Los colegios concertados que segregan por sexo en Andalucía –aunque la legislación vigente no lo permita– cuentan con el visto bueno de la Inspección Educativa, dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno autonómico. “La costumbre se hace ley”, arguye uno de los inspectores de la Delegación territorial de Educación en Sevilla para explicar por qué centros como el Altair (gestionado por el Opus Dei desde 1967), el Ángela Guerrero (desde los años 40 en el Casco Antiguo de Sevilla) o Nuestra Señora de Lourdes (con más de dos siglos de historia en Carmona) perpetúan hoy su modelo fundacional de educación diferenciada, sostenida con fondos públicos, contraviniendo la ley básica actual (LOMLOE, 2020).
Este inspector reconoce que el Altair sigue siendo exclusivo de niños y que hay otros en Sevilla exclusivos de niñas. Y confirma que todos ellos van a mantener esa diferenciación en el aula, al menos durante el próximo curso, porque la Consejería de Desarrollo Educativo “no ha emitido nuevas directrices para estos casos”. En Andalucía existen nueve centros concertados que segregan por sexos, y el departamento de Patricia del Pozo sí les ha remitido copia de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe seguir financiando este modelo de enseñanza.
El curso 2024/2025 es, de hecho, el primer año escolar tras el fallo del TC que, en teoría, obliga a los centros concertados con educación diferenciada a admitir alumnado de ambos sexos. Preguntado por esta cuestión, el inspector de zona esgrime que desde Inspección Educativa no pueden hacer nada porque “no hemos recibido ninguna orden por parte de la Consejería”. Fuentes del departamento que dirige Patricia del Pozo se limitaron a responder que “estos centros conocen la legislación en vigor y saben que tienen que ajustarse a ella”.
Durante las últimas tres semanas, elDiario.es Andalucía ha podido constatar que los tres colegios católicos concertados con educación diferenciada en Sevilla han utilizado las jornadas de puertas abiertas –celebradas en el marco del proceso de escolarización que se inició el pasado 1 de marzo– para disuadir a las familias que acuden a estos centros de formalizar la matricula de sus hijos en el segundo ciclo de Infantil (3 años), si su sexo está prohibido en esas escuelas.
Los conciertos con la Junta de Andalucía en la etapa de Infantil se renovaron por cuatro cursos en 2021, dos años antes de que el Constitucional avalara retirar la financiación pública de la escuela segregada, como estipula la LOMLOE. Será en 2025 cuando se actualicen esos conciertos, teniendo en cuenta, ya sí, el fallo del Constitucional de 2023.
Fuentes del Ministerio de Educación, tras realizar una consulta jurídica a instancias de este periódico, explican que, mientras esté el concierto en vigor, los colegios con educación diferenciada pueden seguir limitando el acceso sólo a niños (en el caso del Altair) o sólo a niñas (en el caso del Ángela Guerrero y de Nuestra Señora de Lourdes). Es decir, sólo un año más.
Eso sí, tanto la Administración andaluza como los propios colegios segregados están obligados a “informar a las familias de que dejarán de ser centros concertados en Infantil el año que viene”, si la dirección aspira a prorrogar la diferenciación por sexos. De ser así, el alumnado de 3 años que se inscriba este curso en estas escuelas lo hará en un centro subvencionado, pero el próximo año pasaría a un curso privado de Infantil para niños de 4 años.
Esta situación podría entrañar un perjuicio para las familias que escolaricen a sus hijos en algunos de esos tres colegios segregados durante el actual proceso de escolarización. Aunque matriculen ahora a sus hijos de forma gratuita en alguno de estos centros hasta ahora concertados, el curso 2025/2026 se enfrentarán a dos posibles escenarios: o bien la escuela virará hacia la coeducación o bien tendrán que asumir el coste si finalmente se opta por la privatización del centro.
Cuestión a tener especialmente en cuenta en colegios como el Altair, ubicado en el distrito Cerro-Amate de Sevilla y que nació con la vocación de dar cobertura a barrios desfavorecidos de la capital. Los gerentes de esta escuela sostienen que “buena parte del alumnado procede de familias humildes, con nivel socioeconómico bajo y en situación de vulnerabilidad social” que no podrían afrontar ese gasto.
De ahí que desde el Ministerio subrayen la importancia de informar a los padres y madres de que el modelo que hoy conocen se va a extinguir próximamente. De hecho, dan de plazo un curso (en virtud de cuándo expira el concierto) para que los colegios diferenciados de Infantil se abran al modelo mixto (en pro de mantener los fondos públicos) o se reconviertan en centros privados (si priorizan conservar su modelo fundacional de diferenciación en las aulas).
Sin embargo, este periódico ha comprobado que ninguno de los tres colegios católicos concertados con educación diferenciada informa a las familias de estos escenarios cuando se les pregunta expresamente por la posibilidad de matricular a sus hijos o hijas, según el caso. Todos desechan esa posibilidad e incluso directivos del Altair y de Nuestra Señora de Lourdes coinciden en afirmar que “el Gobierno de Juanma Moreno ha blindado la educación diferenciada”. La directora del Ángela Guerrero, por su parte, apela a la doctrina de “mientras se pueda, se mantiene”.
A tenor de la legislación vigente, ya no se puede. Pero, desde el punto de vista administrativo, estos colegios seguirán amparados un curso más por el concierto en vigor (previo a la sentencia del Constitucional) y por la connivencia de la administración competente (“la costumbre se hace ley”).
Para poder actuar, informan desde el Ministerio de Educación, se precisa la denuncia de una familia ante la inspección educativa. Además, los padres y madres que se vean afectadas por la no admisión de su hijo o hija, o que consideren que no se les ha proporcionado información rigurosa, pueden acudir a los tribunales para que sean los jueces quienes interpreten si el fallo del Constitucional ha de aplicarse ya en el proceso de escolarización de este año.
La legislación básica actual en materia de Educación (LOMLOE) prohíbe explícitamente la segregación por sexo en “los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos”. Este precepto legal fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por los afectados alegando una vulneración del derecho a la libertad religiosa. La Conferencia Episcopal, el PP y Vox son abiertos defensores de la educación segregada por sexos sostenida con fondos públicos, como una expresión más del llamado “derecho a decidir” de las familias.
No es la primera vez que el sector más conservador de la sociedad echa este pulso a un Gobierno socialista: en la etapa del PSOE al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía hubo varios asaltos legislativos y judiciales, de los que siempre salió indemne la escuela segregada. Sin embargo, por primera vez, el Constitucional en 2023 zanjó el asunto a efectos legales denegando la financiación pública a colegios que prohíben la entrada a niños o a niñas.
De acuerdo con esta sentencia, las escuelas diferenciadas pueden continuar con su modelo de enseñanza, pero como centros íntegramente privados. Pero, de momento, a ojos de inspección, sigue imperando la ley de la costumbre.
A través de nuestra cuenta de Instagram, trasladamos lo que ocurre en Andalucía más allá de las palabras: te informamos de las últimas noticias de manera visual y te ofrecemos contenido extra para que conozcas la realidad al detalle.
Súmate a nuestra comunidad en este enlace.