El Centro Social Okupado y Autogestionado (CSOA) 'Andanza' de Sevilla, 17 meses después, ha sido desalojado. La amenaza rondaba el espacio desde hacía meses y, desde las 7.00 horas de este viernes, ha empezado a verse cumplida. No han servido las autoinculpaciones en el juzgado en el proceso que se sigue contra dos personas por presuntos delitos de usurpación de un par de inmuebles, propiedad de Sociedad para la Reestructuración de la Deuda Bancaria (Sareb).
Varios furgonetas antidisturbios y agentes del Grupo Hércules del Cuerpo Nacional de Policía han acotado el lugar desde primera hora y han cerrado la calle San Luis. El desalojo se está produciendo de manera tranquila, según fuentes presenciales, que informan del tapiado del inmueble por parte de los agentes policiales. Los abogados que llevan el asunto trataron hasta ayer mismo de acceder al expediente pero tampoco pudieron.
El desalojo, interesado por la Fiscalía, se acordó en un auto judicial fechado este jueves 16, donde “se constata la existencia de la ocupación ilegal” aunque “intentan disimularlo alegando el uso social”, lo que “en modo alguno justifica la acción”. En el escrio del Juzgado de Instrucción 17 de Sevilla, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, se recuerda que la ocupación se denunció el 31 de marzo de 2014 por parte de un apoderado de la entidad Cajastur, perteneciente al Grupo Liberbank, por la usurpación de un inmueble propiedad de la Sareb. En abril de 2015 amplió la denuncia por ocupar otro inmueble anexo.
Fuentes de la representación legal del centro social informan de que el juzgado ha notificado la medida cautelar de desalojo en la mañana de este mismo viernes mediante “un fax a las 8.24 horas”. “Esta práctia judicial podemos calificarla como no garantista y que vulnera el derecho de defensa, máxime cuando entendemos que no se da el tipo penal de usurpación ya que es un solar abandonado por una entidad pública como es el Sareb, el cual no hace uso de sus facultades dominicales para conservar la edificiación”. Estos hechos se pusieron en conocimiento de la Consejería de Viviendael pasado 7 de abril “y la Junta de Andalucia ni siquiera ha contestado haciendo dejación de funciones y no obligando al cumplimiento de la Ley 4/2013 de funcion social de la vivienda”, añaden las fuentes.
Existen tres dias para el recurso de reforma y cinco para recurrir en apelación. Las mismas fuentes dicen que se interpondrá el recurso directo de apelación “por vulneración del derecho de defensa y basándonos en la no exitencia de delito alguno según jurisprudencia de las audiencias provinciales y el Tribunal Supremo, que no considera punibles estas ocupaciones cuando el propietario hace dejación de sus funciones en la propiedad”.
El Ayuntamiento deberá dar al espacio un uso dotacional
Por su parte, fuentes de la Sareb informan de que tenían que denunciar la ocupación del inmueble “por responsabilidad” en cuanto a la “ilegalidad” que se estaba produciendo y por el “estado ruinoso” del mismo, así como por “la oposición que habían mostrado los vecinos”, que incluso impulsaron una página web. Añaden que han estado trabajando con el Ayuntamiento de Sevilla en un plan de desarrollo urbanístico, previo a la ocupación, que le permitirá dar al lugar el uso dotacional que decida el consistorio hispalense. “Es un lugar que se ha recuperado para la ciudad”, concluye la Sareb.
La asamblea del CSOA decidió iniciar una campaña argumentandoque que se estaba cumpliendo la función de dotación y equipamiento cultural a la que el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, vigente desde 2006. “Es el CSOA el que está garantizando que ese espacio esté cumpliendo esos requisitos ordenados en el plan municipal”, explicaron fuentes del centro. “La propiedad se ha despreocupado por el lugar y la administración pública tampoco ha dado pasos para que los usos previstos tengan lugar”, señalaron hace un tiempo al respecto.
En ese línea han reaccionado los concejales de Participa en el Ayuntamiento de Sevilla, que han lamentado el desalojo y han mostrado 'in situ' la solidaridad con la asamblea del centro social ocupado y autogestionado Andanza. Para Participa, “es obvio el interés especulativo que hay detrás del desalojo”. “La Sareb quiere rentabilizar al máximo la inversión y para ello, la modificación del convenio urbanístico que regula la situación de las naves de la calle San Luis, realizada en la última etapa del mandato del popular Juan Ignacio Zoido, tumbaba el convenio firmado en 2009 con la Gerencia de Urbanismo (entonces gestionada por el PSOE) para volver a uno previo, de 2005, que es manifiestamente mejor para sus intereses”.
Forma parte del acuerdo de investidura
Desde la formación verdemorada se apoya una ocupación que “ha puesto en valor un edificio abandonado por su propietario y se exige el cumplimiento de la medida 49 del acuerdo de investidura” que facilitó la Alcaldía al socialista Juan Espadas. En dicho acuerdo, según Participa, se plantea la “revisión del plan especial de las naves de San Luis para garantizar el proyecto de un nuevo equipamiento cultural”. A tal efecto, la portavoz municipal, Susana Serrano, ya se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno municipal.
El edificio era propiedad del Marqués de la Motilla y fue traspasado a Dexter&Celler, una inmobiliaria que pretendía construir pisos de lujo y aparcamientos subterráneos. Aquel proyecto urbanístico quebró y se hizo con la propiedad del lugar el Banco de Extremadura, que posteriormente hubo de ser rescatado con dinero público y pasó a manos de la Sareb.
Fue hace un año y medio cuando abría sus puertas en Sevilla el CSOA 'Andanza'. Hasta 2007, el céntrico inmueble, en el número 40 de la calle San Luis, había acogido actividades culturales bajo la denominación de Sala Endanza. Pero llegó la crisis y el inmueble, como se ha comentado, fue de mano en mano, entre inmobiliarias y entidades bancarias hasta que decenas de personas trataron de dar de nuevo vida al lugar abandonado con diferentes talleres, encuentros, ciclos, e iniciativas políticas, sociales, culturales y artísticas.
El sábado 14 de febrero se personaron en el lugar varios agentes de la Policía Local de Sevilla con motivo de una jornada de actividades que concluirían con un concierto. Según los agentes, el local no contaba con los permisos necesarios para la realización de ese tipo de espectáculos. Las personas que en ese momento estaban en la puerta del edificio cerraron las puertas. La situación pareció complicarse más cuando un total de 20 agentes y dos furgones policiales llegaron al lugar, sin permitir que nadie accediera al recinto ni que nadie pudiera salir, si bein el concierto tuvo finalmente lugar.