La Fiscalía de Sevilla ha archivado las diligencias de investigación penal que había iniciado a raíz de una denuncia ciudadana por los cortes de suministro eléctrico en Polígono Sur, presentada el pasado 7 de junio, pero al tiempo advierte de “la problemática social derivada por los cortes de suministros de energía eléctrica es aguda y persistente hasta alcanzar cotas de cronicidad”.
El decreto de archivo señala que las actuaciones emprendidas por diversas instancias (Comisionado de Polígono Sur, Defensor del Pueblo de Andalucía, Ayuntamiento, Subdelegación del Gobierno) “no han dado los resultados apetecidos” y “no constan actuaciones inspectoras al respecto”, por lo que “no puede descartarse que existan incumplimientos por parte de Endesa. Por eso, ”procede deducir testimonio de las presentes diligencias para su remisión al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, así como a la Consejería de Industria, Comercio y Minas de la Junta de Andalucía para que evalúen la procedencia de actuaciones inspectoras y demás que resulten procedentes“.
El colectivo de 18 vecinos denunció los graves problemas de los vecinos debido a los constantes cortes de suministro eléctrico que recurrentemente y desde hace años se vienen produciendo en esta zona por parte de la compañía Endesa, con los consecuentes perjuicios económicos, sociales y de seguridad para los vecinos, lo que atribuyen al pobre estado de la red de distribución por la falta de inversión y de mantenimiento de instalaciones, entendiendo que esas situaciones pudieran ser constitutivos de ilícito penal solicitándose además que se activen mecanismos de protección realizándose intervenciones que permitan poner término a la situación que padecen.
“Examinada la documentación presentada no se aporta un principio de prueba en que el que se apoya dicha aseveración”, considera el fiscal jefe, que señala que “los denunciantes además advierten que las explicaciones de fraude masivo -que lo vinculan en muchas ocasiones a la proliferación de plantaciones indoor de marihuana- son meras estrategias de autojustificación por parte de la distribuidora para minimizar sus propias responsabilidades”. “Sin embargo es un hecho que no dejan de producirse intervenciones policiales de este tipo de plantaciones, que son foco de enganches ilegales y que exigen abundante suministro de energía eléctrica”, apunta el escrito.
Esas “sobrecargas hacen que ”actúen las protecciones de los centros de transformación o que se quemen líneas subterráneas o incluso centros de transformación afectando a los vecinos de las zonas próximas“, añade el fiscal jefe, que apunta ”cada vez que se funde un fusible por la sobrecarga de la red hay que reponerlo para poder recuperar el suministro, pero para realizar el cambio hay que esperar a que el centro de transformación baje de temperatura, lo que retrasa la recuperación del suministro afectando al conjunto de vecinos“.
Argumenta el fiscal jefe que la vulneración de derechos fundamentales y en general derechos constitucionales puede ser objeto de tutela penal pero “en ningún caso los denunciantes precisan elementos configuradores de tales delitos, ya que lo más que se llega a asegurar es que la frecuente interrupción de suministro de energía eléctrica se corresponde con un deficiente programa de inversiones y de mantenimiento por parte de la entidad suministradora y distribuidora, lo que impide el encaje de dichos cortes de suministros en los tipos penales referenciados”.
“La invocación de derechos constitucionales y especialmente fundamentales permite a los solicitantes presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales en los órdenes contencioso administrativo y en su caso civil. Tal fue el cauce elegido por otro colectivo de afectados por los cortes, que reclamaron en el orden contencioso administrativo solicitando medidas cautelares que les fueron estimadas judicialmente, logrando el restablecimiento del suministro eléctrico”, dice la Fiscalía en relación a este caso.
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