Son hechos consumados a pesar de que hasta este viernes los mensajes de la Consejería de Justicia indicaban que estaban a la espera de consensuar la decisión con el personal del sistema judicial, desde jueces y fiscales hasta el cuerpo de funcionarios. El consejero del ramo de la Junta de Andalucía y vicepresidente, Juan Marín, ha explicado a los periodistas que “la decisión está tomada” y ha adelantado que entre el mes de mayo y junio de este año la administración autonómica habrá escriturado a su nombre los edificios que componen el Campus Palmas Altas, propiedad de Abengoa, para comenzar los trámites administrativos que permitirán inaugurar en 2023 la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
La Consejería de Justicia invertirá un total de 78 millones de euros para la adquisición de los edificios que componen el Campus de Abengoa (59,3 millones de euros), y dos parcelas adyacentes (18,75 millones de euros), una de ellas propiedad también de Abengoa y la otra perteneciente a la inmobiliaria Viapol. La remodelación y adaptación de los edificios para albergar las dependencias judiciales costará 30 millones de euros. De manera que, en un primer momento, el presupuesto liberado por la Consejería para esta operación este año ascenderá a 108,05 millones de euros. El edificio que se construirá en uno de estos dos solares y el aparcamiento planteado en el otro no están presupuestados, según confirmaron fuentes de Justicia.
La superficie resultante de esta operación será de un total de 103.200 metros cuadrados, de los que algo menos de la mitad (51.388 metros cuadrados) serán oficinas y el resto se destinará a aparcamientos. Mientras que el nuevo edificio que se construirá en uno de los terrenos tendrá una superficie total de 88.800 metros cuadrados de los que 53.280 se destinarán a zona administrativa y tribunales. El nuevo estacionamiento tendrá una superficie de 25.540 metros cuadrados. De forma que, una vez culminadas todas las obras de adaptación y nueva edificación, el complejo tendrá una superficie total de 217.500 metros cuadrados.
Siete sedes por uno
En la actualidad, la Consejería de Justicia gasta en torno a 5 millones de euros al año en pagar el alquiler de cuatro de las seis sedes judiciales de la ciudad que no son de su propiedad (el edificio Noga que alberga los juzgados de lo Penal y Social; los juzgados de Menores y los de Violencia sobre la Mujer, ubicados en la Buhaira; y la sede de Viapol que albergan los juzgados de Primera Instancia, Mercantil y Contencioso-Administrativo). Tan sólo tiene la propiedad de los juzgados del Prado de San Sebastián que incluyen la Audiencia Provincial de Sevilla y los juzgados de Instrucción. No se ha indicado aún cuál será el destino posterior de las instalaciones del Prado.
Abengoa no ha revelado el coste anual del mantenimiento del Campus de Palmas Altas donde aún trabajan casi un millar de personas ligadas a esta empresa energética que llegó a concentrar en esta sede a más de 2.000 empleados. Abengoa es la titular de este complejo a través de una empresa llamada Centro Tecnológico Palmas Altas, S.A., si bien su construcción se financió a través de un crédito con Caixabank, que es la acreedora de este inmueble.
Un viaje de 26 minutos sin paradas y sin hora punta
En la mañana de este viernes, la Consejería de Justicia había convocado a representantes del sistema judicial que abarcaban desde jueces, fiscales, forenses, abogados y funcionarios, y a los periodistas, para visitar Palmas Altas. En un autobús de Tussam, fletado para la ocasión, ha partido la comitiva, que incluía al alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Poco más de 26 minutos después, el autobús llegaba a Palmas Altas en un viernes soleado con poco tráfico, superada ya la hora punta y sin paradas en el trayecto.
Una vez allí, representantes de Abengoa han mantenido una reunión privada con los presentes para explicarles los detalles del Campus, y el consejero de Justicia, Juan Marín, desarrollaba los planes de su departamento para la mudanza que es ya un hecho consumado.
La accesibilidad a esta parte de la ciudad, situada al margen de la S30 y la A-4, es el principal escollo que desde el inicio de todo este proceso han puesto los sectores afectados. Y en este sentido, Marín ha sido tajante: “La accesibilidad no va a ser un problema. La decisión está tomada”. A principios de 2023 comenzarán los traslados de las sedes judiciales, ha confirmado el consejero.
La línea 3 del metro, en obras en 2023
Ha recordado que, según las conclusiones del estudio de movilidad, con la ampliación ya aprobada de un tercer carril en el Puente del V Centenario es suficiente, si bien, ha añadido que la prolongación de la línea 3 del Metro de Sevilla hasta este punto arrancará a partir de 2023, cuando empiecen las obras. Marín ha previsto que estas obras no se demoren en demasía puesto que, ha explicado, se prevén varios tramos en superficie.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha alabado el proyecto, ha calificado de “óptimas” las instalaciones y ha instado a pensar en el largo plazo ante las inquietudes de sectores de la Justicia por la dificultad actual para acceder a Palmas Altas. Un argumento similar al expresado por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que ha confirmado la colaboración con la Consejería de Fomento para la prolongación de la línea 3 de Metro hasta Palmas Altas.
Los funcionarios, escépticos con la distancia, la accesibilidad y el tamaño
Los funcionarios de la administración de Justicia parecían ser sin embargo el sector más escéptico con esta mudanza. Una de sus representantes, Águila Fernández, ha explicado a este periódico que la accesibilidad y la distancia de la ciudad es la principal causa. Muchos, explica, han expresado su inquietud para posibilitar la conciliación familiar, y además, está la situación de los juzgados de guardia, abiertos las 24 horas del día. “¿Cómo se garantiza el acceso de la ciudadanía a un servicio público como este?”, se ha preguntado. “Somos conscientes de que la Ciudad de la Justicia es necesaria, pero pedimos podernos venir con todas las garantías”, ha señalado.
Los representantes sindicales de los funcionarios de la Justicia se han lamentado además de que hasta este viernes, cuando han sido informados durante la visita, no conocían los detalles y conclusiones del informe de movilidad que la Consejería de Juan Marín esgrime como la vía verde para decantarse por Palmas Altas. Y, por último, han lanzado una advertencia tras conocer las cifras del proyecto: los funcionarios prevén que la Ciudad de la Justicia, cuya superficie edificada rondará los 100.000 metros cuadrados, pueda quedarse pequeña en el medio plazo tras las experiencias de las de Málaga y Córdoba.