Un juzgado de Sevilla ha confirmado el archivo de las actuaciones contra el exdirigente de la Conferederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero y otros miembros de la anterior cúpula directiva de la patonal. Fueron denunciados e imputados por presunta estafa por parte de una quincena de contratistas que participaron en la construcción de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla Este. La construcción está por terminar desde hace años, y los empresarios denunciaban los impagos y el presunto beneficio patrimonial ilícito de los gestores aprovechando el auge inmobiliario de hace unos años.
“No todo incumplimiento contractual lleva aparejado un delito de estafa”, considera la jueza de Instrucción número 3 de Sevilla, que sigue sin apreciar relevancia penal en la actuación de los ocho denunciados y confirma el archivo de la causa que ya adoptó a finales del pasado mes de febrero. Contra este último auto judicial, fechado el 14 de julio, cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla.
Apunta la jueza que “los contratos de ejecución de obra suscritos entre la fundación y Dolmen ya contemplaban una posible desviación de los costes”, como ya advirtió la Fiscalía, y rechaza la proposición de practicar nuevas prueba planteada por los empresarios contratistas recurrentes, así como que se llame a declarar en calidad de peritos a los autores del informe aportado por el fiscal y el informe de la Sareb.
El mismo juzgado archivó una querella presentada por la Asociación de Vecinos Isbylia contra la constructora Dolmen Consulting y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA y promotora de las viviendas, por apropiación indebida. También se archivó, por parte de la Fiscalía, la denuncia presentada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb), que en diciembre de 2012 se hizo cargo del crédito de 50 millones que Bankia otorgó en 2007 para la promoción 'Isbylia'.
Los contratistas indicaron en su recurso que “no se puede achacar a la crisis de Caja Madrid y la desastrosa gestión de todos los imputados, el perjuicio causado” a lso empresarios, insistiendo en que “hubo engaño y para ello se utilizó un entramado societario con la única finalidad de enriquecerse con esta promoción”. “Si bien es cierto que la construcción de VPO deja poco margen de beneficios, no ocurre lo mismo con los garajes de venta libre que los imputados construyeron para enriquecerse, auténtica finalidad de esta promoción y que posteriormente intentaron que los compradores los adquirieran a precio de mercado, como manifestó el presidente de la asociación de compradores”, según recurrieron.
La jueza, en cualquir caso, sigue sin apreciar engaño en la actuación de los ex máximos responsables de la patronal andaluza, como pedían los contratistas denunciantes, ni que se haya vulnerado la tutela judicial efectiva, concluyendo que del resultado conjunto de la prueba practicada “no resulta material incriminatorio suficiente”.