El grupo de estudiantes que protagonizaba un encierro junto al despacho del rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, en demanda de una absoluta ruptura de relaciones con Israel por la prolongada ofensiva militar de las tropas de dicho país en la franja de Gaza, con miles y miles de fallecidos en respuesta al ataque inicial del grupo terrorista Hamas sobre población hebrea, ha levantado finalmente la movilización al considerar alcanzados sus objetivos.
Uno de los portavoces del colectivo ha informado de que el grupo de estudiantes protagonistas de esta movilización, “entre 15 y 20 personas”, ha resuelto levantar el encierro la mañana de este jueves tras acordar una nueva mesa de negociación con el Consejo de Dirección.
Ya el pasado martes, el Consejo de Dirección de la UPO, siguiendo las recomendaciones adoptadas por la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) el 9 de mayo de 2024, ratificadas en el mismo día por la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), acordó “no formalizar los convenios de movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios con las universidades israelíes Levinsky College of Education y Hebrew University of Jerusalem, dentro del marco de los acuerdos bilaterales de movilidad Erasmus + K171”.
Además, la institución académica decidía “no renovar el convenio con The Hebrew University of Jerusalem, actualmente caducado” y “no firmar nuevos acuerdos, ni participar en nuevos proyectos internacionales de cooperación académica e investigación con universidades israelíes”; así como “intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino y ampliar los programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada” en la franja de Gaza.
Tras conocer estos compromisos, los estudiantes de la UPO por Palestina decidieron trasladar la protesta al interior del edificio del Rectorado al entender que los acuerdos adoptados por el Consejo de Dirección eran “insuficientes”. En concreto, lo consideraron una “réplica” de las recomendaciones adoptadas por la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y exigieron un comunicado “consensuado” con la comunidad universitaria y que rechace el genocidio “con más contundencia”.
La UPO también pide que el Estado de Israel “respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria que pueda proveerse para cubrir la emergencia de su población civil, y que se articulen las medidas que correspondan por parte de las instancias internacionales para acometer lo antes posible la reconstrucción y recuperación del territorio palestino”.
Más allá de romper relaciones con instituciones israelíes y pedir al Estado de Israel que “respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria”, los estudiantes de dicho encierro reclamaban también “el fin de la colaboración anual con la OTAN en la clínica jurídica y el fin de los convenios con el Banco Santander, entidad que financió asentamientos israelíes en tierras ocupadas”.
Un punto que para la institución académica es “innegociable” en la medida en que supondría perder 360.000 euros al año destinados a becas y ayudas al estudiantado en materia de comedor o transporte, como señaló a SevillaelDiario.es Laura López de la Cruz, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones de la UPO.
A la espera que se celebre la nueva mesa de negociaciones, la acampada iniciada hace días en el campus de la UPO “sigue adelante”.
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