MEMORIA HISTÓRICA
La hermandad de la Macarena no va a “tomar ninguna decisión” por ahora en relación con la exhumación de los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, enterrado en una capilla de la basílica de esta corporación sevillana. El argumento que esgrime para ello es que sus hermanos están “divididos” sobre esta cuestión, de ahí que haya decidido aguardar cómo se desarrollan los acontecimientos. En este sentido, el hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, ha señalado que la hermandad “está esperando que le digan qué tiene que hacer” al respecto, una vez que ha sido aprobada la Ley de Memoria Democrática en el Congreso de los Diputados.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró recientemente que, una vez que entre en vigor la nueva ley, se iniciarán las actuaciones pertinentes para exhumar a Queipo de Llano, que según la nueva norma no puede estar enterrados en un lugar preeminente. A esto, el máximo responsable de la corporación sevillana ha respondido que no le corresponde a ellos tomar esa “decisión”, al tiempo que ha reclamado “arbitrar el decreto” estatal que determine la actuación a adoptar.
Fernández Cabrero ha asegurado que no tiene “ningún problema” con el asunto, señalando que “quizá alguien lo tenga”. La hermandad, ante la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática, “está esperando que le digan qué tiene que hacer”, incidiendo en que la Macarena es muy “respetuosa” con sus “casi 17.000 hermanos” y “no debiera tomar ninguna decisión” propia al estar los mismos “divididos” sobre el asunto, extremo que ha señalado como “obvio”.
Por ello, ha insistido en que lo que procede es que las autoridades, “cuanto antes, arbitren el decreto y digan” a la hermandad “qué” tiene que hacer para que la misma actúe. “Lo haremos cuando nos lo digan y, además, estoy deseando”, ha enfatizado.
La salida de Queipo de Llano de la basílica no sólo viene impuesta por la nueva Ley de Memoria Democrática, sino que también hay un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Sevilla en julio de 2016, con la abstención de Ciudadanos y el voto contrario del PP, reclamando que el templo deje de acoger la tumba del general golpista, dado su papel en los fusilamientos perpetrados en la ciudad tras el golpe de Estado de 1936.
En paralelo, y en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y su decreto sobre símbolos y actos contrarios a la misma, la Junta anunciaba en julio de 2018 la creación de un comité encargado de emitir un dictamen “vinculante” sobre la tumba de Gonzalo Queipo de Llano y otros “elementos contrarios a la memoria histórica que no hubiesen sido retirados o eliminados voluntariamente por parte de sus titulares”. Pero en la anterior legislatura autonómica, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos insistió en que para solucionar el caso de la tumba de Queipo de Llano todavía sería necesario un desarrollo reglamentario de la vigente Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática.
En paralelo, el gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla apuntó que mediaban “palmarias diferencias” entre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y la demanda de que la basílica de la Macarena deje de acoger la tumba de Queipo de Llano, pues el Valle de los Caídos es un espacio público y la basílica un “lugar privado de uso público”.
La reforma de la Ley estatal de Memoria Democrático, de cualquier modo, impediría la presencia de figuras del franquismo en lugares preeminentes, anunciando el Gobierno que los restos mortales del general golpista serán exhumados y enterrados de manera “digna”, donde su familia “decida”. Según el Ejecutivo central, será la propia hermandad de la Macarena la que tendrá que correr con los gastos de la exhumación de Queipo de Llano.
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