La problemática viene de largo. Los corralones artesanales de la calle Castellar, en el centro histórico de Sevilla, llevan años de “degeneración”, como detallan algunos de los profesionales que todavía mantienen su actividad en el recinto.
La finca, en el punto de mira de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad hispalense, acumula sanciones, cambios de propiedad y procesos judiciales. Esto ha provocado que lo que fuera uno de los centros neurálgicos de la producción artesanal sevillana apenas sobreviva en la actualidad. “Los corralones son los últimos testigos vivos de un pasado industrial y obrero que tuvo el casco norte y forman parte de nuestra historia urbana”, dice María Barrero, investigadora en Estudios Urbanos de la Universidad de Sevilla.
Las diferencias entre los actuales propietarios y los usuarios amenazan el futuro de estos corralones. Los últimos artesanos que resisten no tienen ganas de meterse en más problemas. A preguntas de este diario prefieren guardar el anonimato y no dar detalles, pero califican la situación de “mala”. Restauradores, orfebres, doradores, pintores, torneros… en sus inicios los corralones eran un compendio de talleres socio-productivos donde se compartían saberes y se aprendían todo tipo de oficios manuales.
Sin embargo, el uso de estos talleres como vivienda, a pesar de su inhabilitación para ello, ha empeorado la convivencia. En la actualidad a la veintena de locales en funcionamiento en Castellar se suman unos 25 vecinos. “Son lugares de trabajo y no para vivir”, explican fuentes de la propiedad de la finca. “Algunas personas han incumplido el contrato y han convertido el taller en vivienda”.
El aumento de este uso residencial es el foco de las disputas. “El problema son los okupas, los impagos y las drogas”, resumen los propietarios. “Es verdad que el nivel de ocupación y de impagos ha crecido, pero los gestores no han hecho nada por acercar posturas”, dice la presidenta de la asociación 'Salvemos los Corralones', Estefanía Ramírez.
“Situación insostenible”
'Salvemos los Corralones' acusa a la propiedad del abandono “absoluto” de las instalaciones. Se quejan del aumento del alquiler, de la inhabilitación de los espacios comunes y de las amenazas por parte de los gestores de la finca. Además denuncian otras prácticas que dificultan la regularización del espacio como los contratos verbales, los pagos en negro y otras acciones para “crear discordia”. “Todo con la finalidad de echarnos”, dice Ramírez.
“La alegalidad está ahí porque la propiedad la ha fomentado. Es una práctica común en los procesos especulativos. Se produce un abandono del inmueble para justificar la expulsión de los artesanos y buscar un nuevo desarrollo para la finca”, expresa Barrero.
La propiedad rechaza estas intenciones. Recientemente los nuevos gestores se han puesto a “poner un poco de orden” en el espacio, cosa que “no ha gustado”. Esto les ha llevado a tener una “publicidad nefasta”, dicen. “Estamos limpiando, pintando, arreglando… Estamos intentando que sea un espacio cultural”.
El principal obstáculo para esta rehabilitación es económico. Los propietarios aseguran que “ya no pueden más” y han iniciado acciones legales. “La situación es insostenible. Hay gente que ha dejado de pagar y debe más de 20.000 euros”, se defienden. Ramírez ha recibido hace pocos días un burofax: “Me notifican una deuda de casi 6.000 euros y yo no debo ese dinero. Lo que ocurre es que los gestores no tienen acceso a las cuentas donde se deposita la cuota del alquiler porque la tienen embargada”, dice. Al abogado de los propietarios no le costa este hecho.
La diversidad de los perfiles hace que el entendimiento en los corralones de Castellar sea frágil. En esta confusión se crea una lucha de intereses en la que todas las partes salen perjudicadas dejando su futuro en el aire.
Respaldo institucional
Por ello 'Salvemos los Corralones' ha pedido la expropiación de la finca al delegado de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. Quieren que la gestión del espacio sea externa porque “la propiedad lo está llevando a la ruina”. Ramírez explica que la dejación de las responsabilidades se debe a que los gestores “no ven rendimiento económico en el espacio”. Los propietarios niegan estas acusaciones e insisten en que trabajan por una gestión “correcta”, pero que es necesario terminar el alquiler de los deudores y desalojar a los okupas.
“Se ha pedido la expropiación al Ayuntamiento porque la gestión de la propiedad es nefasta. Es muy triste que la permanencia de estos sitios dependa de una propiedad privada más que de la voluntad de protegerlo por parte de la administración pública”, apunta Barrero. El Consistorio sevillano conoce las quejas de los usuarios, pero aclara que “quien tiene que desarrollar la parcela es el propietario”. Además las fuentes municipales consultadas por este diario recalcan que “el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) garantiza que el espacio siga siendo para uso artesanal, no hay riesgo de que saquen a los inquilinos para convertir los corralones en viviendas”.
La finca suma desde 2008 una retahíla de multas debido a las obras sin licencia y el uso de los espacios libres como aparcamiento al público. La gestión estuvo a cargo de una administradora judicial durante tres años, tiempo en el que el antiguo gestor, hermano de los actuales propietarios, tuvo prohibido el acceso al recinto.
Vulnerabilidad histórica
El caso de los corralones artesanos de Castellar no es nuevo. “Estos espacios llevan siendo vulnerables y sufriendo una presión especulativa desde el primer proceso de gentrificación del casco norte, que se produce con los preparativos de la Expo de 1992”, explica Barrero.
Desde entonces, corralones como Pelícano, Pasaje Mallol o Rompemoldes se han visto “dejados” provocando la marcha de sus artesanos y la consecuente pérdida de los oficios. En otros casos se ha impuesto el uso residencial frente al industrial. En Castellar, por ejemplo, queda el último tornero de la ciudad. Escultores e imagineros como Manolo Carmona y Jaime Babio contaban con sus talleres en la finca. En la actualidad, gracias a la multifuncionalidad del espacio, el lugar también acoge a escuelas de baile, estudios de fotografía, de moda, de corte y confección, de diseño gráfico… Además bandas locales como Pony Bravo y Califato ¾ tienen su local de ensayo en estos corralones. La tradición convive con la innovación y se reinventa el intercambio de saberes de antaño.
El valor etnológico y cultural de los corralones artesanos de Castellar viene siendo defendido desde 2006 por la Plataforma de Artesanos del Casco Antiguo (PACA). Esta organización se movilizó para recuperar el uso industrial de estos espacios que había sido ignorado en la publicación provisional del actual PGOU. “Estos espacios no se han perdido ni se han sustituido por viviendas gracias a la PACA”, apunta Barrero.