Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez son los bomberos sevillanos que fueron arrestados en enero en la isla de Lesbos mientras realizaban tareas de rescate de refugiados. A la espera aún de que se señale la fecha del juicio, en Grecia se equipararon sus labores humanitarias con el tráfico ilegal de personas. Hasta el punto de que podrían enfrentarse a diez años de cárcel. Desde su regreso a Sevilla vienen insistiendo en que su esfuerzo voluntario, el suyo y el de otras personas, no puede ser criminalizado. Ahora quieren ir más lejos y han lanzado un grito en ese sentido dirigido a la Comisión Europea.
La asociación Proemaid (Professional Emergency Aid) , junto con Social Platform y WeMove.EU, tienen en marcha una campaña que ya se ha traducido a seis idiomas y se ha difundido a más de un millón de personas, según fuentes de su entorno, y ahora mismo cuenta con más de 100.000 firmas. En el texto de la petición solicitan a la Comisión que no se castigue “a los que defienden la dignidad y derechos de las personas más vulnerables” e instan a “que no se pueda sancionar penalmente a las personas que facilitan la entrada o tránsito no autorizado de refugiados e inmigrantes por razones humanitarias”.
“Durante meses, nuestros gobiernos se han reunido repetidas veces sin ofrecer ninguna solución real a la crisis de los refugiados. Ahora que la Comisión Europea está elaborando medidas sobre el tráfico ilícito de inmigrantes y está consultando al público qué piensa sobre la criminalización de las personas que ofrecen ayuda humanitaria, tenemos la oportunidad de decirles lo que pensamos”, aseguran.
El texto incide en que “no podemos dejar que Europa se hunda en una crisis humanitaria provocada por ella misma. Aunque nuestros gobiernos no sepan qué camino seguir, nosotros, el pueblo de Europa, deberíamos ser capaces de seguir ofreciendo ayuda humanitaria a los más necesitados”.