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El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) que se encarga de investigar los pozos ilegales de la Casa de Alba junto a Doñana ha acordado prorrogar la instrucción seis meses más, ampliando el plazo hasta el 9 de abril de 2025. Fue en octubre del año pasado cuando ese mismo juzgado citó a declarar a Eugenia Martínez de Irujo, tras una denuncia que interpuso la Fiscalía en septiembre de 2023 por un posible delito contra el medio ambiente relacionado con la “detracción ilegal” de aguas en el parque nacional.
Según expone el auto al que ha tenido acceso este periódico, “se está a la espera de recibir un informe de Fiscalía” que puede devenir en “la práctica de nuevas diligencias, como pueden ser recabar nuevos informes técnicos o las declaraciones de aquella o aquellas personas que se consideren presuntos autores de ese delito ambiental que se investiga”, de ahí que se acuerde prorrogar el plazo de instrucción en los términos solicitados por el Ministerio Público.
En concreto, se investigan ocho pozos sin licencia que alimentan los cultivos de la Casa de Alba en su finca de Aljóbar, ubicada en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a las puertas del parque nacional de Doñana. Pese a que la empresa responsable (Eurotecnia Agraria, vinculada a la casa ducal) niega que extrajera más agua de la que tiene autorizada, el fiscal calcula que sólo en una campaña agrícola y en plena sequía habría bombeado para “riegos ilegítimos” 305.851,73 metros cúbicos (305 millones de litros), un 50% más de lo que tiene concedido. Esta cantidad de más la cuantifica económicamente en 36.702,16 euros.
La prórroga de la instrucción se produce un año después de que arrancara la investigación, en un contexto en el que los cinco hermanos condenados por expoliar agua a Doñana desde su finca –también situada en Aznalcázar– se han librado de la cárcel precisamente por un retraso “hiperextraordinario” del proceso judicial. No obstante, en el caso de esta familia de grandes terratenientes se produjo una “paralización sin justificación durante tres años” que ha llevado a la instancia judicial a rebajarles las penas por dilaciones indebidas.
Causa judicial abierta
La finca de los Alba obtiene sus recursos hídricos del acuífero Aljarafe Sur, declarado en buen estado y que linda con las masas de aguas subterráneas que dan vida a Doñana. La primera denuncia contra estos pozos ilegítimos la interpuso un particular en abril de 2023, a la que siguió otra de Ecologistas en Acción un mes después y, finalmente, la de la Fiscalía de Medio Ambiente en septiembre de ese mismo año.
La Casa de Alba emprendió la regularización de los ocho pozos ilegales de su finca Aljóbar cuando la empresa de la casa ducal que gestiona estas tierras (Eurotécnica Agraria) ya había sido denunciada por un delito ambiental por “detracción ilegal de aguas” por el uso, precisamente, de estas infraestructuras que carecen de permisos.
En la causa judicial abierta se incluye otra acusación de desobediencia, ya que se impidió el acceso a la propiedad a los agentes de la Guardia Civil y a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que iban a clausurar estas instalaciones sin autorización con las que se riegan naranjas gourmet.
Desde junio de 2024, la Casa de Alba ya no tiene precintados los ocho puntos de extracción no declarados, pues el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor decidió retirar las medidas cautelares que impedían el uso de estas instalaciones, que son las mismas que están bajo sospecha en la causa judicial.
En el marco de esa investigación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la autoridad del agua en este territorio) emitió el pasado mes de septiembre un informe técnico sobre la evolución en los últimos cinco años del acuífero afectado por las extracciones que se investigan. Dicho informe certificó que el acuífero del que se alimentan los cultivos de la Casa de Alba en su finca de Aljóbar se encuentra en los niveles más bajos desde que existen registros, fruto de la “explotación intensiva” que ha sufrido en los últimos años, aunque no pudo “concretar que el único causante” haya sido esta explotación agrícola en la que se detectaron ocho pozos ilegales, objetos de la causa judicial en la que se investiga un posible delito ambiental.
Tras la prórroga acordada en un auto con fecha del pasado 7 de octubre, la causa en torno a los pozos ilegales de la Casa de Alba se amplía hasta abril de 2025, dilatando el procedimiento, al menos, seis meses más, hasta sumar un año y medio.