Resulta un poco extraño que un representante municipal tenga que acudir al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía para solicitar información de su propio ayuntamiento. Más raro es que el Consejo respalde su solicitud y tenga que obligar al propio consistorio a facilitarle la información que, por silencio administrativo o por otra circunstancia, no se le ha hecho llegar. Pero lo más rocambolesco quizás es que el ayuntamiento no termine de remitirle la información pese a los requerimientos del propio Consejo de Transparencia, incluida una resolución en la que le insta a incoar un procedimiento sancionador por “incumplimiento” en materia de transparencia, y que todo ello no tenga consecuencia alguna por el momento puesto que el ayuntamiento es la única entidad que puede sancionar, es decir, sancionarse a sí mismo, y todavía no lo ha hecho. Es lo que está pasando durante el último año y medio en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor.
A escasas semanas de las elecciones municipales, el contexto en el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor bien es cierto que es bastante particular. El Grupo Independiente Sanluqueño (GIS) ganó los comicios de 2019 y los que fueran sus representantes democráticamente elegidos gobiernan en coalición con un concejal del PP y otro de Sanlúcar Activa. El alcalde, Juan Salado, y tres de sus concejales fueron expulsados del GIS y declarados no adscritos hace un año, según quedó ratificado en el pleno municipal del 8 de febrero del pasado año.
La única edil que queda del GIS, Consuelo Cantos, que hace apenas unos meses pudo lograr representar a su partido en mancomunidades supramunicipales, no sin dificultades, obtuvo en diciembre de 2021 una resolución favorable del Consejo de Transparencia de Andalucía resolviendo contra el ayuntamiento por denegación de acceso a la información pública. La concejala, que llegó al puesto en noviembre de 2020 por la dimisión de otro compañero del GIS, venía reclamando desde agosto de 2021 los informes de nóminas de varios meses, los periodos de pago a proveedores o el detalle de las bolsas de empleo a partir de las cuales se realizan las contrataciones, entre otra documentación.
El Consejo de Transparencia dio la razón a Cantos en diciembre de ese año, dando al ayuntamiento un plazo de diez días para facilitarle la información requerida y que no había puesto a su disposición. Además, se comunicó al consistorio la remisión de un oficio solicitando información sobre la tramitación y resultado del procedimiento sancionador por incumplimiento. No ha habido movimiento alguno en ese expediente desde entonces. El Consejo de Transparencia preguntó al ayuntamiento el pasado 7 de noviembre, ya en 2022, por la incoación del procedimiento sancionador. Año y medio después de la petición de información por parte de la concejal, el ayuntamiento no responde al Consejo de Transparencia ni facilita la documentación a la edil del GIS, pero el Consejo no tiene competencia sancionadora.
Una asociación presenta una denuncia en los juzgados por dejación de funciones contra el equipo de gobierno al acumular nueve procedimientos sancionadores por parte del Consejo andaluz de Transparencia
No es un caso aislado el de esta concejal del GIS, el mismo partido que ganó las elecciones, cabe recordarlo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dictado en el último año nueve resoluciones declarando incumplimientos por parte de la corporación sanluqueña en materia de transparencia, habiéndose iniciado otros tantos procedimientos sancionadores que no puede culminar el propio Consejo de Transparencia porque la ley no le otorga competencias para penalizar esa inacción. En concreto, esa potestad “corresponderá al órgano que determine la normativa aplicable en la Administración o entidad a la que pertenezca el sujeto infractor”, dice la normativa andaluza, es decir, al propio ayuntamiento.
Paralelamente, la asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Sanlúcar la Mayor, que “ha venido sufriendo la permanente negativa a entregar la mayor parte de información pública que reclama a dicho ayuntamiento”, y que ha dado lugar a esa serie de resoluciones de incoación de procedimientos sancionadores, ha interpuesto este mismo mes de marzo una denuncia por presunto delito de dejación de funciones contra el alcalde de la localidad, Juan Salado, y otros responsables municipales.
Dice la denuncia de la asociación que el 22 de marzo recibió una respuesta del Consejo de Transparencia donde se le informa de que le mencionada ley “no otorga” al Consejo competencias sancionadoras en caso de incumplimiento de sus resoluciones en materia de transparencia ya que se le atribuye la posibilidad de instar la incoación del procedimiento sancionador o disciplinario “cuando constate incumplimientos susceptibles de ser calificados como alguna de las infracciones previstas” en el Título VI. “La competencia para la imposición de sanciones disciplinarias corresponderá al órgano que determine la normativa aplicable en la Administración o entidad a la que pertenezca el sujeto infractor”, dice el artículo 58, aplicable a este caso. “Al darle la potestad al ayuntamiento de ser juez y parte se promociona la impunidad”, lamentan fuentes de la asociación respecto a que el Consejo de Transparencia no disponga de competencias sancionadoras.
Al margen de esas resoluciones de infracción ya dictaminadas, el delegado de Hacienda, RRHH y Régimen Interior, Manuel Macías, de Sanlúcar Activa, en enero y febrero de este mismo año 2023 ha respondido a la citada asociación que atendería su petición “pero prevaleciendo en todo momento el interés general del conjunto de la sociedad sanluqueña al interés particular de la asociación”. El representante municipal ha argumentado por escrito que se tendría que adaptar la documentación requerida (unos 700 decretos, según dos de las peticiones del Observatorio) a las nuevas directrices en protección de datos y que habría que “paralizar más de un servicio esencial del ayuntamiento” para facilitarle toda la documentación.
Macías explica a este periódico que lleva “poco tiempo” con las competencias de transparencia en el ayuntamiento, en concreto desde el pasado octubre, y que se encuentra “analizando qué se ha contestado y qué no se ha contestado”, argumentado que “la mayoría de esas reclamaciones son del año pasado” y remitiendo para mayor detalle a Carmen Sáez, anterior encargada de esas competencias, de cuya delegación dimitió hace más de cinco meses.
Sáez comenta a este periódico que, efectivamente, ha sido la delegada del portal de transparencia “durante toda la pandemia” y que “nunca” ha tenido problema en facilitar “todos los datos” tanto a su compañera en el ayuntamiento Consuelo Cantos como al citado Observatorio Municipal pero alude a bajas laborales, por diversos motivos, en los puestos de secretaría, tesorería o intervención, “y no hemos tenido a nadie” para esa labor. “Aquí hay muchísimo trabajo y las delegaciones tienen que dejar de hacer su trabajo para darle a estas personas lo que ellos piden”, comenta. En todo caso, “hace tiempo” que dejó esas competencias y deriva para mayor detalle al mencionado Manuel Macías. “Ellos tienen todo su derecho a pedir todo lo que ellos necesitan”, dice en referencia a Cantos y al Observatorio, “distinto es que tengamos personal en el ayuntamiento en ese momento”.
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