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El PSOE pierde su caseta en la Feria de Abril y anuncia acciones legales contra el Ayuntamiento para intentar recuperarla

Antonio Morente

16 de febrero de 2024 13:34 h

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El PSOE de Sevilla ha perdido su caseta en la Feria de Abril, una de las más grandes del recinto ferial (con cinco módulos y de acceso libre) y ubicada muy cerca de la portada del recinto, en el número 79 de la calle Antonio Bienvenida. La pérdida de la concesión obedece al impago de las correspondientes tasas, algo que desde el partido se achaca al hackeo que han sufrido sus servicios informáticos y que asegura que ha documentado. Pese a ello, el gobierno local no ha admitido sus alegaciones, por lo que los socialistas anuncian que emprenderán “de forma inmediata las acciones legales procedentes” y acusa al Consistorio de “querer castigar a esta organización política”.

El hecho ha sido avanzado por Diario de Sevilla, y se ha conocido una vez hecho público el listado de adjudicatarios de casetas. Inmediatamente, desde el PSOE sevillano (que lidera el también presidente de la Diputación, Javier Fernández) se ha lanzado un comunicado en el que se detalla que no pudo formalizar el pago de las tasas en tiempo y forma por “los problemas sufridos en la infraestructura de comunicaciones del PSOE de Andalucía”. Justo entre el 15 y el 29 de enero, el periodo habilitado para el abono, hubo una recomendación de “no uso de la red informática” para evitar males mayores ante los continuos ataques que sufría la red informática.

Esto, asegura, se ha “acreditado con informes técnicos”. La “justificación documental correspondiente”, acompañada de un informe jurídico elaborado por “profesionales externos a la agrupación”, fue entregada al Ayuntamiento hispalense mediante la presentación de tres escritos, el último de ellos el pasado martes. El gobierno local no ha atendido estas delegaciones, excluyendo al PSOE del listado de adjudicatarios.

Muy difícil de recuperar

Todos los años hay propietarios que pierden la titularidad de la caseta, un proceso que está muy controlado tanto por el propio Consistorio como por las miles de personas que están en lista de espera para hacerse con una, ya que es la única vía para conseguirlo. Por ello, no se suelen atender las reclamaciones de los que las han perdido y es muy difícil de recuperar, ya que el único criterio que se aplica es el del pago de las tasas para garantizar este derecho. Así ha ocurrido con sonados casos, sin que hayan podido revertir la situación.

Pese a ello, el PSOE provincial insiste en que el problema informático “imposibilitó” el pago telemático de la tasa para la renovación de la caseta, “situación que es similar a la experimentada por el propio Ayuntamiento de Sevilla hace unos meses” con el hackeo del servidor municipal. Esto, recuerdan los socialistas, “produjo la imposibilidad de acceder a su portal web y a todas sus aplicaciones, paralizando durante semanas el funcionamiento telemático de la administración municipal”.

Acciones legales

Pese a todo, el Consistorio no ha admitido las justificaciones presentadas, así que el PSOE ha optado por emprender acciones legales tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa y anuncia la interposición de recursos y reclamaciones que incluyen la solicitud de medidas cautelares. Para ello, alega la posibilidad de realizar el pago de la tasa para la renovación de la titularidad de la caseta “una vez acreditada la incidencia producida, totalmente ajena a la voluntad de la organización”. El partido considera “plausible” este criterio porque “no perjudica los intereses generales ni los derechos de terceros”. Asimismo, apela a los principios de “buena fe, confianza legítima, proporcionalidad y servicio efectivo a los ciudadanos”, en una interpretación “no rigorista de la normativa aplicable” y favorable al administrado.

La formación política incide, de paso, en el perjuicio que se provoca al tratarse de una caseta “de acceso enteramente libre, público y gratuito”, es decir, “abierta al disfrute de toda la ciudadanía”. Por ello, considera que “la negativa del Ayuntamiento” a atender sus “razonables justificaciones” tiene un efecto “a todas luces injusto y ocasiona un perjuicio evidente”. De paso, subraya que carece de explicación “salvo que quiera castigarse a esta organización política”.

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