El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado a declarar a Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, tras una denuncia de la Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente relacionado con la detracción ilegal de aguas en Doñana. La empresa implicada (Eurotecnia Agraria, vinculada a la Casa de Alba) ha desligado por su parte a la aristócrata de la gestión de la entidad y ha asegurado que la extracción de agua “en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG”, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a EFE de que la denuncia se dirige contra esta entidad y contra la persona representante legal de la misma. De momento, las referidas fuentes no han concretado la fecha de la próxima citación como denunciada de Eugenia Martínez de Irujo, que figura en el organigrama de la referida mercantil como presidenta del consejo de administración.
La denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles y que ha avanzado El País, explica que los hechos denunciados han tenido lugar en tres parcelas pertenecientes a la denominada finca Aljóbar (de 104, 62 y 53,35 hectáreas cada una) del término del municipio sevillano de Aznalcázar. Los ocho pozos supuestamente clandestinos que explota la entidad vinculada a la Casa de Alba extraen agua de la masa subterránea denominada Aljarafe Sur, cuyo territorio se encuentra en el sistema de explotación de recursos 'SE-1 Guadiamar'.
La finca posee autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para riego mediante un pozo para 200 hectáreas de naranjos y tiene asimismo autorizado otro pozo para uso doméstico. Ambos pozos autorizados han de cumplir las oportunas condiciones de uso, como tener instalado un contador para así controlar el volumen de agua consumida.
Según recoge la denuncia fiscal, fechada a principios del pasado septiembre, en una inspección en mayo de este año de la Guardia Civil y de la CHG, junto a dos pozos y una balsa debidamente inscritos, se localizaron otros ocho pozos no inscritos, con los que se estaba dando riego a unas aproximadamente 200 hectáreas de naranjos.
Unas semanas después, el organismo de cuenca emitió un informe en el que valoraba los daños ocasionados al dominio público hidráulico por los riegos “ilegítimos” en un consumo de 305.851 metros cúbicos y una cuantía económica de 36.702 euros. Además, la Comisaría de Aguas adoptó medidas cautelares como la extracción de los equipos de bombeo instalados y el precinto de los pozos, aunque un representante de la propiedad llegó a denegar el acceso a la finca para su aplicación.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos, que pudieran ser constitutivos de delito contra el medio ambiente por detracción ilegal de aguas y un delito de desobediencia. Este último obedecería a que la Comisaría de Aguas de la CHG habría ordenado la “extracción de los equipos de bombeo instalados y el precinto de los pozos, si bien un representante de la propiedad denegó el acceso a la finca para las mencionadas medidas”.
Durante las diligencias de investigación se acordó, además, recabar un informe acreditativo del total de la superficie regada y de los cultivos existentes en los últimos diez años, durante los que habrían estado presuntamente operativos los pozos denunciados, en la finca investigada y la cantidad mínima de agua que pueda haberse detraído “ilícitamente”.
Por todo ello, la Fiscalía ha solicitado, entre otras diligencias, que declare como investigado la persona representante legal de la empresa Eurotecnica Agraria y quien resulte ser el “gerente directo” de la finca. El Ministerio Público también pide que se extraigan de forma cautelar los equipos de bombeo instalados en las captaciones objeto del procedimiento y al precinto de los pozos.
Entre otras cuestiones, la Fiscalía de Medio Ambiente pretende averiguar si la detracción de aguas ha causado daños sustanciales a la calidad del acuífero afectado o ha perjudicado gravemente el equilibrio del mismo, y también que se cuantifiquen los perjuicios ocasionados para la restauración de la zona a su estado originario, indica la denuncia.
Frente a esta denuncia de la Fiscalía contra Eurotecnia Agraria y Eugenia Martínez de Irujo como presidenta de la misma, la empresa ha desligado a la aristócrata de la gestión de la entidad y ha asegurado que la extracción de agua “en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG”. En un comunicado, la compañía asegura que Luis Martínez de Irujo “es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljobar”, defendiendo que Eugenia Martinez de Irujo “no ha participado nunca en la gestión de la explotación”, después de que el juzgado haya resuelto llamarla a declarar como presidenta de la entidad.
Igualmente, asegura que no ha “dañado en ningún momento el dominio público” y que la finca Aljóbar está fuera del acuífero de Doñana“, a lo que añade que ”la propiedad siempre ha facilitado el acceso de las autoridades a la finca para supervisar los sistemas de riego“. Asimismo, defiende que ”procedió a la inutilización de los pozos en cuanto recibió el auto judicial“.
La finca, según esgrime la empresa, “cuenta con una autorización de riego mediante pozos de 606.000 metros cúbicos de agua por año y almacenamiento de las aguas extraídas en una balsa privada de 304.000 metros cúbicos de agua al año, con autorización para regar 200 hectáreas”, mientras en la actualidad “se riegan 122 hectáreas de naranjos con sistema de riego por goteo autorizado por la CHG merced a una sentencia, una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca”.
Además, asegura que en julio de este año presentó una propuesta a la CHG para “una reducción de la superficie cultivada de la finca, transformación de la plantación a un cultivo mixto de 94,11 hectáreas de naranjos y 67,30 hectáreas de olivar en intensivo, y adaptación de las dotaciones de riego a las necesidades de los nuevos cultivos conforme al Plan Hidrológico del Guadalquivir”.
Finalmente, la empresa alega que la finca Aljóbar “cuenta con sistemas tecnológicos de control de la cantidad de agua utilizada para el riego de la finca y dispone además de un contador volumétrico a la salida de la balsa en el cabezal de riego que confirma el volumen de agua extraído, que en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG”.
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