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La ola de calor que azota Sevilla esta semana golpea en algunos sitios más fuerte que en otros. Así lo ha querido recordar la plataforma vecinal Barrios Hartos, varios de cuyos miembros se han encerrado este viernes en la sede del distrito de Cerro-Amate en protesta por los cortes de luz que siguen sufriendo continuamente muchas zonas de barrios obreros. Los activistas han insistido en permanecer en el edificio mientras primero la Policía Local y luego la Nacional acordonaban la zona y restringían el tránsito de personas al interior del centro cívico, que se encontraba en funcionamiento cuando llegaron los agentes.
Mientras crecía la presencia policial, las personas que se han encerrado en el edificio (otro grupo ha permanecido fuera) han reclamado poder transmitir sus reivindicaciones a un interlocutor municipal, lo que al final han conseguido al trasladarse los delegados de Barrios de Atención Preferente, José Luis García, y el del distrito Cerro-Amate, José Lugo. Mientras se producía el encuentro, la Policía Nacional se ha llevado detenido a Juan García, portavoz de Barrios Hartos, que ya fue arrestado en una protesta similar hace un par de años.
Un problema con historia
Desde Barrios Hartos han querido recalcar que “no es un problema de ahora, sino que hace 20 años que las infraestructuras, de más de 60, están fallando”, pero que “la situación en los últimos cinco se ha vuelto insostenible”. Pese a que la auditoría realizada por el Gobierno andaluz ha concluido que los cortes no se deben a la falta de potencia de la red, en línea con la tesis que defiende la compañía Endesa, desde la asociación se cifra en 40.000 los ciudadanos afectados. Asimismo, insisten en que “es un asunto serio, se conocen ya cinco fallecimientos de personas que necesitaban de respiradores por culpa de los cortes de luz”.
Desde la plataforma se ha insistido en la urgencia de modernizar las infraestructuras por parte de Endesa. En su protesta, los activistas han acusado al Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y hasta al Defensor del Pueblo de “tener las puertas cerradas para los vecinos”.
Acusan al Ayuntamiento de “ponerse de parte de la empresa” y han afeado al gobierno de José Luis Sanz que “en la Feria no tardaron tanto en poner generadores por si acaso”, después de que el año pasado se produjera un corte de suministro. Desde el movimiento reclamaban la atención directa de algún representante político, a poder ser el alcalde o el delegado de Movilidad, José Lugo, también responsable del distrito. Finalmente, han sido el propio Lugo y José Luis García, delegado de Barrios Preferentes, los que se han reunido con los encerrados, emplazándose a una reunión para horas después.
La Policía como respuesta inicial
El encierro, que comenzó a las 10.30 horas, se ha prolongado durante toda la mañana. Al poco de empezar, seis agentes de la Policía Local acudían al centro cívico y minutos después hasta cinco furgonetas de la Policía Nacional, incluido un contingente de la UIP, se movilizaban para blindar el acceso al edificio y sus alrededores. De paso, conminaban a los medios de comunicación a abandonar el patio de la sede del distrito.
La restricción del acceso ha interrumpido los servicios del centro cívico, que hasta ese entonces había funcionado con normalidad, por lo que los ciudadanos que acudían allí a realizar sus trámites se toparon con la imposibilidad de hacerlo. Pese a que hacia el final de la mañana el servicio se ha reanudado, durante horas se han producido rifirrafes entre los vecinos que querían acceder a las instalaciones y los manifestantes, aunque era la policía la que blindaba la entrada.
La intervención final ha tenido lugar mientras se daba la reunión entre los representantes del Ayuntamiento, cuando en el exterior del edificio los agentes han detenido al portavoz de Barrios Hartos, Juan García. Desde la plataforma se sostiene que la acusación de la policía es la de “haber usado la violencia para entrar en el edificio”, pese a que la manifestación en ningún momento ha incumplido las normas de convivencia ni ha manifestado conductas incívicas.
“No vamos a ceder”
El portavoz de Adelante Andalucía y diputado autonómico José Ignacio García, se ha trasladado también hasta el lugar para mostrar su apoyo y “la suscripción total del partido a la causa y la protesta pacífica que llevaba a cabo Barrios Hartos”. García ha querido dejar claro que harán llegar al gobierno autonómico la situación de estos barrios, y ha dejado caer que “ni en las casas de los concejales ni en los pisos turísticos se producen estos cortes de luz”.
Barrios Hartos, por su parte, ha insistido en lo perenne de su lucha, y han aludido al debate político que culpa de los cortes de luz a los enganches ilegales para el cultivo de marihuana. Han querido dejar claro que los barrios obreros “no tienen nada que ver con la delincuencia”, y que “se usa el estigma para normalizar un maltrato a la clase trabajadora”. De paso, los activistas han querido dejar claro que “no van a ceder” ante un sistema que “les quita la luz y los derechos”.