El metro de Sevilla sigue dando pasos para apuntalar su resurrección con la construcción de la línea 3, llamada a acompañar a la única existente hasta la fecha, que se puso en marcha en 2009. Hace unos días se presentaba el proyecto del tramo norte de esta línea 3, y este miércoles arrancaban los trabajos geotécnicos para ir perfilando el tramo sur, todo ello en un ambiente en el que se habla mucho de financiación, plazos y opciones técnicas y en el que (por ahora) se ha conseguido lo más difícil: aislar una obra fundamental para la ciudad del rifirrafe político. La cuestión es si todos son capaces de mantener esta situación en un 2022 que es año electoral Andalucía y en el que, sobre el papel, parece difícil evitar la tentación de no hacer un uso político.
Por lo pronto, tanto el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), como el alcalde hispalense, Antonio Muñoz (PSOE), se comprometieron en la reunión que mantuvieron el pasado lunes a no usar el metro como “arma política arrojadiza”, en palabras del regidor. Hay que abstraerse del “exceso de ruido político”, vino a decir Muñoz, mientras Moreno garantizaba un clima de “serenidad” para intentar escapar de la inevitable “excitación electoral”.
Y lo cierto es que, desde que en 2019 la Junta de Andalucía empezó a dar los primeros pasos técnicos para retomar el metro, no ha habido un clima especialmente crispado alrededor de esta cuestión. Si esto se puede mantener en el futuro dependerá en buena parte de lo que ocurra el próximo 26 de enero, fecha en la que la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, se reunirá con Gobierno andaluz y Ayuntamiento y se da por hecho que concretará un compromiso para cofinanciar una obra a la que, en este tramo norte de la línea 3, se le calcula un presupuesto de 1.045 millones de euros.
El metro es competencia de la Junta, pero una iniciativa de esta envergadura siempre necesita de la colaboración del Ejecutivo central, que hasta la fecha ha mantenido que participará y que consignará partidas en los presupuestos en cuanto hubiese un proyecto técnico. Este se presentó la semana pasada y a renglón seguido la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, envió una carta a la ministra para recordarle que llegó el momento de la verdad y pedirle una reunión, que tendrá lugar el próximo miércoles.
No obstante, y como avance, la Delegación del Gobierno confirmaba la “voluntad” estatal de arrimar el hombro, cuestión que confirmaba también el alcalde de Sevilla al avanzar que ha tenido contactos con la ministra de Fomento y la de Hacienda, María Jesús Montero. La impresión con la que se ha quedado es positiva; la cuestión ahora es en qué se concreta todo esto, y aquí la referencia es lo que ocurrió con la línea 1, para la que el Ejecutivo central puso el 47% del presupuesto inicial, 218 millones de los 461 inicialmente previstos. El problema es que el coste final superó los 900 millones, una diferencia en la factura que recayó en solitario en la Junta de Andalucía.
Así las cosas, cuando se anunció que el Gobierno andaluz presentaba el proyecto de la línea 3 se sobreentendió que así tenía un argumento más para cargar contra el Ejecutivo central en este contexto preelectoral. Pero por ahora, todo se mantiene en un perfil bajo, en contraste con la tormenta política que está empezando a desatarse entre ambas administraciones a cuenta de otros asuntos como la sanidad o los regadíos ilegales en Doñana.
Curiosamente, el único que por ahora tiene que aguantar más es el alcalde, Antonio Muñoz, básicamente porque PP y Cs (socios en el Gobierno andaluz) no hacen más que reclamarle que le exija al Estado que ponga dinero. La consejera de Fomento, por su parte, volvía a condicionar este miércoles el inicio de las obras y su posterior calendario al compromiso de financiación estatal, subrayando que si en breve hay luz verde los trabajos podrían licitarse en primavera e iniciarse a finales de año.
Así que, hasta la fecha, todos coinciden en tres cuestiones: que ha llegado la hora del metro de Sevilla, que el proyecto es estratégico y que, para que las cosas salgan bien, hay que sacarlo de la pelea entre partidos y administraciones. Lo cierto es que hasta ahora se ha conseguido, la cuestión es ver si se mantiene así pese a los vaivenes que traerá el año electoral.
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