Podemos presenta alegaciones contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar por el impacto de los vertidos tóxicos

La portavoz de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento hispalense, Susana Hornillo, ha declarado la guerra a la reapertura de la mina de Aznalcóllar, alegando que derivará en una catástrofe medioambiental para el río Guadalquivir y, consecuentemente, para Doñana. En este sentido, ha señalado que este proyecto conlleva el vertido de más de 15.000 millones de litros de alta toxicidad química. Por eso, su grupo presentó el pasado jueves 25 de enero ante la Delegación Territorial de Industria, Energía y Minas un documento con 22 alegaciones elaboradas por Ecologistas en Acción, con la participación del Comité Científico-Técnico de Podemos Sevilla, Alianza Verde, Los Verdes, Verdes Equo y Alternativa Republicana.

El asunto parte de la próxima reactivación del complejo minero de Aznalcóllar por la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis, que cuenta con los nuevos derechos de explotación del recinto desde 2015, tras obtener el pasado octubre de 2023 el dictamen ambiental favorable de la Junta de Andalucía, de cara a la reanudación de las extracciones.

Fruto de dicha alianza nace el proyecto Minera Los Frailes, que plantea en su fase inicial un vertido contaminante al Guadalquivir de 17.520 millones de litros a completar en 18 meses, según la información que manejan las entidades que han alegado en su contra. Del cómputo total de los litros vertidos en esta fase preoperacional, los primeros 15.000 millones procederán del vaciado de la Corta de Los Frailes, a través de una tubería de 30 km que atravesará los municipios de Sanlúcar la Mayor, Valencina, Olivares y Salteras. Este conducto llevará finalmente esta agua contaminada hasta Santiponce, en el estuario del Guadalquivir, Zona de Especial Conservación protegida por la Red Natura 2000, situada a escasos metros del término municipal de Sevilla.

Los restantes 2.520 millones de litros –“altamente contaminados”, aseguran desde Podemos– procederán de la Corta de Aznalcóllar, lugar donde se almacenan todos los lodos tóxicos depositados allí desde la catástrofe ambiental de 1998. De acuerdo con Ecologistas en Acción, esta corta pretende ser usada durante el proyecto como un depósito de residuos de tratamiento (balsa de lodos), donde acumular los lodos mineros que no caben como relleno de las galerías subterráneas después de ser explotadas.

Posteriormente, en la segunda fase, conocida como fase operacional, se prevé un vertido tóxico continuo al Guadalquivir de 2.600 millones de litros anuales, durante los 17 años de operación de la nueva mina subterránea.

Frente a esta problemática, la empresa aclara en su proyecto que ese vertido operacional se producirá después de una importante reutilización del vertido en su proceso industrial. No obstante, en el Dictamen Ambiental aprobado por la Junta de Andalucía, al que Ecologistas en Acción ha tenido acceso, “se incrementa el vertido tóxico operacional en más de un 50%, hasta los 4.000 millones de litros anuales, sin que este incremento sustancial haya sido objeto de información pública”.

Así pues, desde Ecologistas en Acción exigen a la Junta que obligue a la empresa a presentar un proyecto de reutilización completa de estos vertidos para evitar que millones de litros de agua contaminantes culminen en el río Guadalquivir.

Falta de transparencia

A este respecto, una de las alegaciones que Podemos y Ecologistas en Acción han efectuado ante la Delegación Territorial de industria es el hecho de que “ni la Junta ha cumplido con su deber de informar públicamente sobre incremento sustancial de los vertidos contaminantes”, “ni los ayuntamientos afectados por el proyecto han cumplido sus obligaciones de participación, información pública y transparencia”.

Para Isidoro Albarreal, del área de Minería de la citada organización ecologista, esta “ocultación” por parte de la autoridad ambiental del incremento de 2.600 a 4.000 millones de litros anuales de vertido tóxico al Guadalquivir “justifica sobradamente la necesidad de que se produzca un nuevo trámite de información pública en donde toda la ciudadanía pueda conocer el contenido del Dictamen Ambiental”.

Albarreal manifiesta a su vez que el vertido tóxico de 85.520 millones de litros, amparado por el Dictamen Ambiental para 18 años y medio, “envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda junto al Parque Nacional de Doñana, afectando gravemente su biodiversidad”.

En su último informe, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) expresa su “máxima preocupación” por el estado del acuífero de Doñana debido a la alarmante reducción en el número de aves que invernan en el parque y la ley de PP y Vox para indultar regadíos en su entorno. A este factor, se suma la reapertura de la mina de Aznalcóllar, cuestión sobre la que insta a “extremar la prudencia”.

A la espera del juicio por el concurso de la mina

La autorización del proyecto de explotación se está tramitando para Minera Los Frailes, a pesar del juicio oral que se va a celebrar entre marzo y julio de 2025 en la Audiencia Provincial de Sevilla, tal y como acordó la jueza instructora, Patricia Fernández Franco, en octubre de 2021. En este juicio, 16 personas –entre las que se encuentran un expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ex altos cargos del Gobierno andaluz– prestarán declaración como encausadas de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, fraude, negociaciones prohibidas y prevaricación ambiental.

El citado juicio deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998, cuando era explotada por la sociedad Boliden-Apirsa.

Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.

Por todo ello, Albarreal defiende que, respetando los principios de precaución y seguridad jurídica, lo ideal sería la suspensión de los procedimientos de todas las autorizaciones hasta que se celebre ese juicio oral en 2025.