A Gertrudis la desalojan del piso que ocupa con su hijo en Sevilla Este el 16 de noviembre, y diez días después le toca a Rocío y a sus dos hijos, que viven en Bellavista. Ambas le ponen cara a un drama que se repite día a día, y que sólo se ha conseguido ralentizar en los últimos meses gracias al decreto del Gobierno central que en teoría impide los desahucios en el marco de la crisis provocada por el coronavirus. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) le ponía este viernes el altavoz a estos dos casos, que está gestionando la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) del Ayuntamiento de Sevilla, desde la que se avanzaba que la previsión es que ambos lanzamientos se frenen durante unos meses. Entonces volverá a ponerse en marcha la maquinaria burocrática para expulsar a estas dos mujeres, aunque con la esperanza de que para entonces se haya encontrado una solución intermedia. Y así, un día tras otro.
Esta rutina de casos desesperados, denuncias públicas de colectivos sociales y soluciones que se intentan dar casi sobre la marcha es el pan nuestro de cada día. En el segundo trimestre de 2021 se produjeron en Andalucía 1.794 desahucios, lo que supone casi 20 diarios, y eso que el dato es sensiblemente inferior al de 2019 (2.433). El confinamiento convirtió 2020 en un año con el que no se pueden establecer comparaciones, pero aún así, en esos tres meses que coincidieron con lo más crudo de la pandemia, se produjeron 275 lanzamientos judiciales.
El relato de Gertrudis refleja lo poco que hace falta para que todo salte por los aires. Trabajaba como limpiadora, pero cogió con fuerza el coronavirus en octubre de 2020, fue hospitalizada y acabó perdiendo su empleo. Desde entonces sólo le han salido cosas puntuales y no puede hacer frente a la renta del piso de dos habitaciones en el que vive desde hace tres años, a razón de 730 euros mensuales. ¿Y no hay opción de encontrar algo más económico? “El problema es que no tengo nómina, si alguien me alquila así que me lo diga”.
El caso de Rocío ofrece otro perfil también repetido. Con un niño de 10 años y otro de 6, pierde su trabajo y subsiste con el Ingreso Mínimo Vital, pero deja de pagar el alquiler y la desahucian. Aquello la lleva a ocupar el piso del que ahora la van a desalojar, en el que se instaló pese a que carecía de luz y agua.
Gertrudis y Rocío son “la punta del iceberg”, lamenta Toni Martínez Santamaría, coordinador del Punto de Información de la Vivienda y Encuentro (PIVE), en el que se conocieron estas dos mujeres. A través del PIVE es como la Asociación Pro Derechos Humanos orienta y ayuda a personas en esta situación, “casi siempre mujeres con hijos porque son muy vulnerables”. Apdha era la impulsora este viernes de la concentración para denunciar los casos de Gertrudis y Rocío ante la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, a la que se reclamaba la agilización de sus expedientes para darles una solución.
Este organismo depende de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa), cuyo gerente, Felipe Castro, es el encargado de anunciar que desde los juzgados les dicen que se suspende la ejecución de estos dos desahucios por unos meses, gracias sobre todo a que cuentan con los correspondientes informes de vulnerabilidad que han emitido los técnicos municipales y al ya famoso decreto estatal, en vigor en principio hasta el próximo 28 de febrero tras haber sido prorrogado un par de veces. “Con esta normativa se han conseguido muchas suspensiones”, apostilla.
“Esto no soluciona el problema, pero da un tiempo que es necesario”, reconoce. La Oficina por el Derecho a la Vivienda trabaja en tres líneas: conseguir un acuerdo con el propietario, ayudar con un alquiler privado y entregar una vivienda pública. Pero el proceso tiene sus tiempos, que no son cortos, de ahí la importancia de conseguir aplazamientos aunque sea de meses. Desde que abrió la Oficina en 2016 se han resuelto casi 2.000 situaciones, pero esta rueda nunca deja de girar. Sobre la mesa tienen acumulados 30 casos extremos como los de Gertrudis y Rocío, y eso que “cada día se adjudica una vivienda, no permitimos que nadie se quede en la calle”.
En Apdha dicen que sí, que vale, pero que en ocasiones la solución pasa por un hostal unos días o por ocupar un piso en un apartamento con otra familia. “Esto es un laberinto burocrático, un lodo en el que la vida de estas personas se va hundiendo, porque sin una vivienda digna no hay vida”, subraya Martínez Santamaría, que tiene claro el diagnóstico: “Si hay pocas viviendas sociales, que se construyan”, porque encima el frenesí de desahucios “no lo han parado ni la pandemia ni el decreto del Gobierno”.
Castro reconoce que hace falta incrementar el parque público, y confía en que ayude a ello el futuro Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, que prevé ayudas económicas a los municipios para estos fines. El Ayuntamiento de Sevilla, esgrime, ha adquirido 400 viviendas para uso social tras invertir en los últimos años 40 millones de euros con recursos exclusivamente municipales.
Entre unas cosas y otras, Gertrudis y Rocío han ganado unos meses gracias a una carrera en la que se imbrican colectivos sociales, abogados de oficio y el Ayuntamiento. Además de Apdha, en la pequeña concentración de este viernes se reunían miembros de colectivos antidesahucios, la Oficina de Derechos Sociales de la Casa del Pumarejo o formaciones de izquierda, algunos de los cuales llegaban de parar otro lanzamiento en San Juan de Aznalfarache. Cánticos de “¿Qué pasa? Que no tenemos casa” y camisetas con la leyenda Desahucian al obrero, rescatan al banquero se arremolinan en torno a la pancarta que proclama el derecho a techo. Gertrudis y Rocío lo seguirán teniendo durante unos meses, al menos hasta que se vuelva a poner en marcha la maquinaria.
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