Denuncian la estrategia del Gobierno andaluz con las vías pecuarias: miles de m2 pasan a manos privadas con la reducción de la anchura del trazado
El Gobierno andaluz ha pisado el acelerador en la gestión de vías pecuarias conforme a un modus operandi basado en reducir la anchura de estas vías y, por tanto, enajenar parcialmente estos bienes de dominio público. Es decir, dar más terreno a las fincas privadas a costa de espacio público. De esto alertan colectivos sociales como Ecologistas en Acción y la Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos (Asedeca), que tratan de impedir que estos procedimientos se lleven a cabo causando un perjuicio al conjunto de la comunidad.
El último ejemplo de esto es el deslinde de la vía pecuaria vereda de Sevilla a Guillena, propuesto por el Servicio de Vías Pecuarias de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. En esta vía se prevé modificar el ancho actual de 20,89 metros para dejarlo en 20 metros a lo largo de todo el trazado en el término municipal de Guillena, lo que supone enajenar hasta 5.008,77 metros cuadrados con este procedimiento administrativo que tramitan en el expediente VP/00250/2022. La finca privada que está atravesada por esta vía sumaría 5.000 metros cuadrados más.
Ya en el expediente VP/00915/2021, el Gobierno andaluz abordó con recursos públicos el deslinde de la Vereda de Salteras, dejando en manos privadas el 73% del territorio de la vía pecuaria, según advirtieron Ecologistas en Acción, Asedeca y la Asociación Andalus en las alegaciones que interpusieron en el procedimiento administrativo, que no fueron atendidas.
El ancho mínimo y reglado de los caminos
La administración justifica esta acción que supone la pérdida del 4,3% del territorio que actualmente ocupa este bien de dominio público en la promoción del uso turístico y recreativo de esta vereda, lugar de paso del Camino de Santiago por la Vía de la Plata en la provincia de Sevilla.
“De oficio, se trata de un deslinde incluido entre las actuaciones necesarias para la adecuación de la Red de Vías Pecuarias, con objeto de la recuperación del dominio público, favoreciendo además el desarrollo de los usos compatibles y complementarios que la Ley 3/95 asigna a las vías pecuarias, satisfaciendo de manera simultánea la demanda social en cuanto a esparcimiento y contacto de los ciudadanos con la naturaleza”, argumentan en el expediente avalado por José Gallardo e Inmaculada Ortiz en la jefatura de Vías Pecuarias. “Esta vía se ha caracterizado para uso Turístico-Recreativo, fundamentalmente porque su trazado se encuentra contenido en la ruta del Camino de Santiago”, añaden en esta propuesta de actuación.
En sendas alegaciones elevadas el pasado 9 de julio al Servicio de Vías Pecuarias del Gobierno andaluz, Ecologistas en Acción y Asedeca han argumentado que, desde la Provisión de 16 de enero de 1554 de la Corona de Castilla, quedó fijada la anchura de las cañadas en 90 varas castellanas, correspondientes a 75,22 metros. Más tarde, en 1796 se fijó la anchura de cordeles y veredas en 45 y 25 varas castellanas, 37,61 y 20,89 metros respectivamente, unas medidas se ratificaron por Real Decreto en 1877 y pasaron legalmente a ser el ancho mínimo para este patrimonio caminero que articula la Península Ibérica.
La propuesta de deslinde propone ignorar este precedente histórico y borrar los usos y derechos de casi 500 años con la reducción de la vía en un 4,3% que conlleva la desaparición de más de 5.000m2. Supone una pérdida de bienes de dominio público que la administración andaluza, que tiene las competencias, está obligada a conservar y que están considerados “inalienables, imprescriptibles e inembargables” conforme a la Constitución de 1978.
Además, defienden los agentes sociales, no se hace ninguna justificación por esta pérdida de terrenos públicos. De hecho, el sentido de la justificación empleada por la propuesta argumentaría a favor de su mantenimiento íntegro, atendiendo a los usos compatibles y aprovechamientos de este terreno público.
Terrenos “perdidos para siempre”
“Como las características de los terrenos desafectos de forma tácita (una o dos franjas alargadas de menos de un metro o medio metro) difícilmente se prestarían a otro uso de utilidad pública”, Ecologistas en Acción y Asedeca advierten que con este planteamiento se lanza a la sociedad el mensaje de que acaban ganando quiénes usurpan los bienes de dominio público: “Es de suponer que acabarán olvidándose y manteniéndose en su estado de usurpación por propietarios privados; son terrenos perdidos para siempre del dominio público y del servicio del medioambiente”, citan en las alegaciones.
Ambos agentes sociales defienden que el Plan de recuperación y ordenación de las Vías Pecuarias Andaluzas de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía contempla tres usos principales para las vías pecuarias de la comunidad: el uso tradicional destinado al tránsito ganadero y para el acceso a fincas agrícolas, el uso turístico-recreativo, relacionado con la práctica deportiva, el ocio y el turismo rural, y el uso ecológico, por el que estas vías pecuarias sirven de enlace de espacios protegidos, generadores de biodiversidad y corredores de fauna y flora salvaje.
“Para garantizar estos usos, estimamos que es imprescindible conservar los terrenos que se pretende desafectar de forma tácita, tras recuperarlos de las actuales usurpaciones, dotándolos de la calificación de protección que se crea más conveniente”, argumentan los agentes sociales, y añaden: “a estos efectos recordemos que existen figuras afines, como por ejemplo los terrenos forestales que en el artículo 5 de la ley de montes se definen como 'todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativa'”.
El movimiento de animales
El recorte que la administración andaluza pretende supone, según la asociación ecologista y la organización caminera integrada en la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), asimismo una merma para la funcionalidad de la vereda de Sevilla a Guillena como vía pecuaria; y citan en las alegaciones, que “el movimiento de animales a pie requiere que haya vegetación para el pastoreo, por lo que la reducción de la vía pecuaria de 20,89 metros a 20 metros afectaría negativamente esta práctica”, reconocen, y aseguran que “distintas presiones económicas, ecológicas y sociales actúan para llevar la práctica de la trashumancia a su extinción, pero un importante factor en el declive de la explotación caprino y ovino en la zona ha sido precisamente la usurpación ilegal de los terrenos de las vías pecuarias por los agricultores que han sido empleados tradicionalmente para pastoreo de cabras y ovejas”.
Ecologistas y Asedeca sostienen que la “descapitalización de las vías pecuarias que representa esta propuesta de deslinde será irreversible y nos condena a un futuro sin vuelta atrás” y va en contra del uso de este patrimonio pecuario para la promoción de la trashumancia en la Península Ibérica a media y larga distancia, “el restablecimiento de estas vías a su anchura original podría renovar su viabilidad como corredores de pastoreo”, concluyen.
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