INVESTIGACIÓN
Condenó a muerte a Julián Grimau, pero era un impostor. Manuel Fernández Martín (Badajoz, 1915 – Madrid, 1982) actuó como ponente del tribunal que juzgó al dirigente comunista esgrimiendo el título de licenciado en Derecho que nunca obtuvo. El expediente académico del falso abogado, que desvela en exclusiva SevillaelDiario.es, revela que solo aprobó tres asignaturas en la Universidad de Sevilla en 1933 y demuestra el fraude de este ponente militar al que la dictadura de Francisco Franco premió con un último servicio: llevar al dirigente comunista Grimau ante el pelotón de fusilamiento.
El falso abogado engañó a Franco durante casi 30 años. El estafador usó un certificado de “conducta intachable y afecto al régimen” que pidió tras la guerra civil al Colegio de Abogados de Cáceres y añadió una frase al documento: “Y está matriculado en este colegio de abogados”. Un solo papel como pasaporte a la carrera judicial. Y cuando alguien pedía su expediente académico –que ahora muestra este periódico– decía que se había quemado en la guerra.
Fernández Martín fue un actor principal en miles de Consejos de Guerra que acabaron en muchos casos en pena de muerte, la mayoría ejecutadas, y largas penas de cárcel contra presos políticos antifranquistas. En estos juicios sumarísimos trabajó como fiscal y vocal-ponente, una figura que requiere ser licenciado en Derecho, según el Código de Justicia Militar, y tiene la doble misión de preparar la resolución que dicta el tribunal y asesorar legalmente a sus miembros.
El ponente militar destacó así en la aplicación de la ley de Responsabilidades Políticas de 1939, la estructura jurídica franquista usada para reprimir y castigar a los “enemigos” del régimen dictatorial. Como fiscal militar especializado extendió el timo, por tanto, a centenares de procesos que tuvieron lugar entre 1940 y 1964 en Madrid, Ávila, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Segovia y Ocaña (Toledo).
El más conocido fue el juicio a Julián Grimau, miembro del Partido Comunista de España (PCE) ejecutado a tiros el 20 de abril de 1963. El fusilamiento tuvo una fuerte repercusión internacional. La acusación por un supuesto delito de rebelión militar continuado acarreó la pena de muerte. El ‘caso Grimau’ es el último Consejo de Guerra del aparato judicial bélico impuesto por los golpistas, el último asesinado por Franco con la coartada de la guerra.
En 1979, postrado en la cama a punto de someterse a una operación, Fernández concedió una entrevista por teléfono a un periodista, que reprodujo en 2022 el medio Canarias Semanal. En ella aseguraba que no se arrepentía de su decisión y que, con los mismos datos de entonces, volvería a dictar la sentencia a muerte. “Grimau no aludió para nada al Partido Comunista en los momentos últimos de su muerte y su grito final no fue un ¡viva el comunismo!, sino un ¡viva la República! ¿Que si estaba desilusionado del comunismo? Puede, no sé, la verdad; pero lo cierto es que es un caso extraño, envuelto en el misterio más absoluto desde el principio: el hecho de cómo se produce la detención, todo es muy raro, allí tuvo que haber un soplo desde muy arriba”, dijo entonces.
El expediente escolar de Manuel Fernández Martín demuestra su prolongada estafa. El falso abogado solo estuvo matriculado los cursos 1932-33 y 33-34 en la Facultad de Derecho hispalense, como evidencia la certificación académica personal custodiada en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (US), a la que ha tenido acceso este medio.
El hombre afrontó cinco asignaturas el primer año y obtuvo un sobresaliente en Derecho Penal y un aprobado en Economía Política en la convocatoria de junio por un notable en septiembre en Hacienda Pública. Nunca se examinó de Derecho Romano y Derecho Civil Conjunto. Al siguiente curso repitió con estas dos últimas materias y añadió Derecho Canónico y Derecho Político Español Comparado. Todas constan “sin examen” en la documentación académica.
En la citada entrevista, le recuerdan que “le juzgan por venir actuando en los tribunales militares cuando en realidad no tenía el título de Derecho”, y él trata de explicarse: “Cuando en la guerra me movilizaron, solicitaron que me incorporara al cuerpo jurídico; yo no pedí ingresar en él, no. Aunque en aquellos momentos no era necesario tener completa la carrera, sólo estar estudiándola. Y si ingresé en la escala honorífica del cuerpo jurídico es porque pidieron a la Facultad de Derecho de Sevilla la correspondiente documentación académica. De eso ya le digo habría mucho que hablar, pero mucho. Quizá, cuando salga del hospital pueda explicarle personalmente más cosas”, sentenció.
