Su penúltima batalla la ganó el pasado febrero. Rafael Catalá, ya entonces ministro de Justicia en funciones, le sustituía su pena de cárcel por trabajos en beneficio de la comunidad. María Salmerón, de 51 años, había sido condenada a prisión al desobedecer en varias ocasiones las órdenes judiciales relativas al régimen de visitas de su expareja a la hija de ambos, de 15 años. Él fue condenado por maltrato en 2009, lo que motivó incluso que el Gobierno la galardonara en el último Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como víctima de malos tratos. Ahora, ella tiene una nueva fecha de “ingreso voluntario en centro penitenciario”: miércoles 20 de julio de 2016. “Tengo pocas esperanzas”, asegura a eldiario.es/andalucia.
Salmerón ha sido llamada, de nuevo, para cumplir una pena de cuatro meses de prisión mientras se tramita su petición de indulto, el tercero tras el que le fue concedido parcialmente hace unos meses. Inicialmente la condena fue de siete meses de prisión pero la estimación de su recurso de apelación interpuesto redujo la pena. Salmerón, además, ha sido indultada en dos ocasiones por el Gobierno por hechos similares.
Su exmarido fue condenado a 21 meses de prisión por malos tratos físicos, psicológicos y sexuales que no tuvo que cumplir por ser la pena menor a dos años y carecer de antecedentes. La jueza que ha denegado la suspensión de la ejecución de la pena de cuatro meses de prisión impuesta a Salmerón argumenta en un auto de 22 de junio que ella tiene “condenas anteriores por hechos de similar naturaleza” (quebrantar al regímen de visitas), citando sentencias firmes de 2006, 2007 y 2008. “El elemento de peligrosidad es patente y manifiesto”, dice el último fallo, que apunta a un “nulo arrepentimiento” de la mujer.
El abogado de Salmerón tiene presentado un recurso de reforma para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad hasta que se resolviese la solicitud de indulto “dado que la finalidad de éste resultaría ilusoria por cuanto cuando se resolviese la petición de indulto la pena de cuatro meses de prisión ya estaría cumplida en su totalidad”. Una solicitud de indulto tarda en tramitarse un tiempo medio de nueve meses por lo que “se estaría de facto impidiendo al Gobierno de la Nación el ejercicio de la gracia del indulto”.
Sin sentencia condenatoria reciente
Insiste el recurso, que alude a la “penuria económica” de la mujer al tener que asumir “cuantiosas indemnizaciones” y al hecho de que “con el resto de sus ingresos ha de afrontar los gastos derivados del cuidado de su hija”. “Todos los periodos temporales en los que se producen los incumplimientos datan, como mínimo, de hace más de cinco años, por lo que se ha de discrepar de la afirmación de que existe una nula voluntad de rehabilitación, pues no hay ninguna sentencia condenatoria relativa a hechos recientes”, dice su recurso.
El Partido Feminista de España tiene colgada en la red una petición en la plataforma change.org dirigida a Magistrada Jueza Yolanda Sánchez Gucema, del Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, en la que señalan, como siempre ha expuesto públicamente la propia Salmerón, que “su hija siempre ha rogado no estar con el padre que maltrató a su madre”.
“O acatas o te asesinan”
Incluso hacen alusión a que “hace unos días una mujer fue apuñalada en Valladolid por verse obligada a llevar a su hijo a la visita con su maltratador”. “O acatas y te asesinan, o entras en prisión. No hay salida para la mujer maltratada en este país con instituciones judiciales anquilosadas en el derecho de un padre maltratador”. Ella se muestra igualmente indignada en una breve conversación con este periódico: “Es el único caso en España en el que tengo que esperar cuatro indultos por cuatro cosas diferentes”, lamenta Salmerón.
Se da la circunstancia de que se trata de la misma jueza que decidió hace escasamente un mes que el joven condenado por robar una bicicleta hace ocho años ingresara finalmente en un Centro de Inserción Social. “Tengo pocas esperanzas, por la jueza por un lado y menos por este Gobierno en funciones. ¿Y a él no se le van a abrir diligencias penales porque no cumple con el régimen de visitas? Esta justicia está ciega y sorda”, concluye.