Un juzgado de Sevilla niega el DNI a una mujer tras una década: “Yo no existo”

Remedios Fernández Flores está viva desde 1985. Tiene forma humana y es hija de su madre. Tres datos necesarios para ejercer su derecho a voto, a prestaciones por desempleo y subvenciones municipales, para ir a un concierto si quisiera o hacer un viaje y, sobre todo, para existir. Pero no tiene Documento Nacional de Identidad (DNI), por tanto, es una persona apartada del sistema, que vive en los márgenes donde no se contempla que sea una ciudadana que reúna los requisitos para tener una vida “normal”: “Me siento abandonada por el mundo. No soy nadie”.

El DNI o NIF (Número de Identificación Fiscal) es la carta de paso para cualquier trámite que se requiera en España. Es personal e intransferible, sirve para acreditar la identidad y los datos personales del titular y, además, es obligatorio tenerlo a partir de los 14 años. Esta información, tan básica e intuitiva de la que goza cualquier persona, ha sido el escollo principal de la vida de Remedios durante sus 35 años. Abre la cartera y no lo puede sacar. Por lo que uno de sus mayores miedos es ser detenida por la policía y que, al pedirle la documentación, no pueda darles ninguna respuesta que les satisfaga e ir a comisaría. 

Procede del barrio de Los Pajaritos, en Sevilla, no sabe leer ni escribir y es de etnia gitana. Prefiere creer que sus orígenes no son motivo de discriminación, pero tampoco logra entender lo que le está ocurriendo. Todo comienza cuando su madre, María Fernández, no la inscribió al nacer durante los dos primeros meses que marca la ley. No obstante, ella y los demás hermanos de Remedios, sí tienen el documento desde que son mayores de edad a partir de haber hecho las solicitudes por su cuenta. ¿Por qué ella es diferente? 

Un libro de familia, pruebas de ADN y testigos para demostrar su identidad

El camino comenzó en 2008 cuando Remedios hizo su primera intentona: acudió al Registro Civil de Sevilla para tramitar un expediente de solicitud de inscripción de nacimiento fuera de plazo. Es el documento que inicia el proceso dentro de la jurisdicción voluntaria, es decir, un magistrado supervisa los hechos que no conllevan conflicto entre partes. Sin recursos económicos suficientes, necesitó un abogado de oficio y se reunieron las pruebas necesarias: huellas dactilares, que no hubiera nadie como ella en el Registro hispalense, y testigos que acreditaran su procedencia y arraigo. 

Pero en el estudio del caso apareció un antecedente policial, que significa que habían sido requeridos sus datos por parte de un agente policial tiempo atrás, lo cual no debe confundirse con un antecedente penal, donde la persona ha sido condenada en firme. Constaba en la ficha que había nacido en 1983 en Las Palmas de Gran Canaria. A la vista de esta información, se requirió confirmación al Registro civil de la ciudad canaria y la respuesta fue que no había nadie inscrito con ese nombre. 

“Era una chiquilla y dije lo primero que se me pasó por la cabeza”, relata Remedios, “tenía miedo de lo que me podía pasar y di esas excusas”. Mentir al cuerpo policial no es ningún delito. Sin embargo, el juez del Registro desestimó que no existiera ninguna persona en Gran Canaria con tal identidad y rechazó la petición en octubre de ese mismo año. Mientras tanto, la joven tuvo dos hijos, uno en mayo de 2011 y otro en diciembre de 2013, momento en el que le hicieron una cartilla provisional en el sistema sanitario.

Aquí hay un punto de inflexión importante, puesto que sus descendientes son inscritos en el libro de familia, junto a su pareja y ella misma, a pesar de no tener DNI. “Esta excepción es singular, ya que consta el nombre y los apellidos de ella, por lo que muestra incongruencias en el funcionamiento del sistema. ¡Hasta tiene número de la seguridad social!”, alude Fernando Camisón, abogado que contrató la vendedora ambulante en 2016 cuando decidió pedir ayuda a amistades y familia para sumar ahorros que encaminaran su causa.  

Sin oportunidad para acceder al Ingreso Mínimo Vital y otras ayudas

El letrado explica que, entonces, acudió a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública -antigua Dirección General de los Registros y del Notariado- perteneciente al Ministerio de Justicia, desde donde se aportó un informe favorable a la causa. Teniendo esto en sus manos, proceden a registrar otra petición: “Esta vez aportamos una prueba de ADN, la cual debe hacer el notario, quien custodia y remite las pruebas al laboratorio certificado, dando que Remedios es hija de su madre María con un 99,73% de fiabilidad”. Además, se aporta el libro de familia “en el que aparece con fecha de nacimiento del 23 de noviembre de 1985”, y se notifica “que no hay en Sevilla nadie que se llame Remedios Flores Fernández, Fernández Flores, Flores Flores y Fernández Fernández”. 

La combinación evita cualquier duda sobre la existencia de otra persona. Para rematar, se convoca a tres nuevos testigos: la progenitora, quien tenía un estado delicado de salud, una sobrina y un vecino para ratificar que la conocen y que siempre ha vivido en la zona. “Pero nos vuelven a negar la petición porque el juez alude a aquel informe policial de Canarias, en el que se conoce que no hay ningún individuo allí como ella, y dice que no ha habido elementos que diferencien el primer procedimiento de este otro”, afirma el jurista, “y añade que la prueba genética se hizo fuera del proceso judicial, obviando que está certificado por un notario y un laboratorio cualificado”.  

“Yo no existo”

El camino está siendo muy largo y dificultoso, tanto que Remedios ha sufrido ansiedad y episodios depresivos. “Yo quiero que me den una razón justificada; hemos aportado todo lo que ha dicho su señoría y no hay manera”, reclama. El juez encargado del Registro Civil hispalense ha rechazado otras solicitudes llamativas, como la denegación de la nacionalidad española a una ciudadana marroquí que no conocía los nombres de los partidos políticos.   

Las dificultades que conlleva en la vida de Remedios son muchas. Por ejemplo, su familia no puede ser beneficiaria de las subvenciones que otorga el Ingreso Mínimo Vital. La pareja de la afectada fue a solicitarla a la administración del Ayuntamiento de Sevilla, pero sin el DNI no pueden acreditar que hayan convivido juntos la última década ni acceder a los 10.714,48 euros que les corresponde por ser dos adultos a cargo de dos menores. Un episodio que se ha repetido en distintas ocasiones ante las ayudas que han tramitado.  

“El siguiente paso es realizar un proceso declarativo, que ya hemos registrado en los juzgados de Sevilla, para el reconocimiento de maternidad de la progenitora de Remedios, ya que se volvió a rechazar el recurso a principios de 2021”, indica Fernando Camisón. “El contratiempo está en que aún no hay fecha. Yo tengo juicios señalados para 2023, así que desconocemos cuánto va a tardar esta vía”. Compañeros del gremio judicial indican que no conocen ningún otro asunto similar debido a que suele resolverse sin mayor perjuicio para los afectados, y tampoco entienden que se haya frenado el procedimiento tantas veces, sobre todo, al presentar informes favorables del Ministerio a la expedición del DNI. 

En una espera constante, la sevillana continúa en medio de un vacío legal. “Lo que más quisiera en el mundo es tener un DNI para vivir una vida normal con mis hijos como cualquier persona, porque no soy solo yo, también afecta a mi familia. Yo no existo, me echan de todos lados, y no puedo seguir viviendo así”.