“La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación representan un deber moral inexcusable de nuestra democracia”. Con estas palabras que apelan a los principios de la Ley estatal de Memoria Democrática, familiares de represaliados y entidades memorialistas han recordado este sábado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), que “la memoria histórica y democrática es un asunto de derechos humanos, de justicia, de democracia”.
Recordatorio que desde la Asamblea de Familiares y Asociaciones Memorialistas de Plaza de la Gavidia estiman necesario hacer, toda vez que consideran que el actual equipo de Gobierno “ha paralizado por completo todas las políticas públicas en materia de Memoria Histórica y Democrática”, iniciadas en el anterior mandato socialista. Por esta razón, la citada asamblea ha convocado una nueva concentración frente al Ayuntamiento hispalense con el lema ¡Alcalde, no mientas! Cumple las leyes de memoria democrática.
“El actual alcalde de Sevilla miente cuando dice que no ha suprimido ninguna de las actuaciones en marcha”, sostienen desde las organizaciones que conforman la entidad convocante. De ahí que el movimiento memorialista de la ciudad se haya congregado en Plaza Nueva para recordar cuáles son esos proyectos que estaban en marcha y que han quedado relegados a “la parálisis absoluta” que denuncia Juan Valencia, uno de los miembros de la asamblea Plaza de la Gavidia, en conversación con este periódico: “No hay absolutamente nada previsto para iniciar los trabajos de exhumación en la fosa Monumento, donde se espera que haya más restos que en la de Pico Reja, aunque existe una partida para ello a cuenta de los presupuestos municipales de 2023, ni se ha dado ni un solo paso para proseguir el proyecto museológico de Ranilla”, explica.
Asimismo, durante el acto, se ha recordado que en Andalucía hay todavía desaparecidas más de “45.500 víctimas del franquismo repartidas en 708 fosas comunes”. Los familiares de algunas de ellas han recordado sus nombres, sus historias, sus vidas truncadas por la represión y la guerra, así como el sufrimiento de quienes no pueden honrar a sus muertos dándoles “cumplida sepultura”, como lamenta Juan Valencia. “Se llamaba Antonio y era un jornalero solidario, ¿dónde estará? ¿Estará en Monumento?”, se ha preguntado una de las activistas que han intervenido en la concentración de este sábado, poniendo voz a una incógnita con la que llevan conviviendo décadas miles de familias.
Respaldando la iniciativa de las asociaciones memorialistas, se encontraban ciudadanos sensibilizados con la memoria democrática, así como los grupos municipales del PSOE y de Podemos-IU y los sindicatos CCOO, UGT y CGT. Precisamente, las organizaciones sindicales han coincidido en que “esto no va de izquierda o derecha, esto va de que esto es un bien democrático que toca preservar y cumplir con la ley de memoria democrática”, como ha expresado Carlos Aristu, secretario general de CCOO en Sevilla, minutos antes de comenzar el acto. En línea similar, el responsable de Memoria Histórica de UGT Andalucía, Ramón Sánchez Garrido, ha calificado de “inadmisible” que se intente politizar “un tema que es de justicia social” al regirse por “los principios humanos de conocer la verdad, justicia y reparación”.
Desde el PSOE se suman también a estas reivindicaciones, exigiendo al regidor sevillano que “reactive de una vez las políticas de memoria democrática” que impulsó su partido en colaboración con otras administraciones públicas durante el tiempo que ostentaron la alcaldía, para así “cerrar una herida” que atraviesa hoy en día a numerosas familias en la ciudad, como ha recordado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón.
Por su parte, la portavoz de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha condenado en su intervención la “ofensiva sin precedentes” que dice estar sufriendo el movimiento memorialista “por parte del Gobierno de José Luis Sanz”. En alusión a ese “boicot del Partido Popular a las leyes de memoria” al que se ha referido, Hornillo ha mencionado “la eliminación de la Oficina de Memoria Histórica y el Consejo Municipal de Memoria Histórica o la supresión de líneas de financiación para la exhumación de víctimas del franquismo, pese a que las leyes autonómica y estatal recogen el papel crucial de las administraciones locales en esta materia”.
A ojos de las asociaciones memorialistas, la paralización de la Oficina Municipal de Memoria Histórica –creada por el anterior Ejecutivo del PSOE para coordinar las políticas de memoria democrática y que “funcionaba muy bien”, según los miembros de la asamblea de la Gavidia– la suspensión del dispositivo establecido para la recogida de muestras de ADN, el no haber constituido “como es preceptivo” el nuevo Consejo Municipal de Memoria Democrática o el plazo de un mes concedido para solicitar las subvenciones para actuaciones de investigación, estudio y divulgación de la memoria histórica vienen a confirmar sus temores por el devenir de las políticas de memoria en la ciudad, que manifestaron en otra concentración al inicio del mandato de José Luis Sanz, después de que el alcalde popular expresara que estas competencias son “impropias” de los ayuntamientos.
Al hilo, Juan Morillo, otro de los miembros veteranos de la asamblea, ha rememorado aquellas controvertidas declaraciones en las que Sanz manifestaba su idea de “reorganizar la política” de memoria democrática en la administración local porque, a juicio del primer edil, entrañaba “un poco de despilfarro”. Aunque Sanz garantizó entonces que mantendría todo lo que ya estaba en marcha, ahora el movimiento memorialista de Sevilla se dirige a él con una carta en la que le pide que “no mienta” y “cumpla con las leyes de memoria democrática”.
Según apostilla su compañero Juan Valencia, quien fue también miembro del anterior Consejo Municipal de Memoria, este “llamamiento a la ciudadanía” se produce después de que los colectivos hayan presentado ante el Ayuntamiento hispalense hasta “cuatro solicitudes de reunión” con el alcalde, que “no han sido atendidas” por el momento. De modo que han recurrido a la protesta en la calle para reclamar, junto a otras entidades ciudadanas, que el Gobierno local devuelva a Sevilla “políticas públicas activas” en materia de memoria democrática porque, han insistido, “nosotros no olvidamos”.
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