Si la tierra hablara... contaría lo que pasó con los más de 1.100 cadáveres de víctimas de la Guerra Civil contenidos en la fosa de Pico Reja del cementerio de Sevilla . Una cifra cuya exhumación tiene un coste de aproximadamente 1,2 millones de euros. Parece que la firma del convenio relativo a la financiación de tales labores es ya “inminente”, según ha informado este miércoles el alcalde hispalense, Juan Espadas, en una visita al camposanto de la capital andaluza.
En concreto, el cementerio de San Fernando ha recibido este miércoles una visita institucional encabezada por el primer edil hispalense, Juan Espadas; el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios; el director general de Memoria Histórica del Gobierno central, Fernando Martínez; y el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Junto a familiares de víctimas de la guerra civil y la represión franquista, los representantes institucionales han comprobado los trabajos de identificación, delimitación e indagación inicial acometidos en las fosas comunes bautizadas como Monumento y Antigua, unas labores iniciadas el pasado mes de septiembre, después de que la fosa de Pico Reja ya fuese objeto de una actuación similar.
Tanto la investigación acometida ya sobre la fosa de Pico Reja como las actuaciones actualmente en marcha sobre las fosas de Monumento y Antigua fueron encomendadas a la empresa TCA Geomática, bajo la dirección de la arqueóloga Inmaculada Carrasco.
En ese sentido, recordemos que según historiadores como José Díaz Arriaza, la fosa de Pico Reja podría acoger los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936, figurando entre las víctimas miembros de la corporación municipal de la época, algunos alcaldes e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936.
La investigación inicial de aquella fosa, en ese sentido, reveló que la misma es “mucho mayor” de lo que en principio se pensaba, siendo descubiertos en las primeras catas restos óseos pertenecientes a seis personas, al menos dos de ellas con impactos de proyectil.
Ahora, los trabajos se centran en la delimitación, señalización e investigación inicial de la fosa de Monumento, que según el historiador José Díaz Arriaza acogería 7.440 cadáveres enterrados desde septiembre de 1936 a enero de 1940, incluyendo unas 3.000 personas represaliadas por ejecuciones o fallecidas por enfermedades o hambre en las cárceles de Sevilla, y de la fosa Antigua, que acogería 5.596 cuerpos depositados entre febrero de 1940 y junio de 1942, incluyendo los restos de unos 500 represaliados.
Mientras los técnicos y arqueólogos rematan ya sus trabajos en estas dos fosas, la mencionada visita institucional ha servido para visibilizar el “compromiso” de las administraciones para seguir avanzando en la investigación de las fosas comunes, la recuperación de los cadáveres y la “dignificación” de las víctimas de la guerra civil y la represión franquista.
Convenio “inminente” para la exhumación
Al respecto, Juan Espadas ha expuesto que tras ser recogidas las muestras de ADN de 80 personas cuyos familiares descansaría en la fosa de Pico Reja, en octubre se realizará otro muestreo con 75 personas más relacionadas con las personas enterradas en esta fosa. Del mismo modo, ha asegurado que ya es “inminente” la firma del convenio de colaboración gracias al cual todas las administraciones participarán en el proyecto de exhumación de las personas sepultadas en esta fosa, cuyo coste se eleva a unos 1,2 millones de euros.
En ese sentido, el director general de Memoria Histórica del Gobierno central ha defendido la “sensibilidad” del ejecutivo del socialista Pedro Sánchez con la recuperación de la memoria histórica, manifestando que el Estado se sumará al convenio relativo a la exhumación de las víctimas de Pico Reja. Además, Fernando Martínez ha expuesto que Andalucía es un “referente nacional” en materia de recuperación de la memoria histórica, mencionando las leyes y “políticas” desplegadas en la materia por el Gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha llamado de su lado a apoyar la “noble” causa de la búsqueda de la “verdad, la justicia y la reparación” de la memoria de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, defendiendo que Andalucía está “a la vanguardia” en este aspecto.
Finalmente, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha apostado por “profundizar” en la historia de la guerra civil y la represión dictatorial, para resolver la situación de “140.000 familias que no tienen a dónde llevar flores” el día de los difuntos y “hacer pedagogía” en la actual generación y las posteriores, ante “el avance de sectores fascistas y xenófobos” en Europa.
Todos ellos, en cualquier caso, han coincidido en la idea de que la investigación de las fosas comunes y la exhumación de las víctimas no es una manera de reabrir “heridas”, sino de “cerrarlas” para satisfacer los anhelos de las familias de las víctimas, “devolver la dignidad pública” a las mismas y “construir un futuro de paz y convivencia”.