Un nuevo juzgado inaugura 'en diferido' la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que estará a pleno rendimiento en 2028

Muchos creían que nunca la verían pero, veinte años después de que Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla firmaran levantar un nuevo complejo judicial, la Ciudad de la Justicia es una realidad en Palmas Altas. Al menos, una realidad en parte, porque la mudanza de los órganos judiciales será progresiva hasta 2028 a partir de la entrada en funcionamiento del Juzgado de lo Mercantil número 4, que este martes se ha de poner forzosamente en marcha al ser de nueva creación. Más de un centenar de órganos judiciales esperan su momento. A lo largo de noviembre se mudarán los otros tres mercantilles y los 13 contencioso-administrativos, y en junio los primeros de Primera Instancia. El “horizonte” es el año 2028, cuando se prevé culminar el proceso de traslado, pero sin “ciencia ficción” en cuanto a los plazos, que también dependen de los operadores jurídicos.

Así se ha pronunciado este lunes el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que se ha interesado este lunes por los últimos retoques a las dependencias ya habilitadas de una macrosede judicial de siete edificios, adquirida a Abengoa hace un par de años y que albergará todos los órganos judiciales de Sevilla, y los nuevos que se creen, a partir de ahora. La mudanza será progresiva, pero el “hito” en su apertura le ha servido a la Junta para presumir de haberlo conseguido tras muchos años de intentos frustrados en otros emplazamientos y para “cubrir una necesidad que ha estado mucho tiempo encima de la mesa”, según lo comentado por Nieto en una visita a medios de comunicación organizada por la Consejería.

El calendario de traslado previsto por la Junta de Andalucía volvió recientemente a retrasarse de nuevo porque los jueces, fiscales y abogados de Sevilla, verdaderos usuarios de la sede judicial de Palmas Altas, solicitaron una mudanza progresiva. Primero iba a ser en agosto y luego se aplazó hasta este 'puente' de Todos los Santos, pero la administración autonómica, competente en las infraestructuras judiciales, ha tenido que renegociar incluso el contrato con la empresa de mudanzas para ajustarlo a los nuevos plazos, según el propio consejero.

¿Cómo es la nueva sede?

Así las cosas, el traslado a Palmas Altas de los primeros 17 juzgados (trece de lo Contencioso y cuatro de lo Mercantil, las jurisdicciones con menos presión de asuntos) se desarrollará al completo durante el mes de noviembre. Ya en 2024 está prevista la mudanza al Edificio D de los primeros órganos de Primera Instancia, pero hasta dentro de cinco años no está previsto que terminen las mudanzas a un complejo que “se irá definiendo” en cuanto a su concreta distribución de acuerdo a las primeras experiencias y los señalamientos de juicios, siempre y cuando se desarrolle con éxito el “diálogo” con los operadores jurídicos, principalmente los jueces, ha expuesto Nieto.

El consejero, quien ha calificado de “odisea” hablar de plazos muy concretos porque “los jueces nos van cambiando los plazos” en ese sentido, se ha mostrado en todo caso compresivo con aquellas “resistencias y dudas” ante un “cambio radical” como el previsto para la Justicia sevillana, esperando que “todos se darán cuenta del salto que damos al pasar de una Justicia del siglo XX a una del XXI”. Recordemos que Sevilla tienes sus edificios judiciales cercanos entre sí pero dispersos entre las viejas instalaciones del Prado de San Sebastián, la avenida de la Buhaira (Edificio Noga) y el Edificio Viapol.

Espacios diáfanos para el funcionariado judicial, nuevos despachos para los magistrados, salas de vistas para los juicios y salas de espera para testigos son algunas de las características de los edificios de cuatro plantas que se irán poniendo en marcha tras la obras de adaptación y reforma de las oficinas que fueran de Abengoa. Con la amplitud del lugar, de este primer Edificio A que este martes entrará en uso, y del resto de sedes, con similares características, se prevé hacer frente al crecimiento de la planta judicial en los próximos años. “En cualquier otro emplazamiento, la Ciudad de la Justicia hubiera nacido pequeña”, ha defendido Nieto, quien ha insistido en “ir viendo qué nos pide la sede” para ir consolidando los traslados por jurisdicciones e “ir viendo necesidades”. Aún falta por licitar el octavo edificio, que albergaría los órganos y secciones de la Audiencia Provincial del ámbito penal.

“Podríamos haber metido ahora más juzgados, pero eso no hubiera respondido a la calidad que queremos dar a la principal sede judicial de Andalucía”, ha explicado Nieto. “Hoy estamos 'tocando' el Juzgado de lo Mercantil número 4 después de muchas maquetas y alguna que otra primera piedra”, ha dicho el consejero defendiendo la apertura de la Ciudad de la Justicia tras los frustados intentos por parte del anterior gobierno socialista en la Junta.

Nueva línea de autobuses y protestas sindicales

Representantes de los sindicatos UGT, CSIF y SIJEA han dado la 'bienvenida' al consejero a su llegada a Palmas Altas, protestando por la “incomunicación” de la macrosede judicial. “Es una necesidad para Sevilla ir poniendo esta sede en marcha”, les ha dicho al acercarse a la entrada. Después, ante la prensa, ha agradecido la “voluntad explícita” del Ayuntamiento de Sevilla que, a través de Tussam, ha puesto en servicio este mismo lunes una nueva línea que conectará el Prado de San Sebastián con la Ciudad de la Justicia. Nieto confía en que el Metro llegue también a la Ciudad de la Justicia, tal y como prevé la Junta en los próximos años, en que las comunicaciones y conexiones sean totales cuando la macrosede funcione a pleno rendimiento y hacia la que la movilidad no suponga un problema.

