Un ataque en toda regla contra el ecosistema del Guadalquivir. Eso es lo que aseguran que va a suponer para el río las nuevas autorizaciones de vertidos de proyectos mineros, una situación que investigadores de la Universidad de Sevilla han querido “denunciar ante la ciudadanía” con un “llamamiento a las autoridades” que dé la voz de alarma. Para ello, han presentado dos informes que recogen “aspectos clave que se han obviado” al conceder las licencias, a la vez que han advertido sobre el impacto ambiental cuando “todavía no se han cuantificado los daños del último vertido tóxico”.
El escenario para esta denuncia ha sido la jornada científica El estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros, celebrada en la Facultad de Geografía e Historia, en la que Jesús Castillo (catedrático de Ecología) y Félix Talego (profesor de Antropología) han recriminado a las autoridades competentes –Junta de Andalucía, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Demarcación de Costas– no haber propuesto un comité como sí se hizo en los casos de la balsa de fosfoyesos en Huelva o el dragado de profundización del Guadalquivir
En este sentido, Jesús Castillo ha calificado de “insuficientes” los informes presentados por las empresas mineras (Los Frailes y Cobre Las Cruces), además de recalcar la importancia de los estudios presentados este jueves como una voz especializada. Asimismo, ha denunciado la ausencia de evaluaciones independientes en el proceso de licitación y autorización, por lo que ha pedido “sentarse a negociar para llegar a acuerdos”.
Félix Talego ha insistido por su parte en que la única documentación admitida por la Junta ha sido por parte de los interesados económicamente en las explotaciones. Además, ha querido recordar que, para proyectos de esta envergadura, debe contarse con la “participación informada de los actores potencialmente afectados: el sector turístico, agroganadero y pesquero como mínimo”. Talego ha aludido al convenio Aarhus, del que el Gobierno de España forma parte, para insistir en la necesidad de estos procesos de participación activa, y ha afeado a las autoridades el menoscabo a una comunidad científica que se ha “enterado de casualidad” de las actuaciones en el estuario.
Con respecto al estado del estuario, Castillo ha querido recalcar que cada compañía presenta “su propio informe”, por lo que se obvian los efectos “acumulativos o sinérgicos” que se dan en ese tramo del Guadalquivir como conjunto. Una falta de perspectiva que achaca a la “inacción” de la Junta, que “no ha avisado a las empresas de estas injerencias”. Además, el catedrático ha subrayado factores que no se han tenido en cuenta para estos informes, como el proyecto ya aprobado de aumento del caudal del Canal de los Presos o la construcción de un sifón por debajo del río para regar la orilla derecha del Guadalquivir, iniciativas que disminuirán la cantidad de agua que recorre el estuario.
En su intervención, Félix Talego también ha querido hacer referencia a la ponencia de Julia Navarro, miembro del equipo de la investigación, que advierte de la “frontera de la minería” o cómo el auge de la extracción minera en Andalucía “puede deteriorar significativamente las arterias hídricas de la tierra”. Igualmente, dañaría “su capacidad para proporcionar los servicios ecosistémicos básicos para las actividades económicas y el consumo humano”.
Otro de los puntos en lo que los informes presentados han querido hacer énfasis es en la falta de estudio sobre el vertido de Boliden de 1998 en Aznalcóllar: “Aún no se conocen los efectos totales que tuvo”. Además, ha señalado que la cadena trófica podría haberse visto afectada, ya que “las plantas del estuario absorbieron metales pesados que sirvieron de alimento para miles de cabezas de ganado en los alrededores”. El estudio presentado asegura que la contaminación podría estar afectando de esta manera al consumo humano o especies en peligro de extinción como la nutria.
Talego se ha dirigido duramente al Gobierno andaluz al recordar el Corredor Verde del Guadiamar, que afirma que “forma parte del discurso de la Junta” sobre desastres ecológicos para dibujar una “restauración ideal”. En este sentido, ha lamentado que este enfoque “crea la imagen de que todo es recuperable”, por lo que ha acusado a la Junta de usar esta publicidad para “promover su discurso prominería”.
Como conclusión a los estudios presentados, los investigadores han querido hacer un llamamiento al “Principio de Precaución” que rige la legislación medioambiental y han instado a la Junta a no continuar con las autorizaciones de la actividad minera en este escenario. De paso, han pedido a revertir aquellos proyectos que ya tienen luz verde como el de Cobre Las Cruces, ya que el de Los Frailes (que reactivará la antigua mina de Aznalcóllar) todavía no cuenta con todos los permisos necesarios.
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