Investigados dos policías de Sevilla por supuestas torturas a un joven y abandono de su hijo al detenerlo

Javier Ramajo

5 de septiembre de 2021 20:32 h

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Dos agentes de la Policía Local de la localidad de Guillena están citados a declarar este lunes en calidad de investigados en un juzgado de Sevilla tras la denuncia de un joven por torturas y abandono de su hijo menor, de tres años, en el momento de su detención el pasado 21 de febrero. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) interpuso una denuncia alertando de ambas cuestiones al juzgado, que ahora acumula las diligencias a las que ya había abierto por supuesto delio de atentado contra la autoridad que atribuyen al joven.

Según el escrito de denuncia interpuesto en marzo por el equipo jurídico de APDHA, por el cual han sido llamado ahora los agentes a declarar, un joven identificado como A.J. se encontraba ese día paseando con su hijo de tres años por una calle de Guillena cuando una patrulla de la Policía Local lo detuvo y le trasladó a la Jefatura de la localidad “abandonando al menor en la vía pública”. La declaración de los agentes se ha suspendido este lunes y se ha aplazado finalmente hasta el próximo 21 de octubre.

La organización inició un procedimiento penal ante los juzgados de Sevilla, que ahora inicia su recorrido, porque “tras recabar el testimonio de A.J., testigos de la inicial actuación policial así como varios informes clínicos que se elaboraron inmediatamente después de la detención de A.J., apuntan a un posible delito de torturas y de abandono de un menor en la vía pública que podría concurrir con la agravante de motivación racista”, ya que el joven es de etnia gitana. Fuentes cercanas al caso apuntan que los agentes confundieron al joven detenido con otro.

Entre las lesiones objetivadas mediante un parte de lesiones conforme al Protocolo de Estambul se evidencia, según APDHA, que durante la detención, traslado y custodia en la Jefatura de la Policía “A.J. fue golpeado en el costado derecho en varias ocasiones”. Al mismo tiempo, entre los hechos puestos en conocimiento del órgano jurisdiccional, se refieren “insultos y amenazas de racista de carácter antigitano”, según la denuncia que ahora se investiga.

El Ayuntamiento archivó el caso

APDHA, así como el Defensor, solicitaron al Ayuntamiento de Guillena la preservación de las imágenes captadas por el sistema de vídeo-vigilancia de la Jefatura de la Policía Local, aunque advierten que hasta el momento no han recibido respuesta por parte de la entidad local. En la misma petición se solicitaba al Alcalde del municipio la iniciación de un procedimiento disciplinario contra los agentes implicados en los hechos denunciados. Dicha cuestión ha sido archivada “al no encontrar indicios suficientes que lo justifiquen”, según comunicó el Ayuntamiento al Defensor del Pueblo de España, que tiene abierto un expediente por estos hechos.

Según ha informado el Defensor a la propia APDHA, un atestado remitido a la Fiscalía de Menores de Sevilla señaló que, en el momento de la detención, un joven cogió en brazos al pequeño, cogió el teléfono móvil del detenido, quien le dijo el patrón de desbloqueo del mismo y llamó a abuela del niño para que se hiciera cargo de él ya que vivían a unos 500 metros del lugar donde ocurrieron los hechos, tal y como se observó en un vídeo que consta en las actuaciones, según informó el Defensor.

Igualmente, APDHA registró una petición a la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, un organismo dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. En su escrito dirigido a la institución presidida por Elías Bendodo solicitaron que se investigaran los hechos denunciados y que, ante la ausencia de una normativa en la materia, se dicte una disposición que regule y prescriba la instalación de sistemas de vídeo-vigilancia en todas aquellas zonas en las que puedan permanecer personas detenidas en las Jefaturas de Policía Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía» Tal y como señala APDHA, se trata de un criterio compartido tanto por el Defensor del Pueblo Andaluz como por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.