Han pasado casi 80 años pero “la reparación y reconocimiento personal” para 290 funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla sancionados y cesados por el franquismo “por motivos políticos, ideológicos o de creencia” está más cerca. El grupo municipal del PSOE ha planteado al Pleno que acuerde interesar del Ministerio de Justicia del Gobierno de España la expedición de una declaración en ese sentido en favor de aquellos empleados municipales que fueron depurados con la entrada de la dictadura.
La propuesta se apoya en el art. 3.3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, que señala que “se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un
régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución“.
El objeto de la moción socialista es “reparar la injusticia histórica y el atentado a los derechos de 290 empleados municipales, que pervive aún hoy en sus expedientes personales en este Ayuntamiento en el que perdieron su puesto de trabajo como víctimas de la depuración del régimen franquista”.
La moción cita la obra del historiador José Diaz Arriaza y, en concreto, su publicación sobre 'Depuración de funcionarios y empleados del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla'. De ella se desprende que la represión entre los funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Sevilla se inició con la comunicación del General Queipo de Llano a la Comisión Gestora, conocida por ésta en la sesión del 31 de julio de 1936, por la que se decretó el cese de 134 empleados. Dos meses más tarde, en la sesión municipal del 10 de septiembre, la Gestora municipal conocía una nueva orden del capitán general firmada dos días antes, por la que se declaraban cesantes 156 empleados municipales más.
“Inmersos en la desolación social y la ruina económica”
Como indica este autor “los empleados sancionados, al igual que anteriormente les había sucedido a los empleados cesados, quedaban inmersos en la desolación social y la ruina económica. Mal mirados y con muchas dificultades para encontrar trabajo, la situación de ellos y sus familias estaban condenadas a vivir políticamente en un exilio interior, económicamente de las ayudas de sus familias o de la caridad pública y socialmente de la beneficencia o eclesiástica, formando parte de la pléyade de pobres y desvalidos que mendigaban por las calles de la ciudad”.
Según se recuerda en la moción, el mayor número de despidos afectó a la Policía Local, con 73 miembros entre los escalafones de su plantilla, seguidos de 43 adscritos a la Sección de Arbitrios y los funcionarios o empleados varios, 32 de ellos pertenecientes a las oficinas.
Una vez obtenida tal declaración, el PSOE propone “incorporarla en los expedientes personales obrantes en el archivo municipal para que quede constancia de este reconocimiento como víctimas del franquismo y por su defensa de la libertad y la legalidad democrática que les llevó a la pérdida de sus derechos y sus puestos de trabajo como empleados municipales”.