El Partido Popular que gobierna en el Ayuntamiento de Sevilla se ha negado a firmar una declaración institucional promovida por el grupo Con Podemos-Izquierda Unida en apoyo a las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria, que llevan 30 días acampadas frente a la casa consistorial reivindicando mejoras laborales.
Según ha podido confirmar este periódico, la negativa del principal partido del pleno municipal ha impedido que prospere así una iniciativa con la que el resto de grupos políticos pretendía lanzar un reconocimiento unánime a este sector durante la sesión plenaria prevista para este martes 30 de abril. Jornada en la que las propias auxiliares de ayuda a domicilio habían convocado un acto de protesta que ha culminado en el interior del Ayuntamiento y que se ha saldado con un susto, pues una de las manifestantes ha sufrido un ataque de ansiedad y se ha desmayado en el salón de plenos. Suceso que ha llevado a suspender la sesión por unos minutos.
Sus compañeras han achacado el incidente al cansancio y la “tensión acumulada”, tras un mes de “lucha” en la calle, compatibilizando su vida laboral con la protesta que libraban en la acampada durante su tiempo libre. Mientras las trabajadoras recriminaban a los responsables políticos que no se hayan reunido con ellas en los 30 días que llevan asentadas frente al Consistorio, al reanudarse la sesión, el portavoz del grupo Popular y del pleno, Juan Bueno, ha aseverado que “este gobierno está abierto a hablar con todos los colectivos”. Y ha anunciado que el alcalde va a estar presente en la reunión que las trabajadoras han solicitado con el delegado del ramo, José Luis García, para “afrontar los problemas que puedan tener”.
El núcleo de las reivindicaciones del sector de ayuda a domicilio es pedir que se remunicipalice el servicio, esto es, que vuelva a estar gestionado por la administración local. En la actualidad, “este servicio en la ciudad de Sevilla se encuentra gestionado por empresas privadas que no garantizan unas condiciones dignas e igualitarias a las profesionales que lo prestan y que también tiene consecuencias en las personas usuarias que lo reciben”, según apuntaba el texto propuesto para ser leído en pleno, y al que ha tenido acceso este periódico.
La declaración redactada por Podemos-IU recogía un reconocimiento a las profesionales de este sector declarado “esencial” durante la pandemia, pero que “no ha recibido la atención suficiente, ni antes, ni durante, ni después, por parte de las administraciones competentes”. Solidarizándose con el problema que denuncian las trabajadoras desde hace años, el escrito ponía en valor la “lucha” de estas trabajadoras “por dignificar un trabajo invisibilizado y poco valorado por la sociedad”, así como “por que se reconozca las labores que desarrollan, por que sus enfermedades sean reconocidas como enfermedades laborales y por un salario digno al no recibir, en muchos casos, ni el 50% del precio hora fijado por la Junta de Andalucía”.
Para poderse presentar como declaración institucional, se requería unanimidad por parte de las cuatro formaciones políticas que integran el pleno municipal (PP, PSOE, Con Podemos-IU y Vox). Como ha podido saber este diario, todos ellos a excepción de los populares estaban dispuestos a firmar esta muestra de “apoyo y reconocimiento” a esta actividad profesional, que concluía con un compromiso: “Estudiar la posibilidad para que la gestión de este servicio público se asuma de forma directa por la administración pública”.
A pesar de no haber prosperado la declaración institucional, el asunto de las trabajadoras de ayuda a domicilio ha sido uno de los temas protagonistas del pleno de este martes. El delegado de Derechos Sociales, José Luis García, ha señalado por primera vez que el Gobierno local está dispuesto a abordar “un plan piloto de municipalización” del servicio que habrá que implementar “poco a poco”, según “los diferentes lotes” en los que se divide actualmente el mismo.
No obstante, el edil popular ha vinculado ese plan a la condición de que el Ayuntamiento cuente con un nuevo presupuesto municipal, pues actualmente opera con las cuentas de 2023 prorrogadas, al no mediar acuerdo entre los grupos políticos para un nuevo presupuesto. De modo que ese escenario no se podrá contemplar hasta 2025, como mínimo.
Antes de conocer estas intenciones, el portavoz del grupo socialista y anterior alcalde, Antonio Muñoz, interpeló al actual regidor, José Luis Sanz, instándole a reunirse con el colectivo en aras de buscar soluciones. Sanz, por su parte, reprochó a su antecesor en el cargo que no resolviese el problema durante su mandato y ha señalado que la reunión con el colectivo está fechada para el 6 de mayo desde la semana pasada.
Una afirmación que ha generado revuelo entre el público, donde las trabajadoras negaban a través de gestos que fuese cierto, ya que hasta ese momento no se había concretado la fecha del encuentro. Ante ello, Ismael Sánchez, concejal de Izquierda Unida, recriminó al alcalde que “pretenda engañar al colectivo estando presente”.
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