Nieto ha defendido que “no estamos en mitad de la nada”, prueba de ello es la ubicación del centro comercial Lagoh, inaugurado en 2019 y al que las familias acuden a diario, de acuerdo a sus argumentos. El consejero no entiende “esos planteamientos” de falta de accesibilidad porque “cuando se mejora, uno tiene que adaptarse”, poniendo como ejemplo cuando a un empleado de una entidad privada se le dice que la empresa cambia físicamente de sede. Nieto ha anunciado que la Junta está “estudiando” la posibilidad de poner en marcha otras lanzaderas desde estaciones de autobuses procedentes de otros puntos de la provincia.

De momento, la Línea CJ de autobuses tiene una longitud total de 16 kilómetros, ocho por sentido, y prestará servicio de 7.00 a 23.30 horas con un modelo de lanzadera con objeto de proporcionar “la mayor rapidez posible” a los desplazamientos, que tendrán un tiempo de viaje, entre cabeceras, de entre 20 y 25 minutos. Su frecuencia de paso será de 15 minutos en horario de mañana y 20 minutos en horario de tarde, según detalla el Consistorio en una nota de prensa. Este servicio tendrá su cabecera en la Avenida del Cid, circulando posteriormente por Avenida de María Luisa, Paseo de las Delicias, donde dispondrá de parada en ambos sentidos, Avenida de la Palmera, Avenida de Jerez, Avenida de Alemania, Avenida de Dinamarca, CC Lagoh (con parada), finalizando en la Ciudad de la Justicia donde establecerá su cabecera en su entrada principal.

El décimo consejero

Un poco de historia respecto a la Ciudad de la Justicia de Sevilla. No fue hasta el 27 de diciembre de 2021 cuando la Junta de Andalucía formalizó la compra del complejo de Palmas Altas y de dos parcelas anexas para ubicar definitivamente el complejo judicial por un importe de 70,6 millones de euros. Fue el entonces consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín. Su sucesor a cargo de las competencias judiciales, José Antonio Nieto, es el consejero definitivo que le da la botón para la puesta en marcha del nuevo complejo judicial. Pero nueve antes que él se propusieron lo mismo, manteniendo la promesa de unas instalaciones judiciales dignas, demandadas por todo el sector desde hace muchos años pero sin sin grandes avances hasta la compra de Palmas Altas aprovechando la salida de la multinacional Abengoa.

Carmen Hermosín (2000-2004), María José López (2004-2008), Evangelina Naranjo (2008-2009), Begoña Álvarez (2009-2010), Luis Pizarro (2010-2011), Francisco Menacho (2011-2012), Emilio de Llera (2012-2017), Rosa Aguilar (2017-2019), Juan Marín (2019-2022) y José Antonio Nieto (2022-) tuvieron que hacer frente a la pretendida Ciudad de la Justicia, cada cual a su manera. Después del primer intento serio de Carmen Hermosín, al firmar el 8 de octubre de 2003 con el entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín un protocolo para construirla en Los Gordales y de la propuesta de María José López de llevar el macroproyecto a la zona del Puerto de Sevilla ante las dificultades para recepcionar los terrenos de por parte del Estado, Evangelina Naranjo tuvo la 'suerte' de poder inaugurar en abril de 2009 el balsámico edificio Noga, que ha servido para albergar los juzgados de lo Penal. Se le llamó también 'edificio puente' con la optimista esperanza de que pronto llegara la Ciudad de la Justicia, que ha tardado otros 14 años en empezar a convertirse en realidad.

Álvarez, Pizarro y Menacho apenas tuvieron tiempo, con poco más de un año en el cargo cada uno, de meterle mano al eterno proyecto. Emilio de Llera estuvo cinco años en el cargo sin avances visibles (de “ciencia ficción” lo llegó a calificar), y posteriormente Rosa Aguilar, con similares resultados. Los presupuestos autonómicos fueron contemplando partidas destinadas a impulsar los trabajos previos relativos a la parcela de Los Gordales, emplazamiento por el que principalmente apostó la Junta, si bien el proyecto también se llegó a 'mudar', además de a la zona portuaria del Muelle del Batán, al entorno del Prado, al cuartel de Alfonso XII, a Bellavista, a La Cartuja o a Palmas Altas, lugar definitivamente elegido, con instalaciones ya construidas.

Las dificultades económicas están detrás de esos retrasos. Al margen de la finaciación autofinanciada, utilizada por ejemplo para estas obras de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, una de las soluciones a la imposibilidad presupuestaria para otras sedes judiciales de Andalucía es establecer convenios o protocolos con ayuntamientos “solventes” económicamente, de partidos judiciales no excesivamente grandes, para que se encarguen de construir nuevos edificios a fin de que, a futuro, alberguen los órganos y servicios judiciales, de lo cual ya se encargaría la Consejería de Justicia.