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Segunda reunión en el Ayuntamiento de Sevilla entre el gobierno local (PP) y la oposición (PSOE, Vox y Podemos-IU) para intentar consensuar una vía que frene la avalancha de pisos turísticos, y segundo fracaso. Con el antecedente de que el alcalde, José Luis Sanz (PP), no pudo sacar adelante en el pleno municipal su propuesta para limitar esta tipología de alojamientos al carecer de los votos necesarios, a día de hoy sigue sin producirse el más mínimo avance político y, mientras tanto, el contador de estas viviendas no deja de crecer. De hecho, la única medida práctica del Consistorio hispalense ha sido pedirle al Ejecutivo andaluz que anule el permiso de 715 inmuebles que no cumplen los requisitos exigidos... gracias a una medida que impuso el PSOE hace dos años.
Este es el único paso efectivo anunciado hasta el momento para reducir el actual número de pisos turísticos, que paradójicamente se da gracias a una iniciativa del anterior gobierno local del PSOE que en su momento no contó con el respaldo de un PP que se abstuvo. Lo que se hizo hace ahora dos años fue una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para imponer –entre otros requisitos– que estas viviendas sólo puedan estar en el bajo o la primera planta de un bloque, una obligación que (hasta el pasado 20 de febrero) incumplirían 715 inmuebles.
Por eso, ha solicitado a la Junta de Andalucía que elimine estas 715 viviendas turísticas, dos de cada tres de las cuales se encuentran en el centro y en Triana. Esto le ha servido al PP para sacar pecho con que Sevilla se convierte así en la primera ciudad andaluza en utilizar el decreto autonómico que permite descalificar los pisos de uso turístico que no estén adaptados a la normativa urbanística. Eso sí, gracias a un cambio en el PGOU que por cierto la propia Junta del PP recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Tirón de orejas por falta de control
La reclamación elevada por el Consistorio hispalense supone, asimismo, un tirón de orejas al Gobierno andaluz, al que indirectamente se le viene a reprochar que no controla las licencias que está concediendo. De hecho, un mero repaso al registro oficial de la Junta ha permitido comprobar que hay pisos que se ubican en plantas elevadas, pese a lo cual han logrado el pertinente visto bueno autonómico.
Estos 715 inmuebles vienen a suponer el 7,5% de todos los que ya hay operativos en Sevilla, más de 9.400 a fecha de este mismo lunes en el que ha tenido lugar esta segunda (e infructuosa) reunión. ¿El siguiente paso? La convocatoria de un nuevo encuentro, mientras la cifra de pisos turísticos sigue creciendo a una velocidad meteórica que no tiene indicios de que vaya a refrenarse.
Informe jurídico en contra de la moratoria
En esta nueva reunión el gobierno municipal se ha enrocado en que legalmente no es posible imponer una moratoria temporal a la concesión de nuevas licencias, pese a que con el mismo decreto de la Junta de Andalucía en la mano sí hay capitales (como Granada) que van a dar este paso. Para ello esgrime un informe jurídico elaborado por la Gerencia Municipal de Urbanismo que concluye que la normativa andaluza sólo permite limitar los pisos turísticos “por razón imperiosa de interés general” pero “no habilita a moratoria alguna”.
¿Cuál ha sido la respuesta de la oposición a este argumento? Pues al margen de mantener sus dudas sobre la interpretación que hace el informe del decreto andaluz (“¿por qué Granada sí puede y Sevilla no?”) y de reclamar la fórmula jurídica que haga posible dar este paso, se insta al gobierno local a que tire por la calle de en medio y fije un porcentaje máximo de pisos turísticos por barrio que –en la práctica– suponga una moratoria. Y es que el PP insiste en defender su cifra del 10% (que ya superan once zonas del centro histórico), pero el PSOE le ha pedido que la sitúe en el 2,5% y Podemos-IU la rebaja incluso al 1%.
Un porcentaje máximo autoimpuesto
El gobierno local, por lo tanto, reitera que nada de hablar de moratoria ni de reducir su cifra del 10%, un porcentaje autoimpuesto y que se estableció tras un estudio elaborado por una consultora privada para la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa). Esto ya ha llevado al PSOE a denunciar que este encastillamiento sólo se puede explicar “desde intereses ocultos como el de proteger los intereses de las grandes plataformas y grandes propietarios de pisos turísticos”.
Podemos-IU, por su parte, ha entregado un documento con propuestas en el que, además del apuntado límite del 1% (cifra en la que se incluirían no sólo pisos, sino también hoteles y apartamentos turísticos), se insta a encarecer el IBI, reforzar la inspección e incluso acometer una “desprivatización” a sociedades con más de diez inmuebles a cambio de un justiprecio. El PP no quiere ni oír hablar de esto último, pero sí ha anunciado una mayor persecución para reducir la oferta ilegal.
“Mercadeo de porcentajes”
Junto a ello, ha garantizado un refuerzo de la vigilancia de las viviendas que sean legales pero que generen especiales molestias. Para intentar dar ejemplo, se barajan medidas disciplinarias como un incremento del IBI, la tasa de basura y el precio del agua.
El gobierno local, eso sí, ha reprochado a la oposición que “se aferre a un mercadeo de porcentajes que no son más que propuestas arbitrarias no sustentadas en informes técnicos”. De esta manera insiste en la defensa de su límite del 10%, ya que considera que las propuestas del resto de partidos “abren la puerta a una grave inseguridad jurídica”. Es decir, que las posturas políticas entre gobierno y oposición se mantienen muy distantes en una cuestión que cada vez está elevando más la temperatura social.