Sevilla arrancó septiembre con casi 39.000 plazas en pisos y apartamentos turísticos, además de 25.000 camas hoteleras, cifras que se reescriben al alza día a día. Esto se traduce en un modelo turístico bastante agresivo con el entorno en el que se desarrolla, lo que ha animado a una treintena de colectivos a ir más allá de la tradicional denuncia en la calle con la elaboración de propuestas que inciden en que las cosas se pueden hacer de otra manera. Es un catálogo de recetas para intentar que la ciudad no se ahogue entre tanto alojamiento diseñado para los visitantes, con especial incidencia en dos aspectos: hay que proteger el derecho a la vivienda y blindar los suelos residenciales para que no se les den otros usos.
El propio Ayuntamiento, por mucho que insista en que el turismo no es un problema para Sevilla, es consciente de que la actual fórmula hay que reconducirla, y por eso al constituir este pasado lunes el Consejo Local de Turismo apuntaba a la necesidad de recuperar la actividad tras la pandemia de una manera sostenible y que propicie la convivencia entre residentes y viajeros. Para esto último hay que lograr el equilibrio sobre todo con los pisos turísticos, y aquí es donde entran las 15 propuestas que han diseñado estas entidades sociales lideradas por el Colectivo Asamblea contra la Turistización de Sevilla (Cactus), ya que entienden que la regulación puesta en marcha por el gobierno local es insuficiente.
“La idea es visibilizar que hay otras alternativas y que se puede ir más allá de lo que se está haciendo”, tal y como está ocurriendo en otros puntos de Europa empezando por Berlín, que el domingo pasado aprobaba en referéndum la expropiación de 250.000 viviendas vacías que ahora están en manos de grandes propietarios. Pablo Domínguez, uno de los portavoces de Cactus, admite que hoy día semejante objetivo está lejos, pero entiende que hay que dar pasos desde el punto de vista de que “un piso turístico es un negocio, no una vivienda”.
Dicho de otra manera, piso turístico que abre es vivienda que se pierde. Y como esta opción de alojamiento se está implantando de manera “descontrolada e ilimitada”, esto provoca “la expulsión del vecindario con menos recursos a otros lugares de la ciudad y la despoblación en las zonas más tensionadas”. ¿Consecuencias paralelas? “La falta de residentes afecta al comercio de proximidad y bienes básicos y a la convivencia de su tejido social”, afirmaciones plasmadas en el manifiesto que se presentaba este lunes con las 15 propuestas, entre las que se incluyen la paralización de nuevas licencias de alojamientos turísticos hasta que entre en vigor la normativa local que las regula, el blindaje de los suelos residenciales frente a la voracidad de los pisos turísticos y la declaración de zonas saturadas por esta práctica.
Otras ideas que se aportan son establecer un límite de días máximos (entre 30 y 90 al año) en los que una vivienda puede ser alquilada con fines turísticos, que las licencias se revisen anualmente y fijar un impuesto específico a estos alojamientos “por tratarse de una actividad económica”. También se incluyen medidas para garantizar que los vecinos tengan voz en todo esto, como el visto bueno de los propietarios residentes en la comunidad y la limitación y restricción del uso de las zonas comunes de los edificios.
¿Es difícil llevar estas iniciativas a la práctica? Pues sí, porque estamos ante “un problema de voluntad política global”, admite Pablo Domínguez, aunque un primer paso sería que la regulación que ultima el Consistorio hispalense (que pasa por una modificación del PGOU) fuese al menos más ambiciosa y adoptase la forma de una ordenanza específica. La cuestión es alcanzar un equilibrio, ya que a juicio de estas entidades la balanza está inclinada a favor de los turistas y en contra de los vecinos.
Todo esto se ha recogido en un documento pero también se ha reclamado en la calle, en una protesta en la que se visibilizó el apoyo a uno de los colectivos a los que más factura le pasa este modelo turístico: el de las kellys, las camareras de piso. La representante de Kellys Unión Sevilla, Esther Salinas, tiene claro que “el turismo no puede ser solo para beneficio de unos pocos” y que a estas trabajadoras les toca sufrir la cara más amarga porque “somos herramientas de usar y tirar” por los muchos problemas de salud que sufren.
“No entendemos que en el siglo XXI se esté dando esta explotación”, una situación que, lamenta, en Sevilla sufren más de 6.000 personas. La reivindicación es simple: que se reduzca la carga de trabajo y que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, un terreno en el que se recorrería mucho si todos los establecimientos hoteleros tuviesen a este personal en plantilla. “Y eso no interesa, porque entonces van a necesitar más camareras”, de ahí que muchos opten por externalizar los servicios, con la consiguiente sobrecarga de trabajo.
La conjunción de ambas reclamaciones, la de las kellys y la de los pisos turísticos, se resumía en el lema de la concentración que el lunes aglutinaba en la Plaza Nueva de Sevilla a los que quieren que las cosas sean de otra manera: El turismo nos empobrece, trabajadoras con derechos y vecinas con techo. La reivindicación está hecha, la cuestión ahora es que la recuperación del mercado turístico tras la pandemia no se haga repitiendo los mismos errores.
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