La hoja de servicios de Fernández Martín acredita más de 27 años de labor judicial –desde el 1 de julio de 1936 al 30 de abril del 64–, 25 de ellos como oficial honorario auditor del Cuerpo Jurídico-Militar y de la Fiscalía Jurídico Militar en las Auditorías de Guerra de la Primera y Segunda Región Militar, según la biografía de la Real Academia de Historia. En su carrera sumó miles de juicios con centenares de condenas a muerte.
Se le atribuye una macabra broma, reincidente en estos procesamientos contra “rojos”, que incitaba a los bedeles de la sala a gritar a las familias de los presos: “¡Que pase la viuda del acusado!”. Manuel Fernández también fue procurador en Cortes en las legislaturas de 1947, 1949 y repitió en las elecciones de 1961. En el archivo del Congreso de los Diputados aparece como profesión “Abogado - Cuerpo Jurídico Militar - Comandante Auditor”.
Hasta que se descubrió el pastel. El timo era de algún modo un secreto a voces y el Consejo Superior de Justicia Militar abrió la causa 1/1964 contra el Comandante Auditor Honorífico “por distintas actividades presuntamente delictivas”. El estafador que mató a Grimau acabó siendo juzgado y condenado en 1966 a un año y seis meses de prisión por “usurpación de funciones”, pero “con atenuante de no haber tenido intención de producir un daño de tanta gravedad”, según la sentencia.
La investigación al falso abogado arranca poco después del asesinato del político comunista. El primer requerimiento procesal del expediente al que ha tenido acceso este periódico tiene fecha de 18 de noviembre del 63. El Juzgado Especial Militar de la 1ª Región Militar (Madrid) ordena –el 6 de abril del 64– “que con la máxima urgencia se remita” el historial académico para lograr “noticias ciertas del resultado que arroje el examen del expediente escolar del presunto inculpado”.
La Facultad de Derecho responde “que en los antecedentes que obran en esta Secretaría existe un tal don Manuel Fernández Martín” matriculado “en los cursos 1932-33 y 1933-34 no presentándose a ningún examen en este último y sin que se tengan más antecedentes”. La Universidad hispalense remite los archivos desde 1931 “hasta la terminación de la Guerra de Liberación”. Más tarde alarga la indagación hasta el ejercicio 1949-50 sin que haya más noticias del impostor.
El Colegio de Abogados de Madrid ya había preguntado a la Facultad sevillana el 24 de octubre de 1962 –meses antes de fusilar a Grimau– si el fiscal impostor había cursado la carrera. Y cuestionaba que, “caso afirmativo, si le ha sido expedido el título de Licenciado en Derecho por la Universidad de esa capital”.
La condena a muerte de Julián Grimau significó una especie de ‘broche de oro’ a la carrera, falsa desde su origen, de Manuel Fernández Martín, que actuó con el papel determinante de ponente en el juicio. La detención tuvo lugar el 7 de noviembre de 1962, cuando el político comunista viajaba en autobús acompañado solo por otros dos pasajeros que resultaron agentes de la Brigada Político Social, la policía política secreta que perseguía y reprimía los movimientos de la oposición a la dictadura de Franco.
Quedó detenido en la Dirección General de Seguridad, hoy sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y en la sala de tortura fue sometido a maltrato. Sufrió graves lesiones al caer por una ventana al patio interior del edificio. El propio Grimau denunció a su abogado que había sido arrojado por sus interrogadores. El ministro de Información franquista, Manuel Fraga, defendió que había recibido un trato “exquisito” y que fue él mismo el que se tiró al vacío. El juez aceptó que había sido un intento de suicidio.
Al militante del PCE se le imputaban delitos de tortura y asesinato durante la guerra civil y de “rebelión continuada”, aunque se exilió en 1939. La causa regateó la presión internacional y la propia creación del Tribunal de Orden Público (TOP) que dejaba atrás la arquitectura jurídica y represora nacida del conflicto bélico. El Consejo de Ministros presidido por Franco ya había dado vía libre al proceso, garantizando así la pena capital.
La condena a muerte quedó ejecutada en la madrugada del 20 de abril de 1963. En los años 60, Estados Unidos había consumado su apoyo internacional a la dictadura de Franco, España se enganchó al momento de expansión de la economía mundial, avanzó la industrialización, se abrió al turismo masivo y dio sus primeros pasos hacia el destape. Ese abril del 63, las balas del pelotón de fusilamiento acabaron con la vida del militante del PCE, rematado con tiros en la cabeza. Grimau se convirtió de este modo en el último preso político juzgado y condenado por la guerra. Y en una suerte de regalo al final de la carrera falseada del estafador que engañó a Franco.
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