El exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Manuel Gómez Lobo ha reconocido que, junto con Domingo Enrique Castaño, exasesor socialista, recibió una partida de 30.000 euros por parte de la empresa Fitonovo que “entró” en las arcas del PSOE porque ambos lo entregaron. Después ha asegurado, por contra, que no entregaron cantidad alguna: “Tengo 80 años. Hace 19 años de eso, no lo puedo recordar”. Gómez Lobo ha asumido nueve meses de prisión, más una multa e inhabilitación especial, en virtud de un acuerdo de conformidad previo al juicio. Una decena de personas ha reconocido los hechos de los que vienen siendo acusados.
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes, según lo previsto, el juicio derivado de la investigación de las supuestas comisiones ilegales que habrían mediado en los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla a la empresa Fitonovo, causa en la que figuran como acusados los exportavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, el exconcejal del PP Joaquín Peña, el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño y funcionarios municipales como el ya exjefe del servicio municipal de Parques y Jardines Francisco Amores.
En febrero de 2019, el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación de los contratos adjudicados a Fitonovo por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales; acordó abrir juicio en esta pieza separada de la macro causa contra el mencionado funcionario municipal Francisco Amores; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa Francisco Luis Huertas; el capataz del servicio de Parques y Jardines Manuel Pineda Cabanilla; el exconcejal del PP Joaquín Peña; los exportavoces municipales de IU José Manuel García y Antonio Rodrigo Torrijos, este último otrora primer teniente de alcalde; el antiguo asesor de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona; y los empresarios o representantes de empresas José Gutiérrez Alonso, Alfonso Lozano, Juan Antonio Salas y Juan José López Collado.
En el auto de apertura de juicio oral, atribuía un presunto delito continuado de prevaricación más otro delito continuado de cohecho a los tres citados miembros de IU, cinco delitos continuados de cohecho activo cometido por funcionario a Amores, Castaño, Gómez Lobo, Peña y Huertas, un solo delito de esta misma naturaleza a Pineda Cabanilla, dos delitos de cohecho activo cometido por particular a Gutiérrez Alonso y López Collado; cinco delitos de tráfico de influencias cometido por funcionario a Amores, Castaño, Gómez Lobo, Peña y Huertas, y dos delitos de tráfico de influencias cometido por un particular a los empresarios Lozano Pastrana y Juan Antonio Salas Romero.
El instructor atribuía la condición de partícipes a título lucrativo al PSOE y a IU, por beneficiarse supuestamente de 159.839,36 y 155.000 euros, respectivamente, ya que ambas formaciones políticas, con las maniobras de los imputados, “consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)”.
Acuerdos de conformidad
Al comienzo del juicio, en la fase de cuestiones previas, el fiscal del caso ha anunciado una serie de acuerdos de conformidad alcanzados con las representaciones de los acusados Francisco Amores, Domingo Enrique Castaño, Manuel Gómez Lobo, Francisco Luis Huertas, Antonio Ruiz Carmona, Manuel Pineda Cabanilla, Alfonso Lozano, Juan Antonio Salas, Juan José López Collado y José Gutiérrez Alonso, retirando la acusación en este último caso y apreciando respecto a los demás las atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y de reparación del daño e incluyendo la suspensión de las condenas.
Ello, según el fiscal, “en aras a evitar que la solución” del caso derivase en recursos de casación y que la Justicia “responda más de 20 años después de los hechos”.
Así, todos estos acusados han comparecido para reconocer los hechos recogidos en el acuerdo de conformidad alcanzado con el fiscal, cohecho y tráfico de influencias, según cada caso; asumiendo su “responsabilidad” y aceptando las condenas, con lo que por ejemplo Amores, Huertas y Gómez Lobo han asumido nueve meses de prisión, más una multa e inhabilitación especial, o Antonio Ruiz Carmona seis meses de cárcel, si bien como ha sido señalado, el pacto implica la suspensión de tales condenas.
También en la fase de cuestiones previas, la defensa de José Manuel García ha alegado la supuesta prescripción de los hechos, argumentando que la “fecha cierta” y objetiva de los hechos es la del 13 de abril de 2009 como día de la adjudicación a Fitonovo de la instalación de césped artificial en once campos municipales de fútbol, toda vez que no fue hasta el 20 de noviembre de 2014 cuando comenzó la “acción penal” contra este exedil de IU, en un contexto en el que en abril de ese año habría “transcurrido ya el plazo de cinco años” de prescripción del delito de cohecho.
Además, ha solicitado incorporar certificados de que García “nunca ha ostentado responsabilidad de financiación” en IU ni tenía “firma autorizada” en las cuentas del partido, salvo en el caso del Grupo municipal, en el que no obstante “no firmó” documento alguno.
La defensa de Torrijos alega prescripción
La abogada defensora de Rodrigo Torrijos ha expuesto la “inocencia” de este encartado, alegando igualmente la presunta prescripción de los supuestos hechos, considerando que “la legislación aplicable” en un presunto delito de cohecho como el sujeto a juicio implicaría “un delito menos grave que prescribiría a los tres años”, toda vez que “el último contrato” con Fitonovo investigado fue formalizado en julio de 2011 y el que fuera primer teniente de alcalde no fue citado por la Guardia Civil y la juez instructora Mercedes Alaya hasta noviembre de 2014, con lo que “el tiempo (de prescripción) se habría rebasado y la ”responsabilidad penal“ debe ser declarada como ”extinguida“.
También ha pedido incorporar certificados municipales según los cuales Antonio Rodrigo Torrijos “no fue miembro de la mesa de contratación” encargada de la adjudicación de los contratos investigados; así como documentos de IU según los cuales tampoco tenía “responsabilidad en las finanzas” del partido.
La representación de IU ha participado también en la fase de cuestiones previas, negando que la formación recibiese “cantidad alguna procedente” de Fitonovo ni tuvo “beneficio ninguno”, agregando que dado que los supuestos pagos se habrían producido en marzo de 2010 y febrero de 2011 y el partido no fue incorporado a la causa hasta 2019, los hechos también habrían prescrito con relación a la organización de izquierdas.
El fiscal del caso ha manifestado por su parte que no comparte los “criterios de prescripción” alegados por las partes ya mencionadas, avisando de que hay elementos en la investigación “posteriores a 2011” y que aunque un contrato sea adjudicado en una fecha, tiene un “desarrollo” posterior y una ejecución a lo largo del tiempo.
La presidenta del tribunal, finalmente, ha manifestado que el mismo debe “ser cauto”, con lo que ha declinado pronunciarse sobre la supuesta prescripción en esta fase de cuestiones previas, anunciando así que el asunto será resuelto en la sentencia. Y es que según ha precisado, el delito de cohecho también prevé un “recorrido penal” para la inhabilitación especial que “supera con creces el instituto de la prescripción” esgrimido durante esta sesión.