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“Están jugando con nosotros”, cuenta Toñi Reyes, una de las vecinas afectadas por los continuos cortes de suministro eléctrico en los barrios obreros de Sevilla. “Endesa tiene conductas criminales y las Administraciones son cómplices, lo que está haciendo en los barrios es terrorismo”, afirmaba rotundamente tras relatar cómo el suministro de los vecinos de Padre Pío se interrumpe de manera intermitente cada día. La rabia que impregna sus palabras es compartida por el resto de vecinos que este lunes han acudido a la rueda de prensa que la plataforma vecinal Barrios Hartos ha dado en la sede del distrito de Cerro-Amate, donde el pasado viernes tuvo lugar un encierro que terminó con la detención de uno de sus representantes. Mientras, el Ayuntamiento asegura que sus competencias son “limitadas” y Endesa insiste en que en la zona “se está haciendo un consumo industrial en una zona doméstica”.
Un ambiente caldeado
La detención de Juan García, portavoz y principal cara visible de la organización, ha levantado ampollas en el colectivo, que consiguió, sin embargo, la creación de un Comité de Emergencia, cuya primera reunión está fijada ahora (tras dos retrasos) para el martes 23 de julio. Un arresto que, según Barrios Hartos, se produjo con la acusación de “allanamiento con violencia”. Pese a que García fue puesto en libertad unas horas después, los cargos se mantienen, aunque para el afectado “no se sostengan, ya que no hay parte de lesiones de nadie ni desperfectos en el edificio”.
Ángel Carrillo, en representación de la plataforma vecinal, ha querido recordar ante los medios que “los barrios están en una situación de urgencia”. Asimismo, ha recalcado que, además de la ola de calor y los problemas de sobrecarga en la red que se derivan de los aparatos de aire acondicionado, hay personas electrodependientes, que por cuestiones de salud dependen de la red eléctrica para su supervivencia por el uso de maquinaria como respiradores artificiales.
Barrios Hartos acusa de “complicidad” a las administraciones
Por su parte, Laura Cárdenas, otra de las representantes del colectivo que ha atendido este lunes a los medios en Cerro-Amate, ha denunciado públicamente “las desigualdades en la aplicación de la ley”. También ha aprovechado para recalcar lo “desmedido” de la actuación policial, que el viernes se personó con cinco furgones y 30 agentes para detener una acción “pacífica y legal” por parte de Barrios Hartos. Un despliegue que contrasta, según la plataforma, con las excusas habituales que reciben los mismos barrios donde se dan los cortes de luz, que “siempre andan cortos de personal cuando se necesita a la policía”.
La portavoz ha querido destacar la “complicidad” y “solidaridad” de las administraciones con Endesa, proveedora de los servicios, y el caso omiso que se hace a los movimientos ciudadanos: “Nuestro problema es que no tenemos a tres expresidentes ni una lista de altos cargos trabajando con nosotros”. Además, ha querido aludir a la auditoría realizada por la Junta de Andalucía para evaluar la calidad de la red en los barrios afectados por los cortes de luz y que vino a reafirmar la tesis que mantiene la compañía eléctrica de que “hay potencia suficiente” y que la principal causa de los apagones que llevan años denunciando los vecinos es el “fraude eléctrico”.
Los miembros de Barrios Hartos han expresado su malestar porque solo pueden acceder al resumen ejecutivo, “donde ya se ve que se cometen irregularidades para tapar las carencias de las infraestructuras”. Ante la negativa de los organismos competentes a mostrar el documento completo, Laura Cárdenas se ha reafirmado en su postura de que “no se nos toma en serio”.
El Ayuntamiento de Sevilla, interpelado por la plataforma y personado el pasado viernes con dos concejales, mantiene que su papel es el de ayudar a que se solucionen los problemas de suministros “como con cualquier otra emergencia básica de los sevillanos”. Sin embargo, explican que sus competencias a la hora de aportar soluciones son limitadas, y que ellos han participado en las negociaciones en las sucesivas mesas de trabajo que se han constituido durante el último año. Dicen “estar pendientes” de lo que ocurre en estos barrios y afirman “haber pedido a Endesa y a las autoridades competentes que intervengan en el problema”.
“Hay un grave problema con los cultivos de marihuana”
Desde la empresa eléctrica han querido hacer hincapié en que la infraestructura es suficiente, pero que sufren “una sobrecarga constante”. Fuentes de la empresa aluden al caso del último transformador quemado en la zona de Torreblanca, una estación que tenía capacidad para 1.400 clientes cuando solo existen 204 puntos de suministro contratados en ese área, pero que sufrió una sobrecarga que llevó a su incendio. También ha desmentido la obsolescencia del cableado, citando este último caso donde el centro de transformación apenas tenía un año de antigüedad.
Desde la compañía ha recalcado que “no quieren estigmatizar a los vecinos de la zona” pero existe “un grave problema con los cultivos de marihuana, porque cada una de las plantaciones consume como 80 viviendas”. Por tanto, explican, “se hace un consumo industrial en una zona doméstica. Pese a ello, desde Endesa aseguran que son los primeros interesados en arreglar el problema, pero que ”es necesaria la coordinación de todas las administraciones para atacar a la raíz del problema“.