El PP, que gobierna en Sevilla de la mano de José Luis Sanz, va a forzar que el Ayuntamiento hispalense respalde la concentración contra la amnistía que se celebró el pasado domingo en la capital convocada por los propios populares. Así se recoge en la propuesta que va a presentar por vía de urgencia para su debate en el pleno de este mismo jueves, en la que señala que la protesta “deja claro que Sevilla está contra el acuerdo firmado entre el PSOE y el partido separatista Junts” para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que se formalizará precisamente este jueves. Una manifestación, por cierto, de la que no se dice que la convocó el PP y en la que algunos participantes portaron banderas con la cruz de Borgoña y amenazaron a los diputados sevillanos de PSOE y Sumar que van a dar su voto a Sánchez. Para condenar esto último, el grupo municipal socialista presentará una propuesta, que tiene muy pocas posibilidades de que llegue ni a debatirse.
La propuesta del PP, que previsiblemente saldrá adelante con sus votos y los del partido de extrema derecha Vox, se presenta literalmente “en apoyo a los sevillanos que el pasado domingo 12 de noviembre se manifestaron contra el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y el partido independentista Junts per Catalunya”. En la misma, se defiende que más de 50.000 sevillanos (una cifra que la Delegación del Gobierno calculó en 40.000) se movilizaron bajo el lema Por la igualdad, no a la amnistía, “una situación en la que familias enteras de sevillanos, abuelos, nietos, padres, madres se echaron a la calle”.
La continua mención a Sevilla en el texto no es gratuita, ya que según el propio reglamento del Consistorio hispalense en el pleno solo deben abordarse “temas que afecten en general a la ciudad”. Por eso, se insiste en que Sevilla está en contra del pacto, se apunta que “implicaría además un retroceso importante para el desarrollo económico” de la capital al suponerle “agravios” y que incluso con esta protesta “los sevillanos hemos dicho no a que se pongan en peligro las pensiones de nuestros mayores”.
En última instancia, el PP insta al pleno municipal a que “se atienda a la protesta pacífica” desarrollada el pasado domingo en la plaza de San Francisco, en la que estuvieron presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz. Un PP, por cierto, que en ningún momento de la propuesta señala que fue este partido el que convocó la concentración, y de hecho llega a apuntar que estamos ante una “protesta popular”... y en este caso, popular no significa del PP.
En la exposición de motivos, se insiste en que el acuerdo PSOE-Junts va en contra de la Constitución y de la convivencia de los españoles, y extrae párrafos del documento rubricado por ambos partidos, como el que señala que Junts “propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya”. Eso sí, obviando que la propuesta es del partido nacionalista y con una redacción en la que parece que es el PSOE el que impulsará esta iniciativa.
Antes de su debate en el pleno, la propuesta se someterá a votación para ver si está justificada su urgencia, en lo que también lo normal es que se junten PP y Vox para sacarla adelante. Una suerte muy diferente a la que, en principio, correrá el texto presentado por el PSOE, que muy previsiblemente no llegue ni a debatirse si PP y Vox unen sus votos para negarle la urgencia que permitiría su exposición y votación en el pleno.
La propuesta del PSOE reclama el apoyo del Consistorio a los diputados socialistas y de Sumar que, en esa misma protesta convocada por el PP, recibieron amenazas en forma de carteles en los que se exhibían a gran tamaño sus fotografías junto a sus nombres y los sueldos que percibirán por desempeñar su labor. Si se comete la traición, conoce a los traidores, rezaba el texto de las pancartas, con las que según el PSOE se les exhibía como “traidores a la patria y a la justicia” si no rompen la disciplina de voto para oponerse a la investidura de Sánchez.
“Se consideraba traidor a España a quien no actuara como tránsfuga, y se le denigraba públicamente mediante la exhibición de su imagen”, señala el texto, todo ello para conseguir “el objetivo político pretendido: la repetición de las elecciones”. Junto a ello, se recuerda que “todas las tardes se convocan manifestaciones ante las sedes del PSOE de toda España para presionar a los representantes legítimos de la ciudadanía”.
Por ello, se insta al Ayuntamiento de Sevilla a “condenar las presiones, coacciones y amenazas” recibidas por estos diputados, a la vez que se le pide “declarar la legitimidad del presidente del Gobierno elegido por la mayoría del Congreso”. El texto recuerda en este sentido que, “como culminación” de esta situación, “se califica como ilegítimo” al presidente “elegido por el Congreso por una mayoría parlamentaria de acuerdo con lo establecido en la Constitución”. En este sentido, se apunta que, al fin y al cabo, se trata de reclamar la misma “legitimidad democrática” de la que gozan presidentes de comunidades autónomas, de diputaciones y los alcaldes, “que han sido elegidos por mayoría en los parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales o plenos municipales”.
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