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La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha comenzado este martes el juicio promovido contra los exalcaldes socialistas de Los Palacios y Villafranca Emilio Amuedo y Antonio Maestre, así como contra una mujer como interventora municipal, por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación derivado de una ayuda de 750.000 euros recibida por el Ayuntamiento palaciego con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos, de la que se nutría la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Así, en el banquillo de los acusados se han sentado Emilio Amuedo Moral, alcalde de Los Palacios hasta marzo de 2004; Antonio Maestre Acosta, alcalde desde junio de 2004 hasta 2011; y Trinidad Rodríguez Velasco por su papel como interventora municipal.
Emilio Amuedo ha reconocido que en marzo de 2003, como alcalde de Los Palacios, firmó un “protocolo de intenciones” con Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, condenado por el “procedimiento específico” de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y carentes de publicidad y fallecido en 2020; para que la Administración andaluza apoyase económicamente el proyecto planeado por el Ayuntamiento para levantar un centro ecuestre en la localidad.
Según ha rememorado, por aquel entonces estaba contactando con responsables de las delegaciones provinciales de las consejerías de Empleo, Deportes o Cultura, en busca de apoyo económico para el proyecto y alguien que no alcanza a recordar le comentó que la Dirección General de Trabajo contaba con “ayudas puntuales”. Tras ello, según ha relatado, contactó con Francisco Javier Guerrero, este le respondió que “pudiera ser” que hubiese fondos para un proyecto de esa naturaleza y después este le telefoneó para comunicarle que la Junta “tenía un protocolo y punto”.
Como consecuencia de ello, según la Fiscalía, Emilio Amuedo y Guerrero firmaron un protocolo para que la Junta inyectase una “ayuda excepcional” de seis millones de euros al Ayuntamiento palaciego, para la construcción de un centro ecuestre según un “plan de viabilidad” que “no consta” en dicho protocolo; si bien este exalcalde ha asegurado en el juicio que el Consistorio sí entregó dicho estudio de viabilidad a la Junta.
Tras aquella firma, según ha dicho, él no hizo más gestiones, porque Guerrero le “dijo que el dinero iba a llegar”. “Yo estaba hablando con un director general de la Junta”, ha alegado el exalcalde, explicando que un cargo autonómico de ese rango “tenía infinitamente más capacidad de control” que un responsable municipal y por eso confió en él, toda vez que la Fiscalía avisa de que Guerrero carecía de competencias para ello.
EL “DICHOSO PROTOCOLO” DE 2003
Es más, Amuedo ha dicho que antes de firmar el “dichoso protocolo” en su despacho de Alcaldía, ni siquiera revisó el documento, elaborado por la Dirección General de Trabajo, pues “era la Administración (autonómica) la que iba encauzando qué había que hacer”.
Precisamente por eso, según ha asegurado, él no tuvo ningún papel en el convenio firmado posteriormente por Guerrero como director general de Trabajo con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), para que el mismo pagase más de 901.000 euros al Ayuntamiento de Los Palacios para el citado proyecto, con cargo a la partida 31L de los presupuestos andaluces, toda vez que posteriormente, según la Fiscalía, el Ayuntamiento recibió “tres pagos por importe total de 750.000 euros”.
Más al detalle, en 2004 recibió 50.000 euros cuando Emilio Amuedo era aún el alcalde y ya en 2005, con Antonio Maestre como primer edil, obtuvo sendos pagos de 200.000 y 500.000 euros, siempre “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” para las ayudas públicas, según la Fiscalía, al no responder a ninguna base reguladora, no cumplir los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad ni ser acreditado el carácter “excepcional” supuestamente esgrimido.
En ese sentido, Emilio Amuedo ha manifestado que no recuerda que como alcalde ordenase pago alguno con cargo a los citados 50.000 euros, exponiendo que él dejó el cargo de alcalde pocos días después de que en febrero de 2004 el Ayuntamiento recibiese ese dinero.
MAESTRE DICE QUE LA JUNTA NO “ESPECIFICÓ” EL DESTINO
En el caso de Antonio Maestre, sucesor de Amuedo en la Alcaldía, ha manifestado que los pagos de 200.000 y 500.000 euros realizados por la Junta al Ayuntamiento palaciego durante su etapa al frente del mismo fueron ingresados en una de las cuentas bancarias dedicadas a la gestión “cotidiana” de los asuntos municipales y que la Administración andaluza no “especificó” que se tratase de fondos concretos para el proyecto del centro ecuestre.
Los fondos, según ha defendido, fueron ingresados por la Junta al Ayuntamiento con el mero “concepto de ayuda económica”, explicando que dicho dinero fue destinado a sufragar “el día a día” del Consistorio, siempre a “gasto público”, según ha insistido.
En ese sentido, ha manifestado que él conocía el proyecto del centro hípico y lo veía como “una oportunidad” para Los Palacios, si bien para él, como alcalde, en ese momento tal proyecto “no era la prioridad” porque en la localidad había “otras necesidades” más importantes que satisfacer a cuenta de la alta tasa de paro y otros problemas sociales.
Si como alcalde remitió a la Junta el documento de proyecto básico del centro ecuestre unas semanas antes de que el Ayuntamiento recibiese la primera partida de 200.000 euros fue “porque lo pediría la Dirección General de Trabajo” y él se habría limitado a firmar “un documento entregado por los técnicos” municipales con destino a dicho departamento autonómico, según ha asegurado; insistiendo en que en el ingreso de 200.000 euros por parte de la Junta no figuran menciones al citado proyecto.
“Yo firmaba 6.000 o 7.000 decretos al año”, se ha encogido de hombros, insistiendo en que el dinero fue siempre destinado al “gasto público” del Ayuntamiento, precisando además que él tenía delegada en su gobierno local la firma de las órdenes de pago.
ACUSA DE “DESPROPÓSITO” A LA JUNTA
En ese sentido, Antonio Maestre ha admitido que le “extrañó” que la Junta no hiciese un “seguimiento” de cómo el Ayuntamiento administraba los fondos autonómicos asignados, pero ha alegado que él estaba entonces centrado en la gestión municipal, criticando el “despropósito de la Junta” a la hora de actuar con este dinero cuya devolución “nunca” le fue requerida.
Para la Fiscalía, Emilio Amuedo y Antonio Maestre, como alcaldes, eran “plenamente conscientes de la falta de cumplimiento de la legalidad”, asegurando que Maestre, sin “intención en ningún momento” de dedicar los fondos al proyecto del centro ecuestre, dio al dinero público “destinos que no han resultado debidamente acreditados y que nada tienen que ver” con el protocolo de 2003; toda vez que la entonces interventora municipal “no puso reparo alguno, permitiendo la utilización de los fondos públicos sin sujeción al procedimiento legal”.
Así, la Fiscalía atribuye a los tres acusados un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación, solicitando para cada uno de ellos seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta; así como que conjuntamente, resarzan a la Junta con 750.000 euros.