La ciberdelincuencia se ha convertido en una vertiente criminal que ha generado una serie de preocupaciones jurídicas y policiales por el gran riesgo que esconde, pudiendo incluso poner en peligro “la propia seguridad nacional y autonómica”. Con esta inquietud común, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han inaugurado el Primer Congreso de Ciberdelincuencia Cybercrime de Sevilla, apostando por la colaboración entre administraciones para trabajar juntos en reforzar la ciberseguridad.
El evento organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) tiene lugar los días dos y tres de mayo y contará con la participación de los jueces del Tribunal Supremo, Manuel Marchena y Pablo Llarena, entre otros ponentes.
Durante la apertura, Bolaños ha abordado la importancia de establecer la justicia como prioridad de las administraciones, recalcando la necesidad de aprobar e implementar nuevas políticas de prevención contra la ciberdelincuencia. A este respecto, el ministro ha situado a los menores como cuestión prioritaria de estas políticas: “Tenemos que priorizar en este sentido la protección del menor en el entorno digital y restringir su acceso a plataformas no permitidas por ser las víctimas más vulnerables”, ha señalado.
El ministro ha coincidido con Sanz en que la transformación digital debe ir siempre acompañada de ciberseguridad. Al hilo, el consejero andaluz ha recordado acciones previas del Gobierno autonómico como la inauguración del Centro de Ciberseguridad de Andalucía en Málaga el pasado 2023, que hace frente a “más de 8.000 incidentes anuales”.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, también ha intervenido en la sesión inaugural, subrayando que las antiguas mafias ahora se están trasladando a la ciberdelincuencia donde han visto un nuevo campo de negocio.
Por su parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha señalado que la ciberdelincuencia se ha convertido en “una amenaza a la privacidad, la seguridad y los derechos fundamentales”. Ortega ha advertido de un aumento notable de las denuncias por situaciones de violencia digital: “sexting, bullying o violencia de género”.
Por ello, ambas instituciones coinciden en señalar la necesidad de actualizar la legislación y endurecer las penas para “proteger y defender los derechos de las víctimas”.
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