La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) argumenta que la Junta alteró el concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar y ha hecho una serie de consideraciones con las que la Junta de Andalucía, que ha tenido conocimiento del informe policial en la noticia publicada por El País, no se muestra de acuerdo ya que, a su juicio, no vienen respaldados por ningún especialista en la materia que pueda refutar las apreciaciones que los técnicos realizaron en la valoración de las ofertas.
La Policía, según El País, acusa a la Junta de un amaño y de alterar los criterios establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreción y aplicar la discrecionalidad a la hora de adjudicar el concurso. Se trata de una investigación judicial por presunto fraude y prevaricación, con 15 detenidos entre altos cargos, técnicos y los empresarios ganadores de la convocatoria. La jueza Patricia Fernández, que en un primer auto dijo que la ganadora no cumplía “las exigencias mínimas” del concurso, archivó recientemente el grueso de las acusaciones de la empresa perdedora en una pieza separada de la investigación principal, en común criterio con la Fiscalía.
La UDEF, siempre según la información publicada, dice que la Junta pudo alterar determinados criterios de valoración. A ese respecto, la Administración señala que la Ley de Minas no establece ninguno para desarrollar los pliegos de concursos mineros que, por otra parte, no incluía entre sus condiciones la valoración de la cuantía total de la inversión de los proyectos que se presentarán. La UDEF considera en este punto que se pudieron sustraer puntos a uno de los concursantes sobre una valoración de un criterio.
Entre otras cuestiones, las valoraciones técnicas que realiza la Policía en su informe sobre aspectos técnicos y especializados (volúmenes de agua, balsas de residuos o depuradoras) del proyecto de explotación industrial de la firma ganadora, a juicio de la Junta, no vienen respaldados por ningún especialista en la materia que pueda refutar las apreciaciones que los técnicos (dos ingenieros superiores de minas de la Junta, ingeniero de montes, ingeniero industrial, biólogo y economista) realizaron en la valoración de las ofertas.
“Una libre designación”
Este viernes ha trascendido el contenido del informe de la UDEF, a través de Europa Press, que señala que “el supuesto concurso más parece una libre designación” y que Emerita se hubiese hecho con el concurso “por amplia diferencia” si no se le hubieran “sisado” puntos. En el atestado, los agentes de la UDEF dan cuenta asimismo de la detención entre el 12 de mayo y el 29 de junio de hasta 15 personas en relación a estos hechos, entre ellas la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto, y otros 12 cargos y funcionarios que formaron parte o de la comisión técnica que valoró las ofertas o de la mesa de contratación que adjudicó los derechos mineros, así como los responsables de Magtel, que es miembro de la agrupación México-Minorbis.
Los agentes consideran, asimismo, que los técnicos nombrados por la mesa de contratación “hacen una valoración totalmente sesgada en detrimento” de Emerita, ya que le fueron “sisando puntos en casi todos los apartados que eran susceptibles de la más mínima interpretación”, algo que “es así de obvio en aspectos tales como el económico --el punto de equilibrio-- y la toma en consideración del presupuesto de investigación por cuadrícula minera, de tal modo que, rizando lo absurdo, se prima con más puntuación el presupuesto menor, al hacer la división por menos cuadrículas”.