“No tengo nada”: Dolores, nueve meses enredada en el papeleo del Ingreso Mínimo Vital

Dolores espera desde el 17 de junio el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que aprobó el Gobierno de España a finales de mayo de 2020. Tras 32 años de matrimonio y tres hijos en común, la pareja se divorció en 2011. Dolores, que reside en un pueblo de Sevilla, fue víctima un año antes de un delito de malos tratos y otro de detención ilegal, tal y como sentenció un juzgado en 2015. La lentitud de la justicia, que condenó a la que fue su pareja a dos años y medio de cárcel, la sufre también ahora en sus carnes con la tramitación de la renta que le otorgue por fin, después de 58 años, independencia económica. “Aunque sean 400 euros, pero para pagarme la luz y el agua y que no tengan que hacerlo mis hijos”, explica. Su ahora exmarido era el que llevó siempre el dinero a casa y el que lo gestionó, relata. No tiene “nada” y vive de la red familiar, tanto en línea ascendente como descendente, que soporta su alimentación y sus gastos de suministro. La pensión de viudedad de su anciana madre les da de comer.

Sus ojos por encima de la mascarilla reflejan el paso de los años y las penurias pasadas y presentes que hacen honor a su nombre. Al papeleo para pedir el IMV le ha ayudado su cuñado, porque Dolores es, sin duda, un claro ejemplo del llamado 'efecto Daniel Blake' que impide a personas necesitadas un acceso sencillo para al menos solicitar este tipo de ayudas, gestionadas íntegramente de forma telemática. “Ella no tiene ordenador y no hubiera podido nunca, con toda seguridad, solicitar el ingreso por sí misma”, comenta su cuñado. Demanda de empleo, acreditaciones varias y un “cero euros” en concepto de ingresos en los ejercicios 2019 y 2020 acompañaban su petición electrónica. Cuenta con vivienda propia, al 50% con su exmarido, si bien tiene el usufructo de la misma. Con todo, teme que su expareja pueda querer tomar alguna decisión respecto al que fuera hogar común.

Dolores saca “lo que se puede” con trabajos muy esporádicos atendiendo a personas mayores y, sin remuneración; paralelamente, se queda a veces con sus nietos para ayudar a sus hijos con la conciliación. También ofrece los cuidados a su madre, muy incapacitada ya para poder llevar sola su vida. Dolores quería agarrarse a la renta mínima estatal, pero la burocracia se lo impide de momento. Como ella, unas 62.000 personas en España “están en proceso de subsanación, es decir, que se ha reclamado al solicitante o a alguna administración información para completar el expediente”, según la última información ofrecida por el Ministerio de Inclusión, dirigido por José Luis Escrivá.

Solicitó telemáticamente la ayuda, con ayuda de su cuñado, en junio de 2020. El 18 de agosto, justo dos meses después, la Administración le requirió un certificado de empadronamiento colectivo en lugar del básico que le dieron en su Ayuntamiento. “Eso fue lo que paralizó todo”, lamenta su cuñado. Muy recientemente, tras siete meses sin noticias, un correo electrónico de la Seguridad Social le ha hecho una nueva petición para que remita “a la mayor brevedad posible” un certificado histórico colectivo de empadronamiento“ desde mayo de 2019 hasta la actualidad. Para ella, volver a empezar. Aún tiene que ir al Ayuntamiento a recoger el documento, que ya tiene pedido. Aunque le han asegurado que percibirá la renta con efectos retroactivos si finalmente resulta beneficiada, ”ella no tiene nada y su problema es el día a día“, asegura su cuñado. ”No tiene explicación que no haya dicho nada la administración en siete meses“, insisten.

Ministerio: “Sabemos que es una prestación compleja”

Dolores suma dolencias frecuentes en un riñón, que le hacen visitar al médico cada cierto tiempo. “Lo que quiero es que esto se resuelva para poder tener algo. No tengo nada. Sé que no es mucho, pero al menos para no estar siempre en vilo si me llega alguna factura o no tener que pedirle dinero a mis hijos”, confiesa.

Fuentes del Ministerio de Inclusión reconocen a este periódico que la gestión del Ingreso Mínimo “es bastante compleja y requiere múltiples datos”. “En la mayoría de casos, podemos extraerlos de otras administraciones públicas, pero a veces faltan datos o son incompletos, y tenemos que requerirles documentación, lo que puede demorar la tramitación”, añaden al respecto.

“Sabemos que es una prestación compleja y en la mayoría de casos se resuelve sin pedir documentación adicional, pero a veces no tenemos acceso a toda la información y necesitamos que los ciudadanos nos lo envíen para poder acreditar los requisitos. En cualquier caso, la petición de documentación por parte de la administración es algo bastante habitual”, indican las fuentes.

Para el cuñado de Dolores, las explicaciones no son suficientes. “En agosto nos piden el certificado de empadronamiento histórico y colectivo, lo mandamos tres días después y hasta el 22 de marzo no hemos tenido información ninguna. Y la información que tenemos ahora es pedirnos de nuevo el mismo documento. ¿Para pedir una especificación tardan siete meses? Es inaudito estar tantos meses desde solicitud y no tenerla resuelta”, lamenta.

Y concluye: “Pongámonos en la situación irreal de que una de las hijas o el hijo hubiera estado empadronado con ella por despreocupación y se hubiera cambiado en octubre de 2019. Qué pasaría entonces, ¿la dejamos sin ayuda? ¿no dicen que este IMV es para ayudar a gente necesitada? ¿Qué quieren decir? Que esos padres que se han quedado parados o en ERTE por la pandemia, por haber estado trabajando el año anterior, no tiene derecho a una ayuda y sí a mendigar? Creo que se ha creado para ayudar, pero tiene la lupa puesta en la creencia de que la gente es ventajista y que va a engañar. No dudo de que haya muchos así, pero en la gran mayoría son necesitados, y creo que están pagando justos por pecadores”.