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La Casa de Alba ya no tiene precintados los pozos sin licencia de su finca de Aljóbar, ubicada en término del municipio sevillano de Aznalcázar a tiro de piedra del parque nacional de Doñana. El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha decidido retirar las medidas cautelares que impedían el uso de estas instalaciones, que son las mismas que están bajo sospecha –por su posible utilización para “riegos ilegítimos”– en la causa judicial abierta en la que se investiga un posible delito ambiental.
La decisión de desprecintar las infraestructuras se ha tomado con la oposición de la Fiscalía de Medio Ambiente, que fue la que inició el proceso judicial al denunciar por “detracción ilegal de agua” a la empresa de la casa ducal que gestiona estas tierras, Eurotécnica Agraria. Por esta acusación –a la que se une otra de desobediencia por impedir el acceso a la propiedad de la Guardia Civil– está llamada a declarar como investigada Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, que en el momento de iniciarse la investigación ocupaba la presidencia de la compañía, un cargo que va rotando entre los integrantes de la familia.
En un auto notificado a finales de mayo, el juez retira el precinto judicial que se impuso a estos ocho pozos en octubre del año pasado. El magistrado considera que “no resulta procedente el mantenimiento de esas medidas cautelares” al considerar que “no parece que su uso o utilización suponga un riesgo” para la masa de agua de la que se extrae el recurso. En paralelo, y mientras estas captaciones estaban inutilizadas por orden judicial, Eurotécnica Agraria ha presentado un proyecto para regularizarlas que cuenta con un visto bueno inicial.
La empresa insiste en que no usó más agua
La propiedad tiene dos pozos con derechos para usar 606.000 metros cúbicos por año para regar naranjas gourmet y olivar superintensivo, en concreto 200 hectáreas que en la nueva propuesta registrada por la compañía se reducen a 161,6 sin que ello implique un menor consumo de agua. Eurotécnica Agraria defiende que ha utilizado los otros ocho pozos ahora desprecintados (y que en teoría eran de apoyo), pero insiste en que nunca ha gastado más recursos de los que tiene asignados.
Una argumentación que no comparte la Fiscalía de Medio Ambiente, que sospecha que ha extraído más agua de la permitida durante la última década. De hecho, en su denuncia calcula que sólo en la campaña agrícola anterior y en plena sequía habría bombeado para “riegos ilegítimos” 305.851,73 metros cúbicos (305 millones de litros), un 50% más de lo que tiene concedido. Esta cantidad de más la cuantifica económicamente en 36.702,16 euros.
Curiosamente, el auto por el que se levantan las medidas cautelares contra las ocho captaciones clandestinas no hace ninguna mención a que sean las investigadas en esta actuación judicial. De hecho, el juez sólo se refiere al proyecto de regularización que impulsa ahora la empresa y destaca el visto bueno que le ha dado de manera inicial la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Gobierno central encargado de conceder los derechos de agua.
Sin ninguna medida restrictiva
Esta propuesta para modificar la estructura de regadíos en Aljóbar se presentó cuando la finca ya era investigada por extracción ilegal de agua, una decisión que Ecologistas en Acción (una de las partes denunciantes en este caso) enmarca en su estrategia de defensa. La Confederación Hidrográfica, por su parte, avala que se utilicen estos pozos porque el proyecto no consume más de lo que tiene autorizado y, además, considera que pasar de repartir los puntos de extracción de dos a diez mejorará la hidrodinámica del acuífero al no ser necesario profundizar tanto para obtener el recurso.
A este visto bueno de la Confederación, y a su afirmación de que el acuífero está en buen estado y no supone un riesgo para su conservación, se aoge el magistrado para levantar las medidas cautelares sin imponer ninguna otra medida restrictiva. Es decir, que en la práctica queda en manos de la propiedad la utilización o no de unas infraestructuras que todavía no están regularizadas.
El aviso de la Guardia Civil
De hecho, la única advertencia en este sentido la hace la Guardia Civil al retirar los precintos el pasado 23 de mayo, tal y como consta en el oficio que ha hecho llegar al Juzgado: “Se comunica a los interesados que sin contar con todas las autorizaciones pertinentes no deberían hacer uso de los pozos desprecintados”. En este sentido, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) le recuerdan a la empresa que su propuesta de regularización está en trámite y el proceso no se ha finalizado, y que en este sentido ahora mismo no deja de ser “una mera expectativa de alcanzar un derecho aún no consolidado”.
La finca de los Alba obtiene sus recursos hídricos del acuífero Aljarafe Sur, declarado en buen estado y que linda con las masas de aguas subterráneas de las que se abastece Doñana. Esto significa que es colindante, pero que no se trata del acuífero en muy mala situación del que bebe el parque nacional, el mismo del que no se ha parado de hablar en los últimos dos años por el pirateo de agua en la Corona Norte del parque nacional.