La empresa municipal de vivienda de Sevilla (Emvisesa) está llevando a cabo un plan para la normalización y regularización de una de sus promociones en Torreblanca en la que se concentra casi el 70% de las ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas producto de una expulsión paulatina de sus legítimos adjudicatarios, según ha informado el Ayumtamiento hispalense.
El consistorio asegura que, en los últimos meses, ha realizado una inversión de más de 200.000 euros en recuperar condiciones de habitabilidad, con graves dificultades para que los empleados pudieran realizar su trabajo, con intervenciones en coordinación con la Policía Nacional por usos irregulares del sótanos en los que se detectaron hasta peleas de gallos y perros de presa.
En ese sentido se ha creado una mesa de trabajo en coordinación con el distrito con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia en el bloque y en su entorno, gravemente deteriorada, asegura el Ayuntamiento. En este bloque se investiga además si se están produciendo por parte de algunos de los ocupantes ilegales llamamientos e incitaciones a la ocupación ilegal de pisos de Emvisesa.
En ese contexto, una mujer ha sido desalojada este miércoles por orden judicial junto a su pareja y a tres hijos de la vivienda de Emvisesa que ocupaban ilegalmente desde febrero de 2016 en Torreblanca, una vez que se ha constatado por parte de los Servicios Sociales que no reúne los requisitos para obtener un informe de excepcionalidad.
El Ayuntamiento indica que se le ha garantizado en todo momento una alternativa habitacional de transición, así como un año de ayudas al alquiler a través de un programa de Emvisesa. Dado su rechazo a cualquier medida, se ha articulado un procedimiento de urgencia para garantizar que, en caso de que así lo quiera, esta persona será realojada en adecuadas condiciones de forma transitoria.
En paralelo a este desalojo se ha firmado el contrato con una familia que ha obtenido el informe de excepcionalidad por parte de la unidad de Torreblanca Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla y que, por tanto, reúne los requisitos para una actuación de urgencia y su acceso a una vivienda.
Se da la circunstancia de que el entorno de la mujer desalojada por orden judicial ha ocupado de forma ilegal en repetidas ocasiones viviendas en esa misma zona. Así, según consta en los informes, su madre y su tía son adjudicatarias legales de dos viviendas en ese bloque. Su hermana ocupó una vivienda en ese mismo edificio que abandonó al obtener un informe de excepcionalidad para realojarse en un piso de la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía mientras que su hermano y su pareja ocuparon otra vivienda en el mismo portal y entregaron las llaves a Emvisesa el día del juicio.
De hecho, la vivienda ocupada por esta persona quedó formalmente vacía el 12 de febrero de 2016 por renuncia de su anterior adjudicatario. En unos días, antes de que los técnicos pudieran realizar las labores de adecuación del inmueble, fue ocupado de forma ilegal por esta persona. Durante este tiempo no ha podido entregarse la vivienda como estaba previsto a una de las familias con informes de excepcionalidad avalados por los Servicios Sociales, según la información que facilita el Ayuntamiento.
En estos momentos, la mujer desalojada tiene en vigor un contrato de seis meses en el Ayuntamiento de Sevilla a través de uno de los programas de contratación extraordinarios por lo que cuenta con ingresos. Asimismo, según consta en los informes tiene todos los suministros enganchados de forma ilegal.
Emvisesa a través de la Oficina Municipal de la Vivienda y de los Servicios Sociales ha evaluado distintas alternativas durante estos meses y ha pedido que de forma voluntaria se acepte alguna de las líneas de ayudas establecidas acordes con su situación económica. Ante el rechazo, y la existencia de personas con informes de excepcionalidad pendientes de una adjudicación, se ha realizado el desalojo por orden judicial garantizando en cualquier caso alternativas para la familia.
El caso de Antonia en Sevilla Este
También en este contexto, según informa el Ayuntamiento a este periódico, se ha iniciado procedimiento judicial por usurpación de una vivienda ocupada de forma ilegal en Sevilla Este hace seis meses cuando se encontraba en trámite de adjudicación del piso fruto de uno de los procesos abiertos durante este mandato.
Este bloque del barrio sevillano es el segundo con un mayor índice de ocupación ilegal de viviendas del parque público, lo que ha provocado graves problemas de convivencia y la salida de legítimos adjudicatarios, detalla el consistorio. Asimismo, también se investiga en este caso si se han podido producir incitaciones o llamamientos a la ocupación ilegal de estos inmuebles.
En los últimos meses se le ha ofrecido a esta persona que ocupó ilegalmente la vivienda una alternativa habitacional transitoria a través de alguno de los programas existentes así como un programa de ayuda al alquiler durante un año en una vivienda. Estas propuestas han sido rechazadas sin que hasta el momento los técnicos de Servicios Sociales hayan estimado que reúna los requisitos para obtener un informe de excepcionalidad que le facilite el acceso a una vivienda social por trámite de urgencia.
En cualquier caso, la Oficina Municipal por el derecho a una vivienda digna y los Servicios Sociales garantizarán la alternativa habitacional de acuerdo a su situación y al criterio que marquen los técnicos de los Servicios Sociales, asegura el Ayuntamiento. La vivienda cuenta con un legítimo adjudicatario en uno de los sorteos realizados en este mandato para poner fin a la existencia de viviendas desocupadas en la ciudad de Sevilla. A través de estos procesos se han llegado a firmar ya casi 500 contratos.
La protagonista de esta historia está preparando una movilización y ha lanzando este mensaje. “Soy Antonia y pido que me acompañen para denunciar la perdida de mi embarazo por culpa del los incumplimientos del señor alcalde. Me desahuciaron de mi casa y me vi obligada a ocupar una vivienda de Emvisesa para no tener a mis hijos en la calle. Hice todo por que se me reconociera una vivienda pública, reuniéndome para denunciar los incumplimientos del gobierno y, cuando fui a la oficina del derecho a la vivienda, la solución era una pensión para dormir y que tirara mis pertenencias. Tal disgusto me ha hecho perder al bebé que esperaba. Nos vemos el viernes 21 a las 11 de la mañana en la puerta de Ayuntamiento”.
Según informa a este periódico el grupo municipal Participa Sevilla, que viene siguiendo la situación de familias que están ocupando pisos de Emvisesa para que se les garantice una solución habitacional y para que no les denuncien por la vía penal, tras una tensa reunión en la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda ella ha perdido el bebé que estaba esperando.
Durante estos días Participa ha seguido el caso de esta pareja, que ya tenía tres hijos (dos de ellos menores), que llevan ocupando una vivienda durante un año después de haber sido desahuciadas. El jueves 13 de julio estaba citada esta pareja en la OMDV para que les confirmaran por escrito cuál iba a ser la alternativa habitacional que el Ayuntamiento iba a ofrecer. A esta cita llegaban después de que José Antonio del Rey, coordinador de alcaldía, se comprometiera el 30 de junio en una reunión en el grupo de Participa Sevilla en la que estaba Cristina Honorato y otra familia en similar situación a ejecutar los compromisos del gobierno.
Según la información de Participa, la alternativa habitacional que les ofrecían era una pensión, a la que no podían llevar todas sus pertenencias y en la que solo se podía alojar por la noche. Además, no les dieron nada por escrito ni de la oferta habitacional que les hacen ni de que van retirar la acusación judicial, como suele realizar cualquier entidad bancaria cuando hay una negociación.
Después de todos los momentos de tensión y de fuertes emociones que se vivieron, Antonia ingresó en el hospital porque estaba sangrando y, horas después, ya el viernes, le practicaron un legrado después de que se hubiera producido la muerte del feto.