Jueces de Sevilla se concentran por su “preocupación” ante los acuerdos políticos para la investidura de Sánchez

Unas 300 personas entre jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, abogados y procuradores se han congregado a mediodía de este martes ante la sede los juzgados y de la Audiencia Provincial de Sevilla a raíz de la convocatoria enviada el día anterior por el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, “para rechazar las referencias” que se hacen en el acuerdo entre PSOE y Junts “al 'lawfare' o judicialización de la política y sus consecuencias”, en sintonía con el comunicado conjunto emitido la semana pasada por las asociaciones judiciales en el que criticaban principalmente una de las medidas contenidas en el pacto entre ambos partidos para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.

Después de que esta mañana la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia se desmarcara de las concentraciones de protesta también contra la ley de amnistía que se están convocando ante los tribunales, Guerrero ha dicho a la prensa que el motivo de su llamada es la “preocupación de todos los componentes del mundo jurídico de la provincia” porque el contenido de ese acuerdo “afecta a la independencia judicial y al principio de separación de poderes”.

Sin querer valorar dicho contenido, ha defendido como “fundamental” la independencia judicial, considerado que resulta un principio “categórico y ético entender la preocupación de los miembros de la carrera judicial” en la defensa de su independencia y de la separación de poderes.

'Por la igualdad de los españoles. Art. 14 CE. Amnistía No', rezaba alguno de los carteles que portaban abogados secundando la llamada del decano de los jueces. “No se trata de tomar partido”, ha explicado Francisco Guerrero, sino de “recordar que los jueces estamos sometidos al imperio de la ley”, ha dicho a la prensa durante una convocatoria en la que se ha visto también a la jueza Mercedes Alaya, que fue acusada por el exlíder de IU Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de participar en el 'lawfare' al imputarle en varias causas judiciales que se han ido archivando.

El presidente en funciones de la Audiencia provincial, Juan Márquez Romero; el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; los delegados en la provincia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, o el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, se han dado cita en la convocatoria. “Nunca había visto tanta gente en una cosa así”, comentaba uno de los participantes.

También un buen número de abogados, la mayoría jóvenes y alguno con banderas de España, así como el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, quien ha dicho que Pedro Sánchez es un dirigente “poco de fiar” ya que “ha faltado a las promesas que había hecho a los ciudadanos españoles” en materias como la amnistía. “Se puede cambiar de opinión sensatamente, pero lo que no se puede hacer es cambiar de alma. Y esta gente está cambiando de alma en profundidad y está atacando a la integridad de una sociedad que estaba viviendo con tranquilidad y la están convirtiendo en una sociedad crispada y dividida, en la cual cada día que pase van a incrementarse las desigualdades entre los españoles”, ha declarado a los periodistas.

Justo a la hora de la concentración, la Sala de Gobierno de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, reunida en sesión extraordinaria telemática, expresaba “su preocupación ante las recientes iniciativas políticas plasmadas en el contenido del documento suscrito para facilitar la investidura, de enorme trascendencia y repercusión jurídica y social, que traslucen grave desconfianza en el poder judicial”.

Así, el TSJA ha acordado adherirse “en su integridad” al citado comunicado emitido por las asociaciones judiciales así como al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, indicando que “los jueces actuamos siempre sometidos al imperio de la ley y en salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, reconocidos en nuestra Constitución” y recordando que “el principio de separación de poderes constituye un pilar fundamental de nuestro Estado democrático de Derecho, a la par que es una de las exigencias básicas en los Estados que forman parte de la Unión Europea, que debe respetarse y preservarse desde todas las instituciones públicas”.