Penitenciarias se comprometió en priorizar el acceso de las mujeres en prisión a las actividades formativas y laborales.
Volviendo al centro de Alcalá de Guadaíra, el Defensor denuncia también que “la variable de mujer minoría gitana no está incluida en la recogida de datos y elaboración de estadísticas”. Se comprobó que había 20 mujeres gitanas en el centro, lo que representa el 20,4 % de las mujeres internas. Según Instituciones Penitenciarias, valorándose pertinente visibilizar las minorías y poder hacer elaboraciones estadísticas sobre su presencia en la población reclusa, en la herramienta informática que da cobertura al manual de procedimiento de trabajo social “se prevé incluir, en la recogida de datos, un apartado que haga referencia a la pertenencia de la persona a algún tipo de minoría (racial, étnica, religiosa, etc.) con relevancia en su proceso de reinserción social”. Se advierte que la efectiva ejecución de los cambios a realizar en el evolutivo de la herramienta dependen, en el marco del actual contrato, de la empresa que la ha desarrollado.
Respecto al listado de internas con discapacidad, doce en este centro, “no se recoge que tipo de discapacidad –física, psíquica, intelectual, sensorial– o pluridiscapacidad les afecta”, no se recoge si tiene certificado de discapacidad, “ni siquiera hay un programa específico o entidad alguna que trabaje con las mujeres con discapacidad, a diferencia de otros centros penitenciarios”. En esa línea, el Defensor critica que “la arquitectura de centro no es accesible, con importantes barreras arquitectónicas y sin ninguna adaptación técnica”. “Claramente, todas las limitaciones mencionadas anteriormente son un aspecto no atendido, no son consideradas de forma transversal, ni de forma específica, con el consiguiente impacto en la salud psicosocial de las mujeres, que permanece invisibilizado”, asevera.
Por otro lado, se constató en la visita que “la violencia de género no es evaluada ni abordada de forma interdisciplinar médica, psicológica y social”, y “se recomienda incorporar la evaluación de la historia de violencia de género en los distintos protocolos y entrevistas semiestructuradas de recogida de información psicosocial y sanitaria”. Acerca de ello, la Administración informa de que “se ha solicitado la inclusión de un apartado específico que recoja tal información a la empresa que ha desarrollado la herramienta informática de procedimiento de trabajo social, estándose a la espera de su efectiva realización”. “Con carácter general, se han dado indicaciones a los centros al objeto de que todos los profesionales penitenciarios que trabajen con mujeres tengan acceso a la herramienta de 'Viogen', instando asimismo a que se recabe tal dato de la mujer en la recogida de información psicológica y sanitaria”.
Asimismo, “se detectó incorrección en la clasificación de las internas consideradas como transexuales” y “en las entrevistas realizadas se constató nuevamente la falta de formación del personal funcionario, técnico y sanitario, y la queja de personas transexuales sobre la falta de trato respetuoso”.
Asimismo, el Defensor recomienda desarrollar en Alcalá el Programa de tratamiento “Ser Mujer” en toda su dimensión, tal y como está oficialmente diseñado en su número de sesiones, temáticas abordadas y evaluación, contando con un equipo multiprofesional sanitario, psicológico, social y jurídico y con recursos comunitarios especializados en mujer, recogiéndose su pertinencia en el Programa Individual de Tratamiento de las internas. En la visita “se constató que el programa, que sobre papel es extenso y propone un proceso de toma de conciencia y abordaje de la violencia que afecta a las mujeres, no es adecuadamente desarrollado pues no contempla todas las partes que son necesarias para su desarrollo, no es evaluado, no cuenta con profesionales sanitarios, ni juristas, carece de conexión con recursos comunitarios especializados en atención a mujeres, y no se recoge en el Programa Individual de Tratamiento de las mujeres”.
Los servicios centrales contestaron que “se procurará, en la medida de lo posible, dotar de recursos humanos a los centros que lo permitan y asimismo, en caso de proceder que la mujer participe en él, se les instará a reflejarlo expresamente en el Programa Individualizado de Tratamiento (PIT), valorar prioritario su desarrollo y contactando al efecto con recursos externos especializados”.
Entre otras cuestiones, se apunta también que en el centro de mujeres presas de Alcalá “no existen programas específicos de promoción de la salud y vida saludable”, haciendo constar que “uno de los problemas de salud prevalentes de las mujeres en este centro penitenciario son las adicciones”, constatándose “un alto consumo de medicamentos identificables como adicciones invisibilizadas por tratarse de medicamentos prescritos”. Otro “problema de salud muy frecuente” es la “falta de higiene y deterioro físico y psíquico al ingreso de las internas cuando ingresan tras su estancia en los calabozos de comisaría”.
Según la Administración Penitenciaria, por parte de algunos centros ya se están llevando a cabo acciones específicas dirigidas a la promoción de la salud de la mujer o se han puesto en marcha alternativas terapéuticas tendentes a disminuir su consumo de medicamentos para relajarse o conciliar el sueño“. Así, se instará a la dirección del centro de Alcalá ”a estudiar la puesta en marcha de tales actuaciones, recurriendo en su caso a la búsqueda de recursos externos que colaboren en esta tarea con los profesionales del centro“.
En Alcalá, además, “no existe evaluación ni atención psiquiátrica especializada”. La atención de la salud mental de las mujeres internas en este centro en concreto se lleva a cabo por el equipo sanitario del mismo que, en caso de estimarlo necesario, se recurre al especialista en psiquiatría de Servicio Andaluz de Salud y, asimismo, por parte del especialista en psicología del centro se procura, en la medida de su formación y posibilidades, dar debida atención a las mujeres que lo demandan y necesitan“, argumenta la Administración.